En la discusión pública sobre cómo enfrentar la grave crisis sanitaria, social y económica que vivimos, el gobierno parece haber tenido éxito al lograr empantanar a todo aquel que quiera discrepar. ¿Dónde reside ese éxito? En la manera en que construyeron los términos de la discusión o, en otras palabras, en haber marcado muy fuerte la cancha en la que discutir. Esto tiene como resultado la idea de que lo único que se puede hacer es lo que hizo y hace el gobierno. Entonces se impone la necesidad de discutir, en primer lugar, los términos de la discusión para reubicarlos y así encauzar el debate hacia un lugar mucho más provechoso para el país.
Un solo ejemplo para graficar la forma de construir el debate del gobierno: todos y todas creemos que es un problema la alta movilidad y que la solución no pasa por reprimir. Ellos sostienen que la única herramienta que tienen para enfrentarlo es apelar a que la gente individualmente se cuide lo más posible. Cuando alguien les plantea que esa no es la única forma, responden que el Frente Amplio (FA) dejó el déficit tan alto que nada que implique poner plata se puede hacer. En una discusión planteada así, entonces, el gobierno está haciendo todo lo posible. Lo comunica incluso mostrando al presidente con cara cansada y diciendo “por supuesto que algunas de esas muertes podrían haber sido evitables, con otras conductas podrían haber sido evitables”. Conclusión: nosotros hacemos todo lo que podemos y ustedes no se cuidan. Todo lo malo que nos pasa es inevitable.
¿Cuál es el resultado de plantear así la discusión? Que queda plasmada la idea de que hay una sola forma de encarar el problema de los contagios, el aumento de personas en CTI y las muertes, y es la que está desarrollando el gobierno. Pero aun así, hay quienes están en contra de estas medidas o plantean que faltan muchas más. Si hay una sola forma de hacerlo y es la que se implementa, quienes están en contra, ¿por qué lo están? Si la forma es una sola, lo que queda es pensar que están en contra porque quieren que al país le vaya mal, por malos orientales. Esto lo quisieron instalar cuando señalaron una y otra vez que (mírese el menú de adversarios) las feministas, los movimientos de la diversidad, trabajadores y trabajadoras organizadas, el candombe, los y las jóvenes y el FA convocaban a actividades para que la gente se contagiara.
Si esta construcción discursiva es exitosa, el resultado es: el gobierno representa a todos frente a la amenaza que suponen el FA y, en general, los adversarios antes descritos para el país y su gente. ¿Quién no ganaría una discusión si logra instalarla de esa manera?
En una democracia, no discutir las diferencias es un error, y pedirle a la oposición que se calle porque si no se la acusa de aumentar la grieta es desleal, irresponsable y peligroso para el país.
Pero un debate así está lejos de ser productivo para el país y sus grandes mayorías golpeadas por la situación sanitaria, pero también económica. Tenemos que seguir la discusión para redefinirla, luego explicar nuestro punto de vista y convencer a la mayoría de que hay cosas que efectivamente pueden y podrían haberse evitado.
Una parte de este replanteo de la discusión implica asumir que las diferencias no están vinculadas al don de gentes del gobierno o la oposición, ni a mayor sensibilidad con la situación actual. Hagamos como dicen los economistas: “ceteris paribus”, es decir, asumamos como constante que no hay diferencias en torno a la sensibilidad de las personas o el deseo de que al país le vaya bien. Lo que nos queda entonces es discutir sobre el conjunto de ideas que defiende cada quien y sus implicancias para la vida de la gente, asumiendo siempre que es desde las mejores intenciones.
Volviendo a la forma de enfrentar la pandemia, el gobierno plantea una gran restricción que limita su capacidad de acción: el FA dejó al Estado sin plata y, por tanto, eso reduce enormemente el margen de maniobra. Sin embargo, la propia ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, contradijo esto ante inversores extranjeros al señalar las fortalezas de la economía uruguaya y su capacidad de endeudamiento. Fortalezas que, por cierto, fueron ratificadas por los inversores internacionales en las diferentes emisiones de deuda que realizó el país (la última, en mayo de 2021).
Entonces, desmentida –por el propio gobierno– la restricción planteada, lo que queda por observar son los costos que tendría adoptar un enfoque como el que la oposición ha planteado desde el inicio de la pandemia y los costos de las medidas tomadas por el gobierno. Claramente, el planteo del FA hubiera conducido a un aumento del déficit durante 2020 y 2021 y a un mayor endeudamiento. No es un costo a menospreciar: estamos pasando cargas hacia el futuro, que en algún momento habrá que pagar. Por su parte, el costo de las insuficientes medidas adoptadas por el gobierno pueden resumirse en un nivel altísimo de muertes por covid-19, un aumento de la pobreza que podría haber sido fuertemente mitigado, un aumento de la desigualdad y también un aumento de la movilidad, que es uno de los mejores indicadores para predecir futuros contagios. Mediante su inacción el gobierno está imponiendo costos (mucho más duros y a veces irreparables) a los hogares uruguayos.
