Los ecos del audio de Beatriz

Resulta poco conveniente cuestionarnos ahora si las llamadas que recibe Beatriz Argimón o su entorno político son grabadas o no. En primera instancia, porque sería lógico que así fuese: cualquier empresa mediana graba sus comunicaciones como mecanismo de cobertura ante infinidad de situaciones. No sería descabellado pensar que también lo hagan la vicepresidenta de la república y las personas de su entorno. No habría mayor problema con eso.

Por otro lado, poner el foco del debate en si se realizan o no estas grabaciones es aún más vano cuando ella misma lo explicita en el audio al decir: “[...] extorsiones y solicitudes de todo nos caen todos los días [...] obviamente todo se sabe, todo queda grabado”. La presidenta de la cámara alta además agrega: “[...] al final del día, cuando se escuchan las llamadas y escucharon la tuya vinieron a hablar conmigo”.

Se da a entender que las grabaciones son un mecanismo de seguridad ante estas situaciones y que se realizan a conciencia de la vicepresidenta y de algunos de sus colegas. Se desprende también que las llamadas son analizadas por una suerte de equipo interno que, por lo menos, le rinde cuentas.

Pese a lo dicho en los audios, en los últimos días los titulares han puesto el foco de la discusión en si efectivamente se realizan tales grabaciones. Diversos medios han hablado de “espionaje”, de “escuchas masivas a la población” e incluso han invocado al Guardián: el software que comprara el ex ministro del Interior Eduardo Bonomi hace algunos años.

Tras la filtración de casi diez minutos de audio en los que se tocan temas de enorme sensibilidad, los medios y la población han puesto toda su atención en discutir si las llamadas se graban o no. Naturalmente, el tema es confuso y requiere aclaraciones, pero en los minutos siguientes del audio los temas no sólo son confusos, sino muchísimo más relevantes.

¿Qué pasó, entonces?

La discusión centrada en este aspecto no parece ser casualidad, sino el resultado de una excelente estrategia adoptada por el Ejecutivo. Tras la publicación del audio, las únicas declaraciones hechas por la dupla de gobierno fueron a propósito de la existencia o no de comunicaciones internas grabadas. Argimón fue consultada por El País sobre si se realizaban grabaciones a llamadas, a lo que respondió: “No hay nada de escuchas oficiales”.

El presidente Luis Lacalle Pou también fue consultado sobre el tema y contestó: “No. Es un disparate. Eso no cabe en democracia”. Al preguntársele sobre qué opinión le merecía el resto del contenido del audio, el presidente se excusó diciendo: “La verdad que si entro en eso contesto cualquier cosa”.

Así, las únicas declaraciones de la dupla ejecutiva entran en notorio contraste con lo dicho en los audios filtrados. Esta contradicción es la que se ha vuelto el centro de la discusión en los medios y la sociedad. Algunos programas televisivos llegaron a destinar varios minutos a futilidades como si dichas grabaciones se realizaban con una aplicación o con un micrófono externo.

La astucia en el manejo de esta crisis se nota cuando esta contradicción, que aparentemente pondría en falso a la vicepresidenta, resulta la mejor vía de escape al tema. La incongruencia entre lo dicho en la llamada a Fernando Cristino y las declaraciones posteriores hacen que la discusión, naturalmente, se desarrolle en este aspecto. En este sentido, los implicados pueden salir a decir que no se hacen escuchas oficiales (algo que nunca se dio a entender en los audios) y apelar a la seguridad personal en relación a las grabaciones que realizan de sus propias conversaciones. En este escenario, el único problema sería no informar a la otra parte que está siendo grabada.

Mientras esta discusión se sucede, en general se ha dejado de lado los otros nueve minutos de audio, de donde surgen las preguntas realmente importantes.

Para empezar, nos encontramos con un personaje que tiene vinculación personal con la vicepresidenta y que refiere a una llamada previa que ambos acuerdan que fue de carácter amenazante. ¿Cuál es la naturaleza de estas amenazas y qué cosas dice que la implican a ella, al presidente de la República y a Jorge Larrañaga? ¿Qué se dijo sobre ellos que puso a la vicepresidenta en una actitud que va desde lo amenazante hasta lo que parece ser la búsqueda de un acuerdo?

La vicepresidenta dice que “todas las llamadas van directo”. ¿A dónde? ¿Quiénes se dedican a escuchar las llamadas “al final del día” y no actuaron porque la vicepresidenta los frenó “para que no [le] hagan nada”? ¿Qué implica que “quienes tienen que responder” le hagan algo?

Por otro lado, cabe destacar que lo dicho en el audio manifiesta una omisión de la vicepresidenta al no denunciar, en su calidad de funcionaria pública, un delito de amenaza y decidir tratarlo por una vía personal, aunque este lunes anunció mediante un comunicado público que está estudiando “la presentación de las acciones que por derecho pudieran corresponder” a raíz de las llamadas de Cristino.

Más avanzado el audio, en la suerte de negociación que surge entre las partes, Beatriz se compromete a “hablar con Luis” para agilizar unos pagos que corresponden a una deuda entre un organismo ajeno y Cristino.

¿Qué pasa con todo esto? Si el entorno de la vicepresidenta graba sus llamadas o no es algo tan obvio como irrelevante a la calidad democrática. Las preguntas que deberíamos estar haciéndonos y que los implicados deberían estar contestando son las anteriores.

Nicolás Alé es periodista y estudiante de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.