En plena época de Juegos Olímpicos, cuando está sobre la mesa la poca cantidad de atletas que Uruguay tiene en competición, el colectivo Abriendo el Neptuno convocaba para el sábado 24 de julio a vecines de la Ciudad Vieja e interesados a una asamblea pública para informar sobre el destino de uno de los clubes deportivos más prestigiosos del país. Neptuno cuenta con la única piscina olímpica en Montevideo, cerrada y abandonada desde marzo de 2019, como si la emergencia del tema en estos momentos fuera una perfecta fotografía de la falta de inversión en las infraestructuras sociales y deportivas accesibles a todos los ciudadanos.

Como se lee en el folleto informativo: “El colectivo nace en el 2020 para interesarse en el destino del club que cerró sus puertas a causa de grandes deudas y malas gestiones de sus administradores, dejando a sus funcionarios a la deriva e instalaciones de gran potencial abandonadas”. La asamblea tenía como finalidad poner la atención de la ciudadanía en el destino del ex Club Neptuno, en torno al cual se generaron hipótesis de demolición y posterior venta, al pasar su tenencia a manos de la Intendencia de Montevideo (IM).

Se podría pensar que en este duro momento de pandemia el cansancio, los sufrimientos y las tensiones vividas luego de un año y medio de su inicio harían parecer una batalla de este tipo marginal, o peor, superficial, frente a la situación que heredamos de crisis social y desempleo. Es, sin embargo, cuando más se hace evidente la necesidad de un apoyo público y de la acción colectiva territorializada para acrecentar las infraestructuras sociales, culturales y deportivas que habiliten a dar respuesta a las varias necesidades y urgencias de frente a los escenarios de pobreza y desigualdades crecientes en los que los servicios que aumentan la calidad de vida en los territorios son sólo para quienes pueden pagarlos.

Las organizaciones que componen el colectivo son en gran parte las que estando en territorio han anticipado a la acción estatal durante la pandemia, han resuelto con la autoorganización problemas esenciales como la alimentación a través de ollas populares, o la solicitud de detener desalojos en momentos de crecimiento del desempleo y dificultad de pagos de alquileres. Son las mismas que encuentran tiempo para autoconvocarse y compartir estrategias, dentro de las cuales está claro que para llevar adelante estas soluciones y otras de mayor envergadura se necesitan infraestructuras, espacios, equipamientos y apoyos estatales para potenciarlas.

La pregunta que se hace a la IM es: ¿qué sucede cuando esa infraestructura cívica tan necesaria para sostener actividades deportivas y sociales a nivel metropolitano, así como los cuidados y la vida de un tejido barrial local, existe ya, está en el lugar justo y posee el equipamiento adecuado, pero está en estado de abandono?

El ex Club Neptuno habilitaría estas y muchas otras actividades para el territorio, pero también para la ciudad. Al momento actual el colectivo Abriendo el Neptuno ha realizado relevamientos de diversas fuentes, colaborando con referentes históricos del club, y ha traído a la asamblea del sábado información sobre sus potencialidades.

“El club cuenta con una cocina industrial y cafetería en buen estado, salón de actos, dos canchas de básquetbol techadas, una piscina de 25 metros y una piscina olímpica de 50 metros, la única en Montevideo y una de las dos existentes en Uruguay (la otra se encuentra en el Campus de Maldonado), una cancha de fútbol 7, una sala de aparatos y siete gimnasios polifuncionales”, indica el comunicado.

Por otro lado, señala que “la deuda a la fecha, de 81.151.871 de pesos, se compone en gran parte de contribución inmobiliaria, tributos domiciliarios, tarifas de saneamiento, tributos por instalaciones mecánicas y eléctricas, entre otros”. Esto significa que es una deuda mayoritariamente pública, que la administración municipal tiene con ella misma. Esto significa que no hay acreedores que exijan una restitución inmediata y, por lo tanto, una acción de remate o venta compulsiva de esta propiedad.

