Situación de calle y coronavirus

Gran parte de las medidas anunciadas y reclamadas en relación a las personas en situación de calle y la pandemia de covid-19 se enfocan en elementos que no son centrales. Sin dudas, las opiniones aquí presentadas pueden estar equivocadas, y el lector valorará su aporte a la discusión. Quiero aclarar que, aunque difiera con parte de los reclamos realizados, doy por sentadas las buenas intenciones y honestidad intelectual de sus autores. Este artículo es fruto de intercambios con personas que trabajaron o trabajan en relación al tema.

Principio de menor elegibilidad y atención a personas en situación de calle

La historia de la asistencia social ubica a las leyes de pobres, surgidas en Inglaterra durante la Revolución Industrial, como mojón inicial del accionar asistencial estatal. Desde entonces la asistencia tiene un componente central: el principio de menor elegibilidad, mediante el cual la asistencia a personas en condiciones de trabajar (merecedores indignos) ha de ser de peor calidad que los beneficios recibidos en los trabajos peor remunerados. Mientras que las personas catalogadas como no aptas para el trabajo (por ejemplo, los adultos mayores) son considerados merecedores válidos de asistencia.

Este principio no quedó en el pasado, no es ajeno a nuestro país ni se remite al ámbito operativo de las políticas de asistencia. Por ejemplo, se corresponde con posiciones prejuiciosas hacia los beneficiarios de la asistencia, como las afirmaciones falsas de la campaña electoral sobre su no voluntad de trabajar.

¿Qué tiene que ver esto con las personas en situación de calle?

El modelo de atención a personas en situación de calle que se generalizó en el mundo está relacionado con el principio señalado; se conoce como modelo en escalera y presupone que las personas han de adquirir las capacidades necesarias para la vida independiente. Se estructura en un conjunto de centros de alojamiento e intervención psicosocial especializados para cada etapa del proceso (refugios), en cada uno de los cuales las personas han de cumplir metas y adquirir capacidades para luego ser derivadas a otro escalón del sistema y finalmente egresar.

Como plantean Busch-Geertsema y Sahlin (2007), los primeros escalones deben ser de peor calidad que los superiores para motivar la superación y oficiar de amenaza a quienes no logren los objetivos propuestos; siempre está la posibilidad de descender en la escalera o ser enviado a la calle.

Existen poblaciones que quedan por fuera de esta distribución meritocrática, de las que es difícil esperar que se inserten laboralmente: adultos mayores o personas con discapacidades inhabilitantes. Para ellos se ofrecen espacios de mejor calidad respecto de quienes, en teoría, pudiendo trabajar no lo hacen.

El sistema en Montevideo

Existen centros nocturnos divididos en niveles 1 y 2. Los de nivel 1 se enfocan en la atención a las personas socialmente más excluidas, mientras los de nivel 2 en quienes tienen una inserción laboral, aunque sea inestable e informal. También hay centros de medio camino, que funcionan las 24 horas, tienen menos cantidad de usuarios y donde la vida se asemeja más a la de un hogar; su población objetivo son quienes tienen un trabajo más estable y perspectiva de egreso.

Hay servicios para personas consideradas merecedoras válidas de asistencia: adultos mayores, para quienes existen centros de 24 horas, personas con problemas de salud que requieran cuidados básicos, y diurnos para personas con patologías psiquiátricas, deterioro físico-cognitivo, y de reducción de riesgos y daños asociados al uso problemático de drogas, así como un centro cultural.

La escalera en nuestro país puede graficarse de la siguiente forma:

                   Egreso

       Medio camino

  Nivel 2

Nivel 1

Una crítica al modelo en escalera es que parte de las personas viven en refugios en forma permanente y otra es que los cambios exigidos y la convivencia compartida son expulsivos para las personas con mayor tiempo en calle y problemas asociados.

Frente a estos problemas, surge un modelo alternativo, denominado Vivienda Primero, que implica otorgar una vivienda individual a personas de larga trayectoria en la calle en el entendido de que son capaces de vivir en su hogar pero el sistema de alojamientos colectivos les es expulsivo o produce un estancamiento. Esto se acompaña del apoyo de un equipo técnico en distintas dimensiones. Las evaluaciones de este modelo demostraron mejores resultados en lograr que las personas dejen de vivir en la calle y en relación con la efectividad del dinero público invertido.¹

¿Qué tiene que ver esta discusión con Uruguay?

