Niños en edad de concurrir al jardín de infantes, más jóvenes aun y adolescentes fueron víctimas directas de delitos de lesa humanidad por obra del Estado uruguayo durante la dictadura militar y sufren hasta hoy sus consecuencias, contrariamente a lo afirmado por el coronel e inminente senador por Cabildo Abierto Raúl Lozano. Así lo avalan, por ejemplo, trabajos académicos incluso de Uruguay, y la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 751/2019, del 6 de agosto último.

En declaraciones publicadas por la diaria el lunes 10 de febrero, Lozano afirma que “hace 35 años que estamos en democracia y hoy hay gente de 40 que habla de las torturas y los apaleos que vivió: ¿Cómo? ¿Los esperaban afuera de jardinera para pegarles?”. Es un sarcasmo infundado, además de agresivo. La verdad es que se los maltrataba física y psicológicamente, incluyendo el manoseo, la violencia sexual –incluido un probado caso de violación de una niña de siete años, por ejemplo–, amenazas y castigos dentro y fuera de los jardines y las escuelas, en el barrio, en las visitas a la cárcel, en la búsqueda de sus progenitores detenidos en peregrinajes por los establecimientos militares adonde podrían haber sido llevados y en casos desaparecidos para siempre, en las visitas que hacían a sus padres prisioneros y mucho, mucho más.

El terror aplicado a niñas, niños y adolescentes fue parte del mecanismo de llevar al conjunto de la población el terror de las cárceles.

Todo esto formó parte de una política premeditada de la dictadura militar de dividir y sojuzgar al país, en la que el terror aplicado a niñas, niños y adolescentes fue parte del mecanismo de llevar al conjunto de la población el terror de las cárceles y la prisión prolongada con que Uruguay definió su represión en el pasado reciente. En consecuencia, no es de recibo la esterilizada frase de Lozano sobre su formación militar: “Nosotros seguimos con toda la currícula académica como si nada hubiera ocurrido en el país”. Eran empero parte de lo que ocurría, y se los formaba para que siguiera ocurriendo, tal como lo demuestra que el marco legal de su formación fuese la ley orgánica de 1974, expresión de la doctrina de la seguridad nacional.

El señor Lozano define como mentira que se hable del pasado reciente como vigente, y justamente el ejemplo de niños, niñas y adolescentes durante el período dictatorial y su situación actual es una rotunda demostración de que es verdad. Los efectos de ese pasado sobre la salud de quienes hoy tienen entre 40 y 60 años son graves, al punto de que una ley interpretativa de diciembre último, la 19.859, considera necesario reafirmar su derecho a recibir atención integral de salud gratuita y vitalicia ya planteado en leyes de 2006 y 2009. La lista de espera para recibir atención psicológica llega casi al centenar, incluyendo casos de intentos de suicidio, y las autoeliminaciones concretadas lamentablemente siguen ocurriendo.

Se equivoca el señor Lozano al afirmar: “No tenemos ninguna participación, ni [Guido] Manini [Ríos] ni yo, en cuanto a esas cosas”. Su fuerza política y la coalición que integra se han comprometido a respetar derechos, y aquí se está ante derechos humanos consagrados, ya local, ya universalmente, que es necesario integrar a la lógica de profundizar su aplicación. Tal como señala la resolución de la INDDHH, “pese a su voluntad reparadora, el Estado [uruguayo] no ha logrado identificar la peripecia de estas personas ni en consecuencia implementar un programa que contemple una reparación integral para ellas”.

Es de esperar que el nuevo gobierno se haga cargo de que está pendiente una reparación integral para estas personas, la restitución en lo posible de la situación previa a su represión, su indemnización en caso de que la quieran, una reparación simbólica, su rehabilitación y la garantía de no repetición. Las declaraciones del señor Lozano no son un buen augurio en ese camino del bien.

Andrés Alsina es escritor y periodista.