A esta altura ya se han escrito decenas de columnas que refieren al polémico acuerdo extrajudicial entre la empresa Katoen Natie y el Estado uruguayo. Lo novedoso es el cambio de autoridades en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, algo que tampoco hace desaparecer el asunto ni sus consecuencias políticas.
Contrario a lo que podrían afirmar algunos de sus defensores, este acuerdo ya ha traído más problemas que beneficios. Es notorio el mal ambiente que existe entre los operadores portuarios y la resistencia desencadenada por los decretos 114/021 y 115/2021, que plasmaron dos aspectos fundamentales del acuerdo: el nuevo Reglamento General de Atraque de Buques del Puerto de Montevideo y el Régimen de Gestión de la Terminal de Contenedores en el puerto de Montevideo.
Dos decretos que son apenas “la punta del iceberg” de otro cúmulo de irregularidades, ilegalidades y actos contrarios a los intereses de nuestro país. Porque sin lugar a duda, hasta ahora, ha sido imposible que sus propios impulsores logren demostrar un solo aspecto beneficioso de este acuerdo monopólico, que sólo beneficia a una multinacional y embreta a nuestro país por los próximos 60 años. Hace unas semanas nos referimos a varias de sus inconsistencias jurídicas, pero hoy los cuestionamientos se extienden también a sus aspectos económicos y estratégicos.
Sobre esto, bastará que los hechos hablen por sí solos y ver qué sucederá en lo inmediato con las exportaciones y las importaciones, observar cuáles serán las políticas adoptadas por las empresas vinculadas con el negocio, sus decisiones corporativas y, en definitiva, terminar dilucidando otra de sus consecuencias prácticas: la posible pérdida de competitividad con respecto a los puertos de la región. Por lo tanto, no faltará la ocasión de analizar muchas de las repercusiones económicas emergentes de este acuerdo. Porque, como ya hemos dicho, esto recién comienza.
Una interrogante razonable sería saber si es posible revisar lo actuado e intentar revertir las decisiones equivocadas. O sea, si existen posibilidades de dar marcha atrás o, al menos, intentar que el daño sea menor. Aunque lo veo imposible sin incurrir en responsabilidad, sin lugar a duda esta línea de razonamiento se encuentra descartada por el principal socio de la coalición gobernante. Lo que parecería estar ocurriendo es la intencionalidad de blindar este acuerdo a través de una ley. Justamente, hacer todo lo contrario a lo que debería hacerse. Y si así fuera, cabe la siguiente pregunta: ¿por qué se necesita blindar algo que supuestamente no tiene irregularidades? ¿Será que se pretende subsanar algo que se hizo mal? Pero mucho cuidado, porque a veces, cuando se pretende emparchar un error, se puede terminar generando un efecto aún más pernicioso.
Basta recordar esa típica imagen cinematográfica en que un hombre, sumergido en las arenas movedizas, intenta avanzar y no hace otra cosa que hundirse cada vez más. En este caso, una ley no soluciona el problema, sino que aporta más elementos que dejan al descubierto las fallas, las equivocaciones y, justamente, las ilegalidades. Sería algo así como la demostración perfecta de que se cometieron ilegalidades, que se falló en los procedimientos y, por tanto, la Justicia de este país es la que debería expedirse prontamente. Una ley con intenciones de “subsanar” constituiría la prueba más clara de un acuerdo irregular, ilegal, pernicioso e inconveniente.
Cuando el remedio es peor que la enfermedad
Suele decirse que a confesión de parte, relevo de prueba, y lo cierto es que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado habría mandatado a sus legisladores ‒Tabaré Viera y Ope Pasquet‒ a interceder ante el ministro de Transporte y Obras Públicas, con el objetivo de convencerlo de la necesidad de blindar jurídicamente el acuerdo que el gobierno alcanzó con Katoen Natie. Todo esto surge del sitio web del propio Partido Colorado y de una noticia de la diaria, en la que comunican públicamente el inicio de dichas tratativas.1
Un posible nuevo arbitraje internacional de inversiones, como paradójica respuesta a la transacción para evitar otro de su misma naturaleza, parece inminente, y en este caso particular, de difícil solución.
En la sesión del Comité Ejecutivo Nacional, el Partido Colorado habría evaluado que el acuerdo sería favorable al interés nacional, aunque “con dudas en lo jurídico y la riesgosa perspectiva de una acción judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de otro eventual reclamo internacional”. Sin lugar a duda, además de considerar que existen serias posibilidades de que los Decretos 114/2021 y 115/2021 terminen siendo revocados, resulta clara la inminencia de un nuevo arbitraje internacional de inversiones iniciado por otras empresas que podrían verse afectadas por el monopolio.
Un posible nuevo arbitraje internacional de inversiones, como paradójica respuesta a la transacción para evitar otro de su misma naturaleza, parece inminente y en este caso particular, de difícil solución. ¿Realmente se piensa que una ley cuya intención sea subsanar una ilegalidad puede evitar un nuevo arbitraje internacional de inversiones? ¿Acaso no saben que, en los arbitrajes de inversiones, más allá de los aspectos legales y regulatorios, lo que importa es el trato que se da a un inversor en el marco de una serie de reconocimientos establecidos en un instrumento internacional? Allí poco importa la fuente de la decisión adoptada (ley, decreto, resolución, etcétera), sino que lo que importa es si se afectan o no los derechos de los inversores. Ciertos estándares (como el trato justo y equitativo) y el trato nacional, entre otros, terminan siendo las piedras angulares del conflicto.
No es por ser alarmista ni agorero, pero la realidad indica que la situación de nuestro puerto ya es lo suficientemente delicada como para terminar afectándolo aún más con decisiones que, ahí sí, serán mucho más difíciles de revertir. Con el acuerdo, el monopolio ya ha quedado consolidado y por los próximos 60 años, so pena de responsabilidad. Fue una decisión adoptada por el gobierno, estampada a través de la firma del ministro de Transporte y Obras Públicas, y probablemente fue una decisión tomada un poco más arriba.
En este contexto, queda por saber qué es lo que hará el resto del espectro político de nuestro país. ¿El resto de la coalición terminará siendo cómplice de este juego? ¿Terminará hundiéndose también y haciendo suyas las equivocaciones y las malas decisiones? Si así fuera, a pesar de eso, nuestra decisión será siempre la misma: defender los intereses estratégicos de nuestro principal puerto y denunciar una y otra vez este vergonzoso acuerdo que terminó condicionando a nuestro país por los próximos 60 años.
Queda saber qué hará el resto, porque siempre se puede estar a tiempo de no ser cómplice de lo indefendible.
Charles Carrera Leal es senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.