La salud mental en tiempos de pandemia

No digo nada nuevo si digo que la pandemia ha impactado en forma dramática a todo nivel, y tampoco es novedoso que el impacto en la salud mental es y será importante y, hasta cierto punto, impredecible. En los múltiples niveles que tiene esta emergencia sanitaria, todos saldremos de esta situación con algún grado de afectación, excepto aquellas personas para las que se combinan factores de protección por el nivel de la sociedad en el que se encuentran y por la disponibilidad de recursos, desde económicos hasta de fortaleza psicológica constitucional.

Pero habrá otros grupos de personas que serán afectados de modo diferente por el estrés del confinamiento y los problemas económicos. Habrá personas sin antecedentes de enfermedad mental que presentarán síntomas de diferente grado. Otro grupo es el de las personas que se encuentran en tratamiento, en las que la intensidad del estrés (por factores económicos o de distanciamiento familiar), asociada con la discontinuidad de los tratamientos por la suspensión de consultas, y la dificultad de acceso a los medicamentos, provocará la reaparición de la sintomatología. Este último grupo es el que, seguramente, generará el aumento de la demanda de atención por descompensación de trastornos crónicos. Tenemos que estar prevenidos y el sistema sanitario debe tomar las medidas correspondientes.

En ese escenario se presentan dos situaciones que aumentan la alarma. Una de ellas el foco de infección en el hospital Vilardebó; la otra, la situación del “Patronato del Psicópata”.

La primera. El hospital Vilardebó cumple 140 años de fundado. Su estructura básica no ha cambiado en este tiempo: grandes salas de internación de entre 20 y 25 pacientes que comparten un baño, deterioro general. El tiempo les ha ganado la carrera a las mejoras que se han intentado, pero que nunca pasaron por mejorar las condiciones de privacidad ni la calidad de las instalaciones, como sí se ha intentado en otros hospitales. Ya en la década de los 90, un informe de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Salud Pública (MSP) sostenía que era absolutamente antieconómica su mejora y mantenimiento y que no había posibilidad de brindar un cambio en las condiciones de internación.

La nueva Ley de Salud Mental, aprobada por unanimidad en el Senado y con un solo voto en contra en Diputados, establece el cierre del Vilardebó para 2025, entre otras razones, por la estigmatización de quienes hacen uso de sus servicios, ya que el hospital carece de otros recursos asistenciales que se encuentran disponibles en los hospitales generales.

Un trabajo realizado por docentes, residentes y estudiantes de posgrado de la clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina sobre las condiciones de internación, entre otros datos, aporta algunos de los dichos de pacientes encuestados que son más que elocuentes: “Muchos usuarios modificarían las instalaciones de los baños, con vigoroso reclamo por la carencia de servicios básicos como agua caliente”. “Mejoraría todas las instalaciones, cama, pintura, comida, ropa de cama, comedor, etcétera”. Se refirieron al escaso mantenimiento de las instalaciones y a la necesidad del refuerzo de la limpieza. Algunos expresan las dificultades en la convivencia en salas de grandes dimensiones en las cuales coexisten más de 25 usuarios con distintas patologías y en diferentes estadios evolutivos. Más de 8% expresa desagrado respecto de la alimentación que el hospital provee y plantea la necesidad de mejorar la calidad de los alimentos. Un porcentaje similar denuncia las carencias de seguridad con respecto a sus objetos personales: “Los robos parecen no tener solución”. “Me robaron las únicas pertenencias que tenía”. Solicitan muebles con candados, pues dicen “sentirse desprotegidos”.¹

La aparición del foco de covid-19 en el Vilardebó amplificó los problemas que ya tenía el hospital. Los colegas refieren el cumplimiento irregular de las pautas dictadas por los infectólogos, que se “trancan” las altas y que estas deben ser autorizadas por la dirección del hospital, además de problemas básicos de higiene. Estos y otros problemas derivaron en la renuncia de las coordinadoras de emergencia y de las salas. Las condiciones de trabajo se han deteriorado en gran medida para los psiquiatras y demás funcionarios, con un importante compromiso de la calidad asistencial.

