La primera infancia y sus derechos en tiempos de pandemia

¡Qué paradoja! Etimológicamente, in-fan-cia proviene del latín in-fade, que es el bebé, el que no habla. Por extensión, el término infancia se aplicó a quien no tiene la palabra porque es demasiado pequeño y no tiene nada interesante que decir... Sin embargo, ahora sabemos que nuestro futuro personal y colectivo depende en gran parte de la atención que le dediquemos a la infancia. Arnaiz Sancho, V (2017)

En 2006, el Comité de los Derechos del Niño emitió la Observación General N° 7 Realización de los derechos del niño en la primera infancia.¹ Entre otras cosas, acordó incluir en la definición de primera infancia a todos los niños pequeños: desde el nacimiento y primer año de vida hasta los ocho años de edad, recomendando a los estados partes reconsiderar sus obligaciones hacia esta etapa de la vida a la luz de esa definición. El papel del Estado en lo concerniente a la implementación de políticas públicas destinadas a la primera infancia se evidencia, al igual que en otros temas, por el conjunto de acciones y omisiones que conforman la totalidad de iniciativas y de respuestas, manifiestas o implícitas, en relación con esa temática.

En este sentido, en nuestro país, transcurridos ya 15 años de emitida la Observación General N° 7, es posible identificar acciones pero también omisiones en considerar a los niños ciudadanos desde que nacen y, por lo tanto, portadores de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La situación inédita en la que nos sumió la pandemia dejó las omisiones en evidencia.

El derecho a la salud, pero... ¿qué salud?

En medio de la incertidumbre que produjo la rápida propagación mundial de un virus desconocido por la ciencia, la primera infancia no fue incluida entre la población de riesgo, en términos de enfermedad. En principio, las niñas y los niños pequeños fueron considerados vectores. Esto determinó que sí se incluyera a la primera infancia en las decisiones que recomendaban el aislamiento voluntario (e imprescindible) en el hogar al tiempo que se decidía el cierre de los espacios y centros de educación y cuidado. La primacía por el enfoque de la salud como ausencia de enfermedad no tuvo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1948 la describe como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.

Transcurrido el primer mes de confinamiento, comenzaron a oírse algunas voces que intentaban colocar en agenda los riesgos a los que, sin duda, estaba expuesta la primera infancia: “Niñas y niños están transitando por las mismas vivencias, incertidumbres, inseguridades y dificultades que las personas adultas inmersas en esta situación. Entre otras cosas, se encuentran afectados por la modificación de sus rutinas, el confinamiento prolongado en el ámbito del hogar, la limitación impuesta a su necesidad vital de juego, movimiento y relación con sus iguales, la reducción de sus vínculos con la familia más cercana y el alejamiento de sus adultos mayores de referencia” (OMEP Uruguay, mayo de 2020).

Francesco Tonucci, una de las voces más autorizadas a nivel mundial para opinar sobre los derechos de la infancia, expresó, entre otras cosas, que esta crisis tuvo errores sanitarios, víctimas (sobre todo nosotros, los viejos), y ha tenido campeones, que son los niños, porque resistieron al virus, no por mérito de ellos solos, claro, pero viven esta temporada muy larga encerrados en casa, lo que les significa algo incomprensible, y lo están haciendo muy bien... Darles un día la ciudad vacía para que jueguen y la disfruten en libertad, como nunca han podido, y como les gusta a ellos, sin tráfico, peligros ni contaminación, es el regalo que les podemos hacer a modo de agradecimiento.² Su propuesta, presentada como una petición en el marco del proyecto internacional La Ciudad de los Niños (firmada en la red por varias uruguayas y uruguayos), consiste en que el día que reabran las ciudades, cuando todo vuelva a la mínima normalidad, se las entreguen por 24 horas a los niños y las niñas.

