Conservando privilegios: miradas que permanecen sobre la legislación laboral

Marzo de 2020 trajo varios cambios en la vida de uruguayas y uruguayos. La asunción del Partido Nacional con el apoyo de una coalición y la llegada de la pandemia fueron dos hechos que marcaron la agenda política, económica y social. El mundo del trabajo fue, entre otros, protagonista de esta nueva etapa. El gobierno que asumió trajo al poder una vieja alianza política que integra a los sectores conservadores de nuestro país. Como siempre, la ideología está presente y en general cuando se niega este hecho es porque nos encontramos frente a planteos de derecha. Con ellos volvieron discusiones sobre el trabajo y se profundizó una situación de desigualdad. La clase trabajadora vive una profunda crisis mientras los grandes capitales se benefician de la situación.

Estos discursos y las políticas que defienden tienen antecedentes claros que es interesante rastrear para comprender mejor el presente. Para ello viajaremos a principios del siglo XX, cuando las alianzas políticas que hoy gobiernan y los argumentos antipopulares que hoy se presentan tuvieron su origen. Parece fundamental bucear en el mundo de los que más tienen para entender el problema de la distribución de la riqueza.

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX en Uruguay y en todo el mundo la industrialización, la desigualdad, la crisis social y las condiciones de vida de los trabajadores se tornaron preocupaciones tanto para las clases dominantes como para las proletarias. Se observa el choque entre la lucha obrera por la mejora de su situación laboral y de vida en general con los intereses de las patronales por engordar sus ganancias. Los sectores industriales fueron el gran enemigo del proletariado industrial, que luchó con firmeza por conquistar derechos con mucho sacrificio, los cuales parcialmente se fueron alcanzando. Por su parte, la clase política estaba dividida, pero todos hablaban de la “cuestión social” y evitaban la problemática de la distribución desigual de la riqueza.

El batllismo tomó esta bandera, aunque por momentos silenció la lucha obrera. Mientras tanto, concedía privilegios a los industriales, que junto a los productores rurales y la iglesia formaban la clase conservadora. Estos sectores a su vez coincidían con la derecha política, negaban la crisis social y toda posibilidad de avanzar en los derechos laborales. Profundizar en estos grupos aclara el mapa político y económico a lo largo de la historia, y por esto es importante el estudio de las clases altas uruguayas y su relación con el poder.

Las ocho horas

En 1906, José Batlle y Ordóñez presentó la Ley de Ocho Horas. Las razones y antecedentes de movilizaciones obreras en el marco de la crisis fueron las que llevaron a que la “cuestión” fuera tomada en cuenta por la clase política, seguramente para evitar un levantamiento social. Los alcances de estas legislaciones fueron el medio urbano e industrial. Las exclusiones fueron el medio rural y las trabajadoras domésticas. Durante varios años el proyecto se pausó y modificó.

Mientras tanto, la Comisión de Trabajo y los industriales presentaron sus opiniones. En 1911 se conoció el segundo proyecto. La nueva norma tomaba en cuenta las observaciones realizadas. El texto fue firmado también por Pedro Manini Ríos, dato interesante ya que en 1913 Manini se alejaba del reformismo al crear el “riverismo”. En 1917 se fundaba La Mañana, medio profundamente conservador. En perspectiva histórica, es trascendente ese inicio del riverismo que luego sería aliado del herrerismo y de la iglesia, en contra de las posturas reformistas. Esta alianza se volvió a observar en la historia, y hoy vuelve con la fundación de Cabildo Abierto y la reapertura del semanario La Mañana. Ambos siguen bajo la dirección de la misma familia, y también en alianza con el herrerismo que vuelve al gobierno.

En 1913 se aprobó el proyecto en la Cámara de Representantes y se eliminaba todo lo referente a derechos de las mujeres, menores y día libre cada seis jornales. Recién en 1915 se aprobaba la Ley de Ocho Horas con todas sus modificaciones y en 1916 se aprobaba considerando “[...] las exposiciones presentadas por diversos gremios representativos de industrias, comercio, banca, etcétera”. Tuvo algunos votos en contra, entre los que se encontraban el de Alejandro Gallinal, representante del nacionalismo, y el de los colorados riveristas, con Manini Ríos a la cabeza.