A menudo, en derecho se utiliza la expresión “buen padre de familia” para indicar cuál debe ser la actitud de un gobernante. Adaptémoslo al siglo XXI y pensemos cómo haría una buena jefa de hogar si ve caer sus ingresos (por ejemplo, porque perdió el empleo o en su comercio cada vez vende menos) pero tiene capacidad de endeudarse para sostener a su familia. Extrapolando las opciones sobre costos, la pregunta es si esa jefa de hogar le plantearía a su familia empezar a comer salteado o endeudarse para asegurar cuestiones básicas hasta que pase el temporal. Las consecuencias de asumir uno u otro costo podrían ser un endeudamiento que tendría que resolver en el futuro, o la malnutrición presente (con consecuencias en su desarrollo a futuro) de sus hijos e hijas.
Planteado así, la cuestión es qué de todo lo que nos pasa es o era evitable. Si todo es inevitable, sería tonto reclamarle al gobierno rectificar sus políticas. Pero esto no es cierto: se podrían haber evitado y se puede evitar la enorme cantidad de muertes e ingresos a CTI y la caída en la pobreza de 100.000 personas. Entonces la discusión es sobre las políticas públicas que se llevan a cabo y las implicancias de las ideas fuerza que las sostienen. ¿Cuánto de lo que se considera evitable podría efectivamente haberse evitado?
A modo de ejemplo, los economistas Matías Brum y Mauricio De Rosa publicaron a principios de mayo de 2020 un documento en el que analizaron los efectos de la pandemia sobre la pobreza y la respuesta del gobierno. Señalaron que para mantener la pobreza en los niveles prepandemia se debían desarrollar políticas con un costo de 0,44% del producto interno bruto. Ese documento predijo muy bien cuánto iba a aumentar la pobreza si no se destinaban más recursos. El diario, en definitiva, al igual que los informes del Grupo Asesor Científico Honorario, no fue del lunes, sino de mucho antes.
Tener una política potente de apoyo a hogares y a pequeñas y medianas empresas, ¿no hubiera ayudado a evitar el cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, salvaguardando decenas de miles de puestos de trabajo? ¿Qué efectos hubiera tenido esto sobre la recuperación futura? Son cuestiones contrafácticas, pero necesarias para pensar qué hubiera pasado si se hubieran aplicado alternativas a la política gubernamental (parece que el único efecto de estas políticas con el que se especula es el aumento del déficit fiscal del gobierno). Por algo el mundo tomó otro camino, el de apoyar fuertemente con recursos fiscales a empresas y hogares. La respuesta del gobierno uruguayo, en el contexto internacional, habla por sí sola. El país ocupa el lugar 164 de un conjunto de 181 países ordenados en función de los apoyos otorgados a hogares y empresas para mitigar los efectos de la pandemia, según el Fondo Monetario Internacional. El gobierno dice que quiere cuidar la economía. Con sus políticas, ¿realmente la está cuidando?
Por último, con políticas que disminuyeran la movilidad y sostuvieran económicamente a quienes se les pide que se queden en su casa, ¿no hubiéramos evitado llegar a estos picos de contagios y de fallecimientos? Nadie le pide al gobierno que evite que el virus exista, contagie y mate. Pero sí, que si hay cuestiones evitables, se desarrollen políticas que mitiguen en todo lo posible las consecuencias desastrosas de esta pandemia.
En definitiva, en las respuestas del gobierno y las propuestas de la oposición las diferencias fundamentales no están en el campo de la sensibilidad o el don de gentes. Las concepciones sobre el Estado, sobre el gasto público, sobre la desigualdad, la meritocracia, y un largo etcétera, sí describen mucho mejor nuestras diferencias. En una democracia no discutir las diferencias es un error, y pedirle a la oposición que se calle porque si no se la acusa de aumentar la grieta es desleal, irresponsable y peligroso para el país.
Pero además, más allá de las discusiones gobierno-oposición, el norte debiera ser cómo evitar los males evitables. La obsesión del presidente debe dejar de ser las encuestas de opinión pública y empezar a ser gobernar para mejorar las pésimas cifras en lo sanitario, social y económico, que es, en definitiva, para lo que fue elegido.
Martín Couto es sociólogo y militante de Ir, Frente Amplio.