El colectivo propone la apertura de un proceso público de codiseño de este espacio, en el que se reconozca la voluntad de sus habitantes a resistir a las privatizaciones del suelo público en las últimas décadas. Si bien la planificación urbana, por ejemplo de la misma Ciudad Vieja, con su Plan Especial redactado casi 20 años atrás, recuperó áreas degradadas como el sector detrás del Teatro Solís del Mercado de la Abundancia, trayendo mejoras con las instalaciones de la CAF, estas han traído también procesos de fuerte gentrificación, aumento de precios y expulsión de la población de menores recursos, asociados al mercado privado de torres e inversiones extranjeras en apartamentos con amenities. Es decir que no siempre la ecuación inversión extranjera, recuperación urbana y uso de suelo público trae impactos positivos para las poblaciones de menores recursos de estas áreas.

El colectivo propone idear formas de recuperar este espacio gradualmente, por ejemplo, tomando los datos de prensa de cuánto costaría recuperar su piscina olímpica, que en el momento actual serían 250.000 dólares, cifra que se puede obtener en parte del presupuesto participativo, instrumento de participación ciudadana dedicado a la recuperación de la ciudad. Otras instituciones deportivas locales importantes utilizaron estos mecanismos, como el Club Alas Rojas, que recuperó su cancha de fútbol, y el Club Waston-Guruyú, que recuperó su sede y cancha de básquetbol. Estos proyectos, así como la recuperación de la Plaza de Deportes 1, poseen al día de hoy formas mixtas de gestión, acuerdos entre habitantes y la IM, en los que los primeros se ocupan de la programación y la segunda del mantenimiento físico del área y la guardianía. Son ejemplos claros de que el club está en un contexto territorial que tiene una fuerte tradición y vocación de recuperación urbana colectiva y que multiplica los recursos del Estado mediante la cogestión.

Si observamos las transformaciones de la Ciudad Vieja desde esta perspectiva identificamos cómo gracias a la constancia y a las batallas locales realizadas por sus habitantes se ha logrado recuperar un área mayor que la de los proyectos de grandes capitales privados, por medio del movimiento cooperativista y de los acuerdos con la IM en la recuperación de equipamientos públicos. Por el contrario, gran parte de los edificios cerrados y abandonados son de propiedad privada y pertenecen a capitales inmobiliarios especulativos que tienen al resto del centro histórico de Montevideo paralizado y rehén de los vaivenes del mercado.

El ex Club Neptuno no está catalogado como patrimonio arquitectónico-material, y por lo tanto es plausible su demolición, aunque por ahora una operación de este tipo viene resultando a los cálculos de los arquitectos del colectivo más costosa para los fondos públicos que su gradual recuperación. Sin embargo, el Neptuno es un patrimonio afectivo de la Ciudad Vieja, como lo demuestran las casi 100 personas entre integrantes del colectivo que vienen participando en sus actividades y simpatizantes que acudieron a la jornada convocada el sábado pasado delante del club. Entre vecinxs históricos, exsocios y nuevos colectivos, las intervenciones desde la Comisión Derecho a la Ciudad, los sindicatos vinculados a la franja portuaria, la olla popular, las cooperativas de vivienda, los artistas y disidencias, y exsocios y deportistas del club, demostraron que el proceso de recuperación colectiva del espacio ya ha tenido comienzo y se visualiza como posible.

Es evidente que hoy el ex Club Neptuno puede significar una infraestructura social clave para una situación social compleja en el entorno inmediato de la Ciudad Vieja.

¿Cómo pueden las administraciones públicas apoyar estas y otras formas plurales de construcción de la ciudad? Visto que los problemas y las necesidades surgen en forma territorializada, las soluciones y responsabilidades también deberían ser parte de estas articulaciones entre grandes estrategias de planificación urbana a escala metropolitana y acciones puntuales que sean decididas en forma deliberativa al poner en juego a los habitantes de los territorios y otros sujetos en acción. Una concertación de este tipo en la ideación de un proyecto es más trabajo, sin dudas, que demolerlo y vender el suelo urbano de alto valor cercano a la zona portuaria. Pero puede tener un impacto social equivalente a las ganancias públicas de la venta, ya que el Estado debería invertir de todas maneras en nuevas infraestructuras sociales y deportivas, y en otras estrategias y programas para favorecer el asentamiento de población permanente en el área, única fórmula reconocida a nivel internacional para dar vida y mantener en buen estado las áreas patrimoniales de los centros históricos.