Resistencias: el “informe Rodó” y los industriales

En 1908 se presentó el informe de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes, conocido como “Informe Rodó” por haber sido de autoría principal del diputado y escritor José Enrique Rodó, colorado antibatllista y conservador. En 1908 y 1911 la Unión Industrial Uruguaya (UIU), que integraba industriales y comerciantes, hizo dos encuestas a sus integrantes sobre la novedosa legislación. La segunda se llevó a cabo a sólo tres meses de la huelga general, un hecho inédito en el país. Se ignoraba en la letra escrita lo que era evidente en los establecimientos industriales. Llaman la atención las similitudes de los discursos de estos sectores a lo largo del tiempo, hasta el presente. Las críticas contenidas en el informe y en las encuestas se pueden resumir en los siguientes aspectos:

Contra las ocho horas. La UIU llegó a afirmar que la jornada de 12 horas era “admitida por los obreros sin dificultad alguna”. O que la de las diez horas “sería el horario mejor, tanto para el obrero como para el patrón, y más para el primero que para el segundo”. También se afirmaba que “el elemento obrero es en general tratado con toda clase de consideraciones por parte de los patrones”. Por su parte, el informe Rodó indicaba que las “ocho horas es una conquista ya alcanzada en muchas de las industrias [...] por libre acuerdo entre obreros y patrones. [...] han obtenido, por su propia gestión ó por espontánea concesión del industrial”. Son afirmaciones que no concuerdan con la realidad. Ambos sectores concluían con una advertencia terminal: todo eso llevaría a la rebaja salarial y al aumento de los precios al consumidor. Para la UIU, “el perjudicado en último término sería el que se quiere proteger” y “no habrá por qué pagarles los jornales estupendos que ganan hoy”.

La libertad individual. Una vez más, la libertad, hoy llamada “libertad responsable”, refiere al liberalismo e individualismo que los conservadores pregonaban. Se planteaba que la legislación cortaba la libertad individual; así, lo que podría transformarse en derecho se confundía con libertad. Cada uno decide qué hacer y el Estado no tiene ninguna obligación de dar los derechos que esa libertad otorga. Este tema se repite a lo largo del informe Rodó y de las dos encuestas a los industriales de manera obsesiva. Un falso libre albedrío por el cual cada uno es dueño de su destino. ¿Era una decisión en 1900 cuántas horas trabajar si con ocho no se llegaba a llevar el pan a la mesa? ¿Todos podemos quedarnos en casa hoy y no ir a trabajar como se “exhorta” desde el gobierno?

Por el trabajo infantil. Coincidían en que la protección a menores llevaría a perder un ingreso en los hogares más pobres. Para los industriales “es recargar los gastos de una familia con una ó dos bocas más, que ganando hoy en trabajos livianos (imposibles de dar á un mayor)”. Otros no tenían tabú en reconocer que precisaban “mano liviana y dedos chicos, imposible por su sencillez á los mayores”. También se apeló al papel disciplinador del trabajo: “Será aumentar el número de los holgazanes”. Y se preguntaban: “¿No es preferible que vayan adquiriendo hábitos de trabajo ayudando al sostén de sus familias con sus sueldos [...] á vérseles errar por las calles, vendedores de periódicos, de números de lotería, pendencieros, mal educados, convertidos en verdaderos Garroches? Puedo afirmar que los padres opinan lo primero”.

No se pagaría el día libre. Se daría el día libre pero no se pagaría. El informe Rodó afirmaba que “esta disminución de beneficios será aceptada sin hesitar por la gran mayoría de los obreros, á cambio de poder satisfacer periódicamente una necesidad de libertad y expansión que radica en los más elementales instintos de la naturaleza humana”.

Disciplinamiento. Para los industriales la reducción de la jornada llevaría a los trabajadores a caer en “vicios, tabernas y desórdenes y no ha mejorado en nada su suerte, antes la ha empeorado”. Parece que las clases altas no corrían el peligro de caer en esos excesos que se curaban con trabajo mal pago. Hoy también pareciera que para los gobernantes, pobre es el que no quiere trabajar: el viejo tema individualista del mérito.

Miedo a la revolución. Según la UIU, “serán pocos los legisladores que defiendan las industrias, temerosos de echarse encima la odiosidad de las clases obreras. No dudamos que al obrero hay que mejorarlo, tiene derecho á ello, más bien dicho es un deber, pero no olvidemos lo que decía aquel ministro francés, ‘cuidado con las tiranías de la calle’, refiriéndose á los obreros, ¡y esta ley no es otra cosa que una puerta más que se abre á las tiranías de la calle! Y si no ahí está la ley que aún no está discutida”.

