Alerta: el peligro del “pin parental”

Uruguay desde hace varios años está embarcado en una fuerte campaña contra todo tipo de discriminación en los distintos espacios de la sociedad, haciendo especial hincapié en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

Hace algo más de un año mirábamos con gran preocupación y asombro algunas propuestas que surgían en el viejo continente, en algunas regiones de España particularmente, donde comenzaban a nacer ciertos movimientos de padres y madres que solicitaban a las autoridades de la educación lo que se dio en llamar el “pin parental”.

¿Qué significa el pin parental? Sería la posibilidad que tienen los padres, en el ejercicio de la patria potestad, de actuar en caso de que sus hijos reciban algún tipo de educación en materia de feminismo, identidad de género y orientación sexual en los centros educativos a los que concurren. La propuesta consiste en señalar que los padres y madres deberían conocer en forma anticipada el tipo de contenido que se brindaría en materia de educación sexual a los efectos de avalar o desestimar la participación de sus hijos en esas actividades.

En aquel momento sorprendió a distintos actores sociales dicha iniciativa, ya que los contenidos educativos propuestos en los distintos niveles de los escenarios institucionales son un conjunto de saberes acordados por la sociedad que entendemos que deben transmitirse a las generaciones nuevas para preservar el legado acumulado por la humanidad. La distribución de la herencia cultural se encuentra en la matriz misma de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y no se constituye por sí misma, por tanto, en ninguna novedad.

Para ser más claros: se selecciona con los técnicos de las distintas disciplinas aquellos saberes que es necesario preservar y, por lo tanto, que es importante transmitir, asegurando así el legado cultural que deben recibir nuestros estudiantes. Es un trabajo de expertos y educadores que aportan varias visiones, pero que naturalmente se hace sin consultar a las familias, ya que de lo contrario transformaríamos la educación a partir de un currículum “a la carta”.

Es por eso que en ese entonces nos preocupaba advertir que en algunos países los saberes que tienen que ver con identidad de género y orientación sexual pretendían ser “custodiados” por los padres, como si ese contenido portara un valor diferente al resto de los contenidos educativos, o como si se supusiera que compartir ese saber abriría una posibilidad de daño al proceso de formación de sus hijos.

Esto, que nos parecía absolutamente lejano, que se daba del otro lado del mundo y que de alguna manera creíamos impensable que pudiera suceder en nuestro país, hoy se torna muy cercano. En nuestro país existe, a partir de marzo del corriente año, un proyecto de ley que propone algo muy similar a lo que ocurría en España.

El proyecto propone “reglamentar el ejercicio y efectividad de los derechos fundamentales referidos a la educación de los hijos, en particular, en el ámbito de la educación sexual, en la medida que esta atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas”.

Es con gran preocupación que leemos este tipo de propuestas, ya que entendemos que es un tema de derechos. Atañe al derecho que cada niño, niña o adolescente tiene en nuestro país a recibir la educación sexual que creemos como sociedad es la adecuada, en relación a cada uno de los niveles y en el tiempo de la vida por el que transita cada uno de los sujetos. Un proyecto de ley de estas características se configura en un retroceso, en tanto pretende socavar estos derechos cuyo reconocimiento tanto nos ha costado construir.

Es fundamental comprender que el ejercicio de los derechos de la patria potestad no significa de ninguna manera que los padres puedan tomar las decisiones que quieran en función de la educación de sus hijos. Los padres no somos “propietarios” de nuestros hijos, y los hijos no son objetos que nos pertenezcan. Son sujetos de derecho y como tales necesitan recibir en el ámbito educativo la más completa variedad de saberes para poder forjar su propio destino y no quedar ligados en forma monolítica a la propuesta familiar.

Las decisiones curriculares y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ofrecimiento educativo se toman fuera del ámbito familiar, en espacios sociales e institucionales, avalados por el Estado, que permitan garantizar a todos nuestros niños, niñas y adolescentes el derecho a una educación digna, igualitaria y basada en una agenda de derechos para habilitar que las generaciones venideras construyan un mundo más justo y habitable, respetando la diversidad y las distintas subjetividades que se forjan a partir del proceso educativo.

Celsa Puente y Marcelo Rey son integrantes del colectivo Conversatorio sobre Educación.