Estas y otras voces comenzaron de esta forma a hacer visible lo invisible: que las infancias debían ser consideradas por el Estado, el gobierno y la sociedad civil un grupo poblacional en riesgo y que, por consiguiente, requerían medidas específicas para su atención y cuidado en cumplimiento de lo dispuesto por el Comité de los Derechos del Niño.

En lo referido al enfoque de la salud como bienestar físico, los organismos a cargo de la gestión de los centros de educación y cuidados establecieron mecanismos para continuar proporcionando alimentación a los niños y niñas que lo necesitaran y/o cuyas familias así lo demandaran. En el caso del Consejo de Educación Inicial y Primaria, la recepción de la demanda y la entrega de la comida en vínculo con proveedores y familias estuvo a cargo de los docentes. Sin embargo, dichas medidas, aunque necesarias, resultaron insuficientes. La organización Techo estima que hay 50.000 niños comiendo en ollas populares; hay unas 350 ollas populares en asentamientos de todo el país a partir de la crisis económica generada por la covid-19. La directora de Techo, Belén González, dijo que 80% de quienes comen en las ollas son niños, niñas y adolescentes.³

El derecho a crecer en familia, pero... ¿qué familia?

Las decisiones relacionadas con el aislamiento voluntario (e imprescindible) en el hogar junto con el cierre de los espacios y centros de educación y cuidados para la primera infancia trajeron como consecuencia que niñas y niños pasaran sus días en el ámbito familiar. Detrás de la mayoría de los discursos oficiales se podía entrever una concepción de niño-niña, de hogar y de familia alejada de la realidad. A todos nos resultaba cómodo pensar en niños y niñas felices, queridos, contenidos y con sus necesidades básicas atendidas tanto en lo material como en lo afectivo en el seno del hogar. A dicha concepción le correspondía una imagen de familia estable, bien constituida y por lo tanto con capacidad material y emocional como para proveer cuidados de calidad. Sin embargo, la realidad nos dice que no existe un modelo único de familia sino diversidad de familias y que algo similar sucede con la infancia. “El siglo XXI se encuentra habitado por múltiples infancias, producto entre otras cosas de un mundo globalizado, de un orden económico desigual y de los avances en las tecnologías de la información y la comunicación. Ser niños o niñas en este siglo no es una tarea fácil. Para algunos, el día a día transcurre en el medio de la lucha de sus familias por la supervivencia; para otros, frente a una o varias pantallas de teléfonos móviles, computadoras y televisión. En el medio de esas dos situaciones, que no son excluyentes, ocurren otras muchas historias en otros muchos escenarios” (Ivaldi, 2014).

Transcurrido el primer mes de aislamiento comenzaron a oírse voces que reclamaban la implementación de otras medidas para los cuidados de las niñas y niños pequeños. “Algunas de las medidas propuestas suponen un aislamiento en los entornos domésticos y la búsqueda de soluciones individuales por parte de los entornos familiares para el cuidado, soluciones individuales mediadas, por tanto, por los recursos de diversa índole que cada uno tenga. Es un regreso al ‘puertas adentro’ y cada quien encontrando su solución... La crisis de los cuidados queda expuesta una vez más, aunque no sea hoy la preocupación central de quienes toman medidas para frenar la pandemia”.⁴

La fragilidad existente en las incipientes políticas de cuidado implementadas para la primera infancia, así como los escasos apoyos que reciben las familias para la crianza de sus hijos pequeños, quedaron de manifiesto a causa de la pandemia. El Estado uruguayo debería tener en cuenta que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) reconoce en su preámbulo que “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Considera a la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños y que, por lo tanto, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”.

La realidad evidencia que, una vez cerrados los centros educativos, que son los que contribuyen en mayor medida con los cuidados de la primera infancia, estos debieron ser asumidos por las familias sin contar con los apoyos que la CDN claramente recomienda. Un aspecto positivo a destacar es que durante este período se profundizó en la mayoría de los casos la alianza familia-centro educativo al asumir las educadoras y las maestras el arduo trabajo de mantener vivos el vínculo y la comunicación, aplicando diversas estrategias de educación a distancia en un marco de respeto por los derechos de niños y niñas en una situación excepcional.

