El gobierno de Luis Lacalle quiere aparentar tener la iniciativa en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. El domingo 9, el diario oficialista El País adelantó que el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y el presidente disponían de documentación de inteligencia encontrada en una dependencia militar y que la entregarían en la semana al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se preparó para reclamar una copia de la información, pero fueron sorprendidos con que el presidente también se la entregaba a ellos, y en mano. Es más, la información fue puesta a disposición del público en el portal del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el lunes 10.
Según declaró García, lo encontrado da cuenta de actividades de inteligencia y represión militares en los años 1972, 1973, 1976, 1977, y del 2 de abril de 1986 al 15 de mayo de ese mismo año. “En términos genéricos: son operativos militares con solicitud de captura de varias personas; información de inteligencia sobre organizaciones de personas, organizaciones sociales y sindicales; partes de operativos militares, procesamiento con pedidos de capturas, información con gente que notoriamente está infiltrada en reuniones y asambleas; declaraciones de detenidos, algunas nominadas, otras no; e información sobre actividades del Ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en el país”.
Podría ser útil, si no resultara que esta información ya fue encontrada en 2006 por la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y su asesor Augusto Gregori en una inspección de cinco horas a la Escuela de Inteligencia, y hoy conforma el llamado Archivo Berrutti. Lo que ahora se localizó –no el 5 de mayo, sino el 23 de abril‒ en un calabozo del Grupo de Artillería N°5 (lugar de detención y tortura hasta 1974) fue una de las tantas copias parciales del material relativo a la represión, consistente en cinco libros y 1.650 fojas.
Gregori reconoció el material y le parece que ahora el gobierno de Lacalle “dio un buen golpe publicitario”. Hoy el Archivo Berrutti tiene copias en el MDN, y a través del Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Derechos Humanos. “Es la misma política que hizo [el expresidente de Argentina Mauricio] Macri durante cuatro años: anunciar, proclamar, y después nada. Lo que importa es la manija”, afirmó Gregori. A su criterio, la publicidad del gobierno “está muy bien manejada, y la verdad es que el Frente Amplio nunca hizo un buen manejo de los archivos. Los podría haber hecho públicos, como Lacalle, pero en cambio decretó que eran secretos por diez años, siendo documentos de hace 30 años; igual algo trascendió. Ya que ni siquiera hizo un buscador para bucear en esa documentación, que hubiese dejado que la gente lo hiciera”.
Podría ser útil, si no resultara que esta información ya fue encontrada en 2006 por la entonces ministra de Defensa Azucena Berrutti y su asesor Augusto Gregori en una inspección de cinco horas a la Escuela de Inteligencia.
Es claro para Gregori que el gobierno hace esto “en medio de la pandemia y sus crecientes dificultades, con la juntada de firmas contra la ley fundacional de este gobierno, que ve asomar la posibilidad de llevarla a plebiscito, y con la fecha cercana del 20 de mayo: desde 1976 se hace una marcha cada vez mayor por los detenidos-desaparecidos”, que este año será virtual pero igual promete ser movida. “Lo que está haciendo el gobierno es pellizcarle la bandera al Frente Amplio”, fuerza hoy opositora que se muestra sin iniciativa y desganada, entiende.
La que no entró por el aro de la jugada publicitaria del gobierno es la exjueza Mariana Mota, que debió renunciar en agosto de 2017, cuando fue sacada sin más del estrado penal porque actuaba sin concesiones en los casos de terrorismo de Estado. Hoy es directora de la INDDHH, y desde allí insiste una vez más en que se busque en dependencias militares el archivo de la Organización Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Y si el gobierno de Lacalle realmente quiere dar a conocer algo nuevo en materia de archivos, tiene el del coronel Elmer Castiglioni, confiscado en un allanamiento a días de su muerte, en octubre de 2015, conformado por 65 cajas de documentos, 500 disquetes y más de 100 CD, con información represiva generada entre 1968 (Uruguay estuvo en democracia hasta 1973) hasta 2015, 30 años adentrado el país en la democracia. Para su traslado ocuparon una amplia camioneta, que los llevó al Poder Judicial, donde nadie los ve.