A partir de 2014, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) participó en procesos de intercambio con otros países y especialistas internacionales y se comprometió a evaluar el desarrollo de proyectos de Vivienda Primero (Eurosocial, 2014). Esto se materializó en 2018 en un centro² que si bien no ofrece cuartos individuales, sí otorga mayor intimidad, al tiempo que el acceso a la solución habitacional se desarrolla en un horizonte de largo plazo y su población objetivo son personas que viven en centros nocturnos por largo tiempo sin posibilidades de egreso.

¿Qué tiene que ver esto con la situación actual?

Al pensar las políticas públicas es frecuente destacar el peso del pasado sobre el presente; al reflexionar sobre las ideas surgidas, el principal impacto del pasado parece ser condicionar las ideas emergentes. Ante este nuevo problema se busca respuesta en lo ya implementado, cuando en realidad nos enfrentamos a algo cualitativamente distinto.

Una medida propuesta es que los centros nocturnos abran las 24 horas, funcionamiento destinado a personas con problemas de salud, adultos mayores y quienes demostraron con éxito su esfuerzo por independizarse (medio camino).

Otra es que continúen funcionando espacios diurnos y se desarrollen más, por ejemplo, en plazas, lo que tiene raíces en los diurnos existentes.

Se planteó el desarrollo de refugios 24 horas específicos para adultos mayores que hoy estén en refugios nocturnos. La reminiscencia de los centros de atención para adultos mayores que ya funcionan es obvia.

La apertura de nuevos refugios es también una medida declarada para contar con alojamiento para toda la demanda.

Las políticas públicas contienen una noción de causalidad respecto de sus objetivos, y es así que pretendemos pensar en torno a las ideas de causalidad de las propuestas mencionadas. Esta reflexión necesita de mayor información y conocimiento especializado, algo que también será puntualizado. Si bien no soy especialista ‒ni mucho menos‒ en virología, hay dos elementos incuestionables: el distanciamiento social y la higiene.

La apertura de centros diurnos no parece constituir un factor de protección; implicaría la aglomeración de personas en un espacio físico, y si la mayoría de las personas toma como medida preventiva reducir su contacto con otros, para las personas sin hogar las acciones deberían seguir este rumbo.

Que los nocturnos funcionen las 24 horas evita que las personas permanezcan a la intemperie, pero aumenta el tiempo que están en condiciones de hacinamiento, con pocos baños per cápita y, en muchas oportunidades, sin una correcta ventilación. No me queda claro si el remedio no es peor que la enfermedad.

Conformar refugios 24 horas para adultos mayores que viven en nocturnos me trae la siguiente pregunta: si una de las poblaciones con mayor riesgo son quienes viven en casas de salud, ¿por qué se entiende como medida de protección el desarrollo de espacios casi idénticos?

Sobre la apertura de nuevos refugios para quienes soliciten ingreso también es aplicable la pregunta sobre el remedio y la enfermedad: ¿es mejor que estén en la calle o que accedan a centros cuyas condiciones de habitabilidad están signadas por el hacinamiento?

Entiendo que gran parte de las medidas citadas pueden ser de recibo para intentar afrontar el problema de la situación de calle, pero no para encarar el desafío actual.

La polémica contratación del hotel parece ser la medida más atinada que se ha desarrollado, aunque no plantea espacios individuales. En cambio, el acondicionamiento de la Rural del Prado, de acuerdo a la nota publicada el 27 de marzo en Brecha, alojará a personas con covid-19 o síntomas, cuando el problema es que si antes estuvieron en alojamientos colectivos habrán expuesto a sus compañeros, y tampoco propone espacios individuales. Conviene puntualizar que en una entrevista con Subrayado³ el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado declaró que la institución que él representa no participó en el sistema montado en la Rural, con lo cual se plantea la pregunta sobre si estas medidas fueron decididas con la incorporación de criterios sanitarios o en base al criterio de profesionales de lo social.

El gran ausente de estas ideas: la privacidad y el hacinamiento

A continuación planteo algunas sugerencias.

• Evaluar de acuerdo a criterios sanitarios si el pasaje de los refugios nocturnos, en las condiciones actuales, a centros 24 horas constituye una medida de protección o de aumento del riesgo.