El comunicado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Contralor de la Salud Mental, con la adhesión de la Facultad de Psicología, al que se sumaron los comunicados del Sindicato Médico del Uruguay, de la Sociedad de Psiquatría del Uruguay y de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, tienen todos un eje conceptual común: la debida asistencia de las personas con enfermedades mentales, el cuidado del personal, la apertura de nuevos servicios en sustitución de aquellos que el hospital Vilardebó no puede brindar, y que esos servicios continúen luego de superada la emergencia sanitaria, de manera de avanzar en el cumplimiento de la Ley de Salud Mental.

El otro tema: la situación del “Patronato del Psicópata”

La Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata (CHPP) fue creada en 1948 por la Ley 11.139 y su cometido es la protección de las personas con enfermedad mental y su familia. Dispone que se deberá contar con un centro de rehabilitación. En 1971 se fundó el Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica, que funciona hasta hoy con el nombre de Martínez Visca y que trabaja con el objetivo de estimular la construcción de proyectos de vida y lograr la inclusión social de las personas con enfermedades mentales.

La CHPP tiene también bajo su responsabilidad el Registro del Retardo Mental y Otros Impedimentos y el convenio con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Este último surgió en 1996, luego del cierre del hospital Musto, y como consecuencia de la prohibición del ingreso de funcionarios públicos, ASSE creó el sistema de contratación por “comisión de apoyo” y, por medio de la CHPP, la contratación específica de personal para los servicios de salud mental. En ese momento agregó la creación de las policlínicas descentralizadas, comunitarias o “periféricas” que funcionan hasta hoy. Este sistema de contratación creado por convenio permite que, por la gestión y administración de dichos contratos, la CHPP reciba 6% del valor total de los fondos manejados por dicha administración. Con estos fondos se financia el centro Martínez Visca. Hoy su financiación se encuentra muy comprometida.

La organización descrita no se armoniza con el modelo que propone la nueva Ley de Salud Mental. Es una organización que funciona con la inercia de la vieja ley de psicópatas y la ley que creó la CHPP, que definían un enfoque distinto de la organización de la salud mental pública del que se pretende desarrollar ahora.

Pero el problema surge porque, frente a la situación de pandemia, se decide el envío a seguro de paro de algunos funcionarios. La CHPP tomó las medidas que solicitó la dirección técnica y que están en consonancia con las pautas establecidas por las autoridades nacionales para evitar los contagios. Se implementó un seguimiento a distancia y la mayoría de los programas continúan funcionando (trabajo y vivienda). Se estableció que los técnicos y no técnicos que no estaban trabajando o que lo hacían en forma parcial se acogieran al beneficio del seguro de paro correspondiente, parcial o completo según los casos. Esto implica una afectación de 14% de las horas técnicas que son las que no se realizan. La medida se tomó articulando la necesidad de seguimiento de esos pacientes con las pautas de protección frente a la infección. De ese balance surgió la decisión técnicamente fundada.

Esta es parte de una complejísima realidad que “de afuera” es difícil de entender pero, independientemente de estas situaciones puntuales, no debemos olvidar que el objetivo son los usuarios y sus familiares. Es por eso que deben tomarse todas las medidas; para los usuarios deben construirse todas las políticas. Los usuarios no tienen gremio, no aparecen en la prensa.

El gobierno debe establecer claramente si la salud mental es política de Estado y si continuará con el modelo que impulsa la nueva Ley de Salud Mental y las reglamentaciones establecidas o se jugará al empate, al “no hagan olas”, a “las prioridades son otras”.

Como sociedad es hora de elevar la mira, debemos construir un modelo de inclusión social de las personas con enfermedades mentales, en defensa de sus derechos, sin avasallar a nadie, respetando derechos adquiridos, de implementación gradual, de compromiso, de invitación a construir un proyecto de colaboración y amplios acuerdos y de sentirnos orgullosos por los pasos que vayamos dando.

Ricardo Acuña Pomiés es médico psiquiatra, vicepresidente de la CHPP.