En este contexto, y debido al libre juego de la oferta y la demanda, comenzaron a surgir improvisadas ofertas de cuidados a domicilio o en casas de familia con el riesgo de retrotraernos a la década de 1990, en la que pululaban en nuestro medio centros de primera infancia sin reglamentación ni control. Al respecto, algunas voces habían señalado oportunamente que “las niñas y los niños no pueden ser cuidados por sus abuelos y/o abuelas mientras se extienda la pandemia ya que se encuentran cumpliendo las medidas sanitarias recomendadas para los adultos mayores al ser población de riesgo. No resulta beneficioso para las medidas sanitarias que procuran evitar la expansión del virus que las familias recurran a cuidadores o cuidadoras en alternancia que ingresen al contexto familiar desde el exterior, que resulten desconocidos para niñas y niños y por lo tanto con dificultad para desarrollar vínculos significativos, estables y aseguradores (empresas de cuidados). La implementación en forma repentina de espacios de cuidado en los lugares de trabajo generalmente inadecuados y/o ambientados con criterios inespecíficos para las necesidades de niñas y niños y acorde a sus edades, presenta riesgos similares a los anteriormente detallados” (OMEP Uruguay, mayo 2020). Este planteo se presentó acompañado de una propuesta que incluía: a) otorgar subsidio laboral a un adulto referente del entorno familiar del niño o niña para que se hiciera cargo de su cuidado mientras durara la pandemia y b) asignar a los centros de educación y cuidados en primera infancia la tarea de oficiar de centros de recursos para las familias y de nodos intersectoriales, apoyándolos económicamente cuando correspondiera.

Sin tener en cuenta estas propuestas, la reapertura de los espacios y centros de educación y cuidado para la primera infancia comenzó a ser vista por Presidencia y sus asesores como la única solución posible para este tema. Por otra parte, y dejando de ser ingenuos, el reinicio de la presencialidad desde inicial a bachillerato da respuesta a la difícil situación económico-financiera que atraviesa la educación privada, vinculada muy fuertemente a figuras de gobierno.

Los asesores de Presidencia justifican lo que dio en llamarse el regreso a la presencialidad en la nueva normalidad de diferentes maneras. Todos son cuidadosos en no brindar garantías absolutas en relación con los riesgos que se corren. La decisión de asistencia queda librada a las familias y la responsabilidad de los cuidados se deposita en las educadoras y las maestras mediante la aplicación de rigurosos, múltiples y hasta superpuestos protocolos sanitarios. Uno de los asesores fundamentó de esta manera su postura respecto de la apertura de los centros: “Esto tiene mucho de componente social también. Un niño abusado, ¿a quién le reclama? ¿Quién lo descubre? O la maestra o el pediatra. Pero las consultas pediátricas están prácticamente suspendidas y las escuelas no existen. ¿Qué pasa con los hijos de los padres que tienen que trabajar ocho horas? ¿Quedan sueltos en sus casas?... Permitamos que los niños vuelvan a sus clases. El no hacer nada genera más daño y mayor inequidad”, remató el médico.⁵ Sobre el rol que se le asigna a la educación en estas palabras, me reservo los comentarios.

El derecho a la educación, pero... ¿qué educación?

