Coronavirus y niñez: un progresismo que apunte a los pequeños

Diversos estudios aseguran que, para finales de 2020, la pobreza infantil podría aumentar 22% en América Latina y el Caribe. Si el progresismo quiere plantear un nuevo contrato social pospandémico debe pensar en un paradigma de inversión hacia las infancias y las adolescencias que modifique estructuralmente la situación de los niños y las niñas pobres.

Los altos niveles de pobreza y desigualdad en la niñez están en relación directa con la inversión de los estados, así como con su composición y carácter redistributivo. Las políticas pueden generar más desigualdad o aportar a reducirla, según la esfera que se trate (económica, cultural, educativa). La evolución de la inversión social en bienes y servicios a la infancia en América Latina fue creciendo a inicios del siglo XXI, pero desde 2015 esa tendencia comenzó a aletargarse e incluso se estancó.

A inicios de la década de 2000, se produjo una inversión en transferencias condicionadas de ingresos a las familias con niños y niñas. Este proceso –que tuvo tanto detractores como defensores– tuvo un importante impacto social, aunque bajas partidas presupuestarias. Según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la mayor inversión se realizó en Argentina, y allí apenas ascendió a 0,6% del PIB. Le siguieron el plan Bolsa Familia de Brasil, que en 2018 llegó a representar 0,44% del PIB, las asignaciones familiares del Plan Equidad de Uruguay (que llegaron a 0,33%) y el plan Chile Solidario, vigente hasta 2017, que tuvo una inversión de 0,14%. Por lo tanto, no se trata de políticas que modifiquen estructuralmente el financiamiento de los estados de bienestar de los países.

Desigualmente pobres

La crisis del coronavirus expone de manera dramática las desigualdades estructurales y deja al desnudo la difícil situación de las infancias y las adolescencias. Para colmo, no se trata sólo de que desnude el problema, sino de que lo amplifica. Una mirada estrictamente sanitarista destaca que las infancias y las adolescencias son quienes registran la menor tasa de letalidad por coronavirus, pero el sesgo punitivista que ha dominado los análisis y las medidas en curso en buena parte de los países los ha ubicado como agentes transmisores de la enfermedad sin considerar con igual énfasis los flagrantes niveles de pobreza y desigualdad múltiple que estas infancias enfrentan. Según un análisis reciente de Save the Children y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, las consecuencias económicas de la pandemia podrían provocar que, para finales de 2020, la pobreza infantil aumente 22% en América Latina y el Caribe.

Esto implica que cerca de la mitad (46%) de los niños y las niñas de hasta 17 años pasarán a vivir en la pobreza. Son alrededor de 16 millones más que los actuales. De estas nuevas infancias pobres, 11 millones corresponden a América del Sur, por lo que podría convertirse en la zona más afectada, con un aumento de alrededor de 30%. La región estaría regresando a niveles similares a los de hace casi una década.

¿De qué manera entonces la pandemia amplifica desigualdades múltiples preexistentes y cómo se están registrando estas propagaciones desde la agenda de políticas desplegada en toda la región? ¿Qué condicionantes imponen los niveles de endeudamiento externo o cuáles son los consensos a construir para darle sostenibilidad política y económica a un derecho universal a la seguridad social de las infancias, las adolescencias y las juventudes que intente revertir estas tendencias?

En la solidaridad intergeneracional y socioeconómica (vertical y horizontal) aún debe avanzarse más. El principio de solidaridad y redistribución del ingreso debe ser analizado aquí. La diferencia en el financiamiento, según se trate de seguridad, seguro y asistencia social, es que en el primer caso la forma de sostenerlo es mediante impuestos progresivos, en el segundo según condiciones laborales, y en el tercero vía Rentas Generales o sin que quede claro quién financia, como cuando se trata de desembolsos que llegan por créditos internacionales.

La función distributiva del Estado, y por ende también en lo que atañe a las infancias y las adolescencias, se expresa por excelencia en el presupuesto nacional y en las ofertas programáticas, donde se visualizan diversos procesos históricos de luchas y conquistas sociales previas.

No se trata de una disputa intergeneracional ni de avanzar en el paradigma de la inversión que deja afuera otros derechos, sino de promover una expresión más justa que plasme un progresismo diferencial. La agenda debería ser más profunda y redistributiva, respaldada en fondos con impuestos progresivos que garanticen un derecho universal de seguridad social a la niñez, la adolescencia y las juventudes, y no que sean prestaciones asistenciales con montos insuficientes, condicionadas y financiadas por Rentas Generales u organismos internacionales.

Estos son algunos aspectos a considerar para pensar cómo construir un progresismo que atienda privilegiadamente a las “nuevas generaciones”. Se requieren no sólo cambios cualitativos en las conceptualizaciones y los intentos de resolución de las problemáticas sociales que abordan, sino también avanzar más en cambios cuantitativos, lo que implica más inversión y progresividad en el financiamiento.

Aun imaginando un futuro sin pandemia, ¿no resulta un gran condicionante para el desarrollo de los países, además de un drama social actual, contar con la mitad de su población infantil en situación de pobreza? En pos de avanzar decididamente en medidas que reviertan esta situación, un primer paso sería consagrar un derecho a la seguridad social de la niñez, entre otras iniciativas que tengan a la pandemia como disparadora de políticas más transformadoras.

Roxana Mazzola es coordinadora académica del Diploma Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de FLACSO Argentina. Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente en Nueva Sociedad.