• Valorar los locales (con una perspectiva centrada en la salud) donde se establecen los refugios para establecer la cantidad de personas que pueden vivir allí garantizando medidas de distanciamiento social e higiene. Además de la distancia entre las camas ha de valorarse la movilidad y convivencia de las personas dentro del local. Esto es urgente en los hogares de adultos mayores.

• Es necesario aumentar la capacidad de atención pero respetando lo ya señalado. En este escenario no tener capacidad de respuesta puede implicar desesperación y reacciones violentas de los solicitantes de asistencia. Pero es importante no caer en la demagogia de calmar estas manifestaciones con centros que en realidad escondan el problema e impliquen un aumento del riesgo sanitario.

Servicios que cumplan con las características descritas han de estar disponibles para toda la población sin hogar, ya que sus trayectorias de exclusión social tienen un fuerte impacto en la salud. Reconozco que, a fines operativos, es entendible priorizar a la población en riesgo, sobre lo cual planteo una duda: ¿es pertinente utilizar el mismo corte etario que para el resto de la población, considerando la trayectoria de exposición a riesgos y acumulación de daños de esta población? Entiendo que no, pero nuevamente esto debería ser respondido desde el conocimiento especializado.

El camino indicado parece ser continuar con la derivación hacia hoteles. Estos podrán ser reticentes a aceptar a esta población y cobrar precios más altos, como plantea la directora de Vulnerabilidad del Mides en una nota de Telemundo.⁴ El Estado debería asumir estos costos. Otra opción es regular un precio razonable, pero no parece una opción viable en la actual administración. Otra posibilidad es que los clubes de fútbol, en lugar de disponer de sus gimnasios, ofrezcan sus concentraciones además de otros complejos de alojamiento públicos y privados, con lo cual se garantizaría privacidad para un número importante de la población en riesgo.

Las personas no quedarían abandonadas en cuartos, los equipos de trabajo de los centros de atención podrían seguir trabajando con los mismos usuarios o se podrían contratar nuevos equipos (igualmente sería pertinente mantener vínculos de referencia desarrollados previamente).

Mediano plazo

El problema central está planteado en términos profundamente cualitativos y de estructura del sistema. Todo indica que los alojamientos colectivos signados por el hacinamiento no tendrían que continuar siendo la forma de estructurar la política orientada a esta población.

El desarrollo de sistemas que tomen los principios de Vivienda Primero es un imperativo a futuro. Si hasta el momento esto no se ha generalizado en nuestro país motivado por mejorar la calidad de vida de las personas o por razones económicas, el actual estado de situación parece colocarlo como una urgencia a futuro.

Si se hubiese transformado el sistema hacia modalidades de Vivienda Primero, el problema al que hoy nos enfrentamos sería sustantivamente menor.

Sé que esto implica sortear las resistencias propias del principio de menor elegibilidad, pero todo indica que varios elementos de la forma de convivencia social habrían de ser rediscutidos en un futuro no tan lejano.

Prevención urgente

Para finalizar, entiendo pertinente plantear un riesgo inminente: la actual paralización de la actividad económica afectará en forma temprana y grave a quienes menos tienen y particularmente a trabajadores informales, como ya argumentan diversos actores.

Es entonces oportuno reflexionar sobre el conjunto de uruguayos que experimentan una profunda inestabilidad residencial, como quienes viven en pensiones. Muchos pagan a diario su habitación y sus trabajos informales se ven fuertemente menguados.

Por ejemplo: ¿de qué vive alguien que arma y desarma puestos de feria si las ferias se ven fuertemente disminuidas?

Si no se toman medidas inmediatas de apoyo económico sustantivo a los trabajadores informales (tengan o no hijos) es de esperar un gran aumento de personas en la calle y, por ende, una mayor demanda hacia el sistema de atención y un consecuente mayor riesgo de contagio de la enfermedad.

Nicolás Figueredo es licenciado en Trabajo Social y ex coordinador del dispositivo de captación y derivación de personas en situación de calle del Mides.

Referencias

Busch-Geertsema, V. y Sahlin, I. (2007). “The Role of Hostels and Temporary Accommodation”.

Eurosocial (2014). “Documento de consenso. Encuentro: hacia políticas integrales para personas en situación de calle”.