Desde hace algunos días educadoras y maestras vemos con preocupación imágenes de vuelta a clases que circulan por las redes provenientes de los países del norte. Imágenes que llevaron a un reconocido humorista, comunicador y docente de nuestro medio a expresarse con palabras que comparto plenamente: “Niños en escuela de Francia, jugando en solitario dentro de cuadrados individuales pintados en el piso. Niños en pupitres con mamparas en una escuela de China. ¿La obediencia ciega? ¿El miedo al otro? ¿No interactuar? ¿Esta es la nueva A-normalidad? Excesivo. Paso”.⁶

A principios de mayo, algunas voces ya lo habían advertido: “En respuesta a las características de la etapa, la educación inicial aplica metodologías centradas en el juego, el involucramiento del cuerpo como forma de vivenciar, descubrir, experimentar e investigar el entorno cercano, la manipulación de objetos físicos y de elementos naturales, la relación cercana y el contacto entre pares. En concordancia con la metodología aplicada, la disposición del ambiente en los centros de educación y cuidados en primera infancia se caracteriza por emplear mobiliario multifuncional, mesas y sillas para promover el trabajo en pequeños grupos, espacios libres para favorecer los desplazamientos, zonas de descanso, de juegos corporales y motores, meriendas y materiales compartidos, recreación y juego al aire libre. Modificar estas estrategias metodológicas y el ambiente de aula, además de resultar imposible por las características de la etapa y la necesidad de niñas y niños de construir un vínculo corporal con las educadoras, educadores y con su grupo de pares, afectaría el mundo de relaciones de niños y niñas, alterando seriamente la función educativa y de promoción del desarrollo integral de estos espacios” (OMEP Uruguay, mayo de 2020).

En otras palabras, no se puede y no se debe protocolizar a la primera infancia. Es imposible y contraproducente normatizar los primeros vínculos, el juego como forma de aprender y conocer, la actividad y libertad expresiva que caracterizan esta etapa de la vida. No se hace educación y atención en la primera infancia aplicando de manera estricta protocolos que exigen el distanciamiento e impiden el contacto cuerpo a cuerpo con pares y con adultos referentes. De hacerlo, no se trata de educación; se trata de disciplinamiento.

Como si esto fuera poco, en medio de tanta incertidumbre y al igual que la población en general, educadoras y maestras reciben desde referentes de la salud, asesores de Presidencia, autoridades de la educación y medios de comunicación mensajes confusos y hasta contradictorios en relación con los riesgos que corren niños, niñas, familias, comunidad, educadoras y maestras, así como sobre las medidas de protección que es necesario incluir en los protocolos y la necesidad (o no) de su estricto cumplimiento.

Mensajes (in)tranquilizadores, (sobre)exigencias y nueva (a)normalidad

En momentos en que la población en general, y las familias con hijos e hijas en edad de asistir a los centros educativos en particular, necesitan recibir mensajes tranquilizadores, las autoridades de gobierno y de la educación hablan de las pérdidas y de lo difícil que será recuperar aprendizajes. Analizan de forma permanente con parámetros de normalidad una situación por demás excepcional. De esta forma agregan ansiedad sobre la ansiedad. Llama la atención que no se manifieste desde el gobierno la misma preocupación sobre pérdidas y recuperaciones en otros sectores de la población. Ignoran, y por lo tanto no comunican, que los organismos internacionales reconocen a Uruguay como el país que más rápidamente y más eficazmente logró implementar y mantener la educación a distancia,⁷ debido a la buena y democrática conectividad existente y a la presencia del Plan Ceibal. Y, en lo que refiere específicamente a la educación inicial, por la formación, el compromiso y la creatividad de las educadoras y las maestras.

Muchos discursos verbales y hasta páginas escritas en la prensa elogian la tarea docente durante el tiempo que duró el aislamiento. De manera simultánea se les asignan a educadoras y maestras múltiples tareas para el retorno a la presencialidad: la aplicación de protocolos con un enfoque biosanitario ajeno a la realidad de las instituciones y las aulas, con la responsabilidad de cuidar a los otros y de cuidarse a sí mismas; negociar las características de la nueva (a)normalidad con sus respectivas autoridades técnicas y con cada familia; trabajar desde la presencialidad en pequeños grupos y en días alternados y desde la virtualidad con aquellos niños y niñas cuyas familias de forma voluntaria realicen esa opción. Una relectura del párrafo anterior deja claro que se trata de un cúmulo de (sobre)exigencias.

