Recientemente se presentó en Ecuador el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia sobre los hechos ocurridos durante las protestas de octubre de 2019. El informe, creado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, concluye que existieron presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas contra la población. Las pruebas llevan a la comisión a concluir que el Estado violentó gravemente los derechos a la vida, integridad física, psicológica y sexual, la libertad personal, libertad de expresión, protesta pacífica y derecho a la resistencia. Esto mediante actuaciones reiteradas y generalizadas, lo que podría implicar incluso la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Manifestaciones y represión de octubre de 2019
El 1° de octubre de 2019, dos días antes del inicio de la represión que se extendió por casi dos semanas, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció en cadena nacional una serie de medidas económicas y laborales, en el marco del cumplimiento del acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Básicamente se trataba de un ajuste económico, social y de flexibilización laboral con enorme impacto sobre la amplia mayoría de la población.
La eliminación del subsidio a los combustibles, vigente en el país desde hace 40 años, fue la medida con la que se identificaron las protestas. Pero a ello se sumaban las reformas orientadas a rebajar la carga tributaria a los grupos económicos, liberalizar el comercio –retirar o reducir aranceles–, reducir el impuesto de salida de divisas sobre las materias primas y una serie de privatizaciones.
El “gasolinazo”, como se conoce al estallido social, fue protagonizado mayoritariamente por el movimiento indígena y fue contestado por el Ejecutivo, tanto mediante la adopción del estado de excepción como mediante el uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reprimir la protesta. Para ganarse a la opinión pública, el gobierno utilizó los medios de comunicación públicos y privados y presionó a otros organismos, entre ellos la Fiscalía y la Corte Constitucional.
Más allá de la violencia ejercida a lo largo del paro nacional, se denunciaron vulneraciones de derechos vinculados a la participación política –libertades de expresión, comunicación e información–, a la protesta –libertad de manifestación–, a la resistencia –derecho reconocido como tal en el artículo 98 de la Constitución del Ecuador–, y al honor, la vida privada, la libertad y seguridad, al trato digno y humanitario durante las detenciones y los procesos.
Las denuncias del gobierno contra líderes político-sociales, las intervenciones de las comunicaciones, el cierre de medios, las detenciones y las declaraciones de prisión provisional de activistas, cargos públicos en activo y líderes de movimientos sociales, son una muestra del uso del aparato judicial para reprimir y eliminar el pluralismo político.
Los hechos difundidos por organizaciones de derechos humanos e investigados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas han sido analizados en el informe de la Comisión de la Verdad. A partir de 519 testimonios se ha logrado cuantificar 249 presuntas violaciones de derechos humanos, incluyendo seis ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, tres casos de violencia sexual y 20 lesiones oculares.
Comisión de la Verdad y elecciones
El contenido del informe ha caído en el epicentro de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo cual ha sido ampliamente criticado. Algunas voces han señalado que debería haberse presentado tras la cita electoral, mientras que otros defienden su publicación básicamente por dos motivos.
En primer lugar, por la urgencia de esclarecer los hechos, ya que el objetivo del informe es que se haga justicia, que se repare a las víctimas y que los culpables sean sujetos a los procesos judiciales pertinentes. En segundo lugar, porque en el informe no se menciona a los candidatos que disputarán el balotaje: Andrés Arauz, candidato progresista, y Guillermo Lasso, candidato de la derecha.
Ahora, tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo, es el turno de la Fiscalía y de los tribunales de dar respuesta para que ningún abuso quede impune.
Por otro lado, tanto la comisión como el contenido del informe han sido denostados por las autoridades implicadas, que niegan la existencia de los hechos que se les imputan. La Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y demás entidades involucradas han afirmado que la actuación policial y militar se realizó en el marco de la ley. Además, acusan al informe de estar “sesgado” y de no dar suficiente importancia a las violaciones de derechos humanos soportadas por las fuerzas del orden público.
El documento también relata la existencia de delitos comunes cometidos durante el paro y el impacto en la integridad física de los agentes. Pero, además, el texto indica que el trabajo de la comisión tiene por objeto dotar de contenido al derecho a la verdad que tienen las víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Sin embargo, tal y como ocurrió durante el paro nacional, las críticas del gobierno han encontrado un amplio eco en los grandes medios de comunicación, mientras que han sido los medios alternativos y las redes sociales las que han permitido difundir el contenido del informe.
Verdad, justicia y reparación
Las recomendaciones del informe apelan a la necesidad de asegurar una investigación imparcial que garantice a las víctimas el acceso a la información con apego a los estándares internacionales de protección. El documento se centra en la “reparación integral” para recomendar medidas de reparación individual, simbólicas y colectivas, así como institucionales, y señala que “el Estado ecuatoriano, a través de su máximo representante, debería ofrecer disculpas públicas a las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro nacional de octubre de 2019”.
El documento es un reconocimiento necesario para seguir exigiendo justicia y reparación. Ahora, tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo, es el turno de la Fiscalía y de los tribunales de dar respuesta para que ningún abuso quede impune. Sólo así, con verdad, justicia y reparación, será posible suturar las heridas abiertas durante el “gasolinazo”.
Adoración Guamán es cientista política y jurista. Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com