En estos días se ha recordado mucho la trayectoria profesional de más de 30 años de Felipe Michelini, enfatizando su aporte dentro de Uruguay. Menos conocidas son su carrera y sus aportes a nivel internacional. Vale la pena recordar su valioso legado en pos de la justicia internacional.

Desde el inicio de su carrera profesional, el compromiso de Felipe con la justicia trascendió fronteras; su concepción de justicia tuvo un fuerte componente internacional. A mediados de los años 80, siendo un joven abogado, formó parte de una comisión de expertos que visitó Colombia para verificar la situación de las organizaciones de derechos humanos en uno de los momentos más álgidos del conflicto armado interno. Posteriormente, en los años 90, fue representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que representa a víctimas de violaciones a los derechos humanos a nivel interamericano.

También en los años 90, Felipe integró el equipo técnico de la Comisión de la Verdad para El Salvador, organismo creado con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas luego de los acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra civil de más de una década. La comisión recibió miles de testimonios de víctimas de las más crueles violaciones a los derechos humanos. Finalizado su mandato, la comisión publicó en 1993 el informe “De la locura a la esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador”. Uno de los casos relatados fue el de la masacre de El Mozote, la mayor masacre en la historia latinoamericana contemporánea, en la que perdieron la vida, a manos del Ejército, casi 1.000 personas, más de la mitad de ellas niños y niñas de hasta dos meses de edad.

Felipe tuvo además un rol clave en el acceso a la justicia de familiares de víctimas de la dictadura uruguaya fuera de fronteras. Cuando la Justicia en nuestro país les cerró la puerta, Felipe los ayudó a golpear las puertas de la Justicia italiana. En marzo de 1999, convocó a un grupo de familiares a una reunión en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj). En aquel momento estaba en vigor la “ley de impunidad”, como muy correctamente denominaba Felipe a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, pero la reciente captura de Augusto Pinochet en Londres generaba esperanza de obtención de justicia fuera de fronteras. En esa reunión se gestó la futura causa Plan Cóndor, presentada ante un tribunal en Roma. 20 años después, se lograría una condena histórica de varios de los principales responsables de las dictaduras uruguaya, chilena, boliviana y peruana, por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor.

En su concepción de democracia, la participación ciudadana debía jugar un papel fundamental. Además, los espacios cívicos, al igual que la justicia, debían tener una vocación internacional. Con esa preocupación en mente, participó en la fundación en 2004 del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, conformado por organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su objetivo era crear un espacio para que la sociedad civil pudiera incidir en las políticas públicas de derechos humanos a nivel regional.

En los últimos diez años, Felipe se dedicó a promover y fortalecer la justicia penal internacional. En un primer momento, por medio del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global, una red de legisladores y legisladoras que actúan a título individual para promover la democracia y los derechos humanos a nivel mundial. Participó intensamente en varias campañas internacionales para universalizar el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, y para aumentar la eficacia del sistema.

En una segunda etapa, llevó a cabo su lucha por la justicia internacional desde el interior de la propia Corte Penal Internacional (CPI). En 2015 fue elegido miembro del Consejo Directivo del Fondo Fiduciario de Víctimas de la CPI. Mediante ese fondo se ha dado asistencia médica, psicológica y social a miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad en países como Uganda y la República Democrática del Congo.

Felipe consideraba que la justicia internacional era stubbornly optimistic, lo cual podría traducirse como “tercamente optimista”, concepto que lo definía muy bien a él también. Hombre de proyectos, reflexivo y metódico, nunca se daba por vencido. Era firme, pero con suavidad. No abandonaba jamás la cordialidad y el respeto, incluso con quienes estaban en las antípodas de sus valores democráticos.

Felipe Michelini se fue prematuramente, pero nos ha dejado el legado de su ardua e incansable labor y, sobre todo, su ejemplo. Es difícil resumir su trayectoria profesional de más de 30 años a nivel nacional e internacional. El elemento común ha sido siempre la defensa de la democracia, la justicia y el absoluto respeto por los derechos humanos. Fue un hombre de una gran vocación de servicio que se vio reflejada en su militancia política, su activismo social y su actividad docente.

Siempre recordaré la mañana de julio de 1998 cuando conocí a Felipe, en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Empezaban los cursos del segundo semestre, entre ellos el de Derechos Humanos que él dictaba. No había tenido la suerte de salir en el sorteo para su curso, pero tomé valor y le pregunté si podía asistir como oyente. Con la voz serena y la formalidad que lo caracterizaba me respondió: “Mientras haya lugar en el salón, las puertas estarán siempre abiertas”. Así era Felipe, una puerta abierta.

Analía Banfi Vique es abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesora de la Universidad de Georgetown, Washington DC. Coautora junto con Felipe Michelini del libro Introducción al Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos, Ed. FCU, 2012 (4ta edición 2019).