El anuncio de las autoridades de la educación de que el retorno a la presencialidad traerá consigo la aplicación de una evaluación de los aprendizajes logrados hasta el momento no hace más que agregar mayor (in)tranquilidad y nuevas (sobre)exigencias.

No tengo dudas de que, en este difícil contexto, una vez más, en forma comprometida, responsable y silenciosa, educadoras y maestras en diálogo con las familias realizarán la tarea que nuestra sociedad les encomienda.

El Estado uruguayo perdió la oportunidad de escuchar, en un contexto de emergencia, algunas voces autorizadas que plantearon a tiempo otra forma de implementar acciones que garantizaran el cuidado y la atención de la primera infancia y al mismo tiempo el cuidado de sus cuidadores.

Si de los errores se aprende, ha quedado claro que tomar decisiones en situación de emergencia considerando solamente la perspectiva biosanitaria no es el mejor camino. Las situaciones de excepcionalidad deben ser analizadas considerando sus múltiples dimensiones.

Es posible, y ojalá que así sea, que logremos superar la crisis sanitaria a mediano o corto plazo. Sin embargo, hay consenso de que la crisis económica y social no la superaremos fácilmente. Es conocido por todos que este tipo de crisis golpea con mayor intensidad a la primera infancia y a las familias a cargo de la crianza de hijas e hijos pequeños. Aún estamos a tiempo, entonces, de conformar a nivel del Poder Ejecutivo y/o del Poder Legislativo un grupo asesor específico especializado en primera infancia, integrado por organizaciones y/o profesionales referentes de múltiples disciplinas (pediatría, sociología, pedagogía, psicología, psicomotricidad, entre otras) y por representantes de los organismos del Estado con responsabilidad en políticas socio-educativo-sanitarias destinadas a este primer ciclo de vida. Su principal tarea consistirá en asesorar la toma de decisiones que garantice la mejor atención de las niñas y niños desde el nacimiento a los ocho años de edad con un enfoque integral. En la situación crítica que se nos avecina será necesario activar y coordinar los recursos institucionales, materiales y humanos existentes en el Estado para brindar apoyos especiales a las familias en situación de vulnerabilidad a cargo de hijas e hijos pequeños. Practicar la intersectorialidad de manera eficaz evitará depositar en el ámbito educativo, y sobre todo en las educadoras y las maestras, la responsabilidad total por la atención y el cuidado que la primera infancia requiere en contexto de crisis. A los efectos de impulsar y habilitar la creación de ese espacio de coordinación, propuesta y asesoramiento ha de tenerse en cuenta que los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, relacionados con los derechos del niño, no admiten incumplimientos.

Elizabeth Ivaldi es maestra de Educación Primaria Especializada en Educación Inicial. Se desempeñó como inspectora nacional de Educación Inicial en el CEIP y como consejera electa por los docentes (CSEU/PIT-CNT) en el Codicen de la ANEP.

Citas textuales y referencias

Arnaiz Sancho, V y Díez Navarro, M (2017). Infancias. Educar y educarse. Barcelona: Graó.

Demarchi, M (2005). Políticas educativas. Algunas reflexiones. Disponible en: https://www.laondadigital.uy/LaOnda2/201-300/241/codicen-Marta%20Demarchi.pdf

Ivaldi, E; Sarlé, P y Hernández, L (Coords.) (2014). Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias. Metas Educativas 2021, OEI.

OMEP Uruguay (mayo, 2020). Declaración pública de OMEP Uruguay ante el anuncio, en situación de pandemia, de la posible apertura de los centros de educación y cuidados en primera infancia. Disponible en: http://www.omep.org.uy/wp-content/uploads/2015/06/COMUNICADO-APERTURA-CENTROS-PRIMERA-INFANCIA.pdf