Algunas administraciones de cercanía, como el Municipio B, en mayor contacto con el territorio, con una política de microurbanismo centrada en los cuidados que viene desde la pasada administración, en la que la alcaldesa Silvana Pissano era directora de Desarrollo Urbano de la IM, ya han experimentado estas políticas territorializadas. Durante 2018 se iniciaron acciones para apoyar a los movimientos de Ciudad Vieja por el Derecho a la Ciudad. Por un lado, a garantizar el acceso al suelo urbano central con la identificación de inmuebles abandonados que pasaran a la Cartera de Tierras Públicas, y a partir de estos abrir proyectos y programas para dar oportunidades de vivienda accesible y espacio a actividades cívicas. Ejemplo de ello es el Proyecto piloto de Cooperativas Dispersas al que se inscribieron más de 250 familias de la zona, y el Programa de Alquiler Social, que está aún en estudio por las nuevas autoridades nacionales de la Agencia Nacional de Vivienda.

Por otro lado, la IM promovió el Laboratorio Urbano Reactor de Usos Cívicos en Inmuebles Abandonados en colaboración con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República (Udelar), que ha mapeado inmuebles vacíos en Ciudad Vieja, creado una agenda de propuestas de grupos locales y colectivos de economías solidarias, desde emprendimientos pequeños y comercios de barrio hasta la recuperación ecológica para huertas y jardines comunitarios. Dentro de este proceso se llevó a cabo la recuperación asistida entre la IM y colectivos de la ex Casa Lecocq, patrimonio arquitectónico nacional en la zona del Bajo. La denominada Casa de Piedra, cerrada por más de diez años, funciona en la actualidad, luego de un proceso de tan sólo un año, con talleres textiles, cicloficina para la reparación de bicicletas y almacén de productos de economía social y solidaria, expandiendo sus horizontes en la actualidad para mejorar el espacio de la rambla portuaria y las bóvedas junto a otros grupos y habitantes de las cooperativas de vivienda allí presentes.

Durante la pandemia, con la falta de trabajo para pagar los alquileres y las cuotas de las pensiones, se hizo evidente además que la pobreza urbana estaba inserta en el centro de la ciudad, y sin duda en el casco histórico. El Municipio B ha interactuado con las poblaciones migrantes que viven en condiciones de hacinamiento, probando mejorar las condiciones higiénicas en acuerdo con los propietarios y acompañando a las familias en el alquiler por unos meses, apoyando la apertura y el funcionamiento del consultorio contra desalojos de la Facultad de Derecho de la Udelar y posicionando baños públicos e infraestructura para las personas en situación de calle.

Es evidente que hoy el ex Club Neptuno puede significar una infraestructura social clave para una situación social compleja en el entorno inmediato de la Ciudad Vieja, pero también para recuperar un posicionamiento a nivel deportivo nacional e internacional no perdiendo infraestructuras difíciles de construir desde cero. Está claro también que se ha transformado en un edificio emblemático, similar a lo que sucedió con el área contigua al Dique Mauá, en una arena política y social en la que discutir qué forma de construcción de ciudad queremos para Montevideo. Seguir pensando que sólo los grandes inversores pueden ayudar a la administración pública a hacer ciudad es desconocer lo que ya está sucediendo, con otros actores que por sus motivaciones afectivas y colectivas son aliados perseverantes y seguros en buscar las mejorías de los territorios.

El 28 de julio se mantendrá el primer encuentro oficial con varios directores de la IM. Veremos si la voluntad política va en la misma dirección de construcción plural de un proyecto urbano que puede tener un espesor cultural basado en las identidades locales y de los varios colectivos, potencialidades deportivas en sus infraestructuras y trayectorias recientes y formas democráticas de toma de decisiones y gestión colaborativa para su futuro, 1.

Adriana Goñi es doctora en Urbanismo, profesora del Laboratorio de Urbanismo Colaborativo, Departamento de Resiliencia y Sostenibilidad de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.