Defensa del capital industrial. Las leyes laborales perjudicarían al capital industrial y el informe Rodó afirmaba que “representa un espíritu de iniciativa y de empresa que concurre al fomento de los intereses generales, afrontando más de una vez la contingencia de la ruina”. Los “malla oro” también tienen su historia.

Reflexiones

La Ley de Ocho Horas fue un gran avance en materia de derechos laborales, aunque era sólo un paliativo. Es un hecho que la lucha obrera precedió a la legislación. La idea de freno a la revolución pudo ser una razón más para legislar. La organización del movimiento obrero, la fundación de la Federación Obrera Regional Uruguaya, la conquista de las ocho horas por algunos gremios y la fuerza de la huelga general así lo hacen pensar. El estudio del proceso que llevó a la reglamentación final de 1916 permite ver quiénes finalmente se vieron incluidos y excluidos en la normativa. Este análisis permite conocer los límites del reformismo batllista.

Las domésticas y la situación de niños y mujeres industriales, que en un principio eran considerados, más tarde fueron olvidados. El pobrerío rural nunca fue un problema a resolver, y no puede pensarse que los propietarios rurales no tuvieran influencia en el poder. De hecho, tanto el nacionalismo como el anticolegialismo votaron contra dichas iniciativas. Resalta la influencia del sector industrial y el poder político conservador en la redacción de las normas, donde se inclinó la balanza hacia las patronales. En definitiva, el batllismo nunca planteó reformas de estructura, nunca se tocó el poder patronal en el medio rural ni la propiedad sobre los medios de producción de los industriales. La consecuencia más importante, y que había sido advertida, fue la rebaja salarial. Una vez más, la crisis la pagaron los pobres. Algunos viejos reclamos recién se lograron un siglo después y bajo las mismas presiones. Otros temas, como la negativa a la intervención estatal para mediar entre patrones y trabajadores, y el derecho de huelga, se ponen en tela de juicio en el presente bajo los mismos argumentos de la libertad individual. El problema no radica tanto en la justificación, sino en quiénes la emplean y en defensa de qué intereses. Y en ese sentido se observa que la discusión de fondo no cambió.

Otra vez la alianza herrerista-riverista-ruralista hace su aparición con la coalición de gobierno. El herrerismo sigue en el mismo partido y familia. El riverismo se encuentra en Cabildo Abierto, con los Manini a la cabeza, y en el Partido Colorado. Y las sinceras palabras del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, al cerrar la Rural de 2020, sobre “pobreza, desigualdad social y distribución de la riqueza” muestran la seguridad de una clase que sigue en el poder. Quizá el Frente Amplio se ubique en un reformismo que durante su gobierno le quedó grande. Los mismos apellidos, representando las mismas ideas y posiciones económicas, se identifican en la política actual.

Hoy, con el avance tecnológico, pareciera que ya es tiempo de discutir nuevamente las condiciones laborales, la duración de la jornada y el valor del tiempo trabajado. Sin embargo, el desempleo y la pérdida de salarios son el camino elegido, junto a un retroceso en el discurso sobre los derechos laborales. Los peones rurales y las empleadas domésticas, quizá por haber sido los últimos en el reparto de derechos, fueron los primeros en sufrir las consecuencias. En 2020, durante la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) y de la Ley de Presupuesto y en el contexto de la pandemia, la Liga de Amas de Casa pidió la congelación de salarios y aumentaron los casos de violencia de capataces contra peones rurales. 2021 nos encuentra con desempleo, rebaja salarial, precarización laboral, criminalización de la huelga y en el transcurso de una ronda de negociación colectiva nada prometedora. Una vez más, la crisis la paga el pueblo.

Los círculos del poder, los sectores conservadores y la derecha nacional perduran en el tiempo y forman parte de las estructuras de nuestra sociedad. Aquí radica la importancia del estudio de los de arriba en la larga duración. Como dijo José Pedro Barrán, “cabría decir que este análisis puede conducir a comprobar cómo era diferente y también parecido, el huevo de la serpiente –el conservadurismo democrático de 1916, el golpista de 1933– a la serpiente de 1973”. Hoy, una vez más, la serpiente asoma.

Ludmila Katzenstein es estudiante de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Este artículo es un resumen de la investigación “Legislación laboral en Uruguay: presiones y resistencias industriales 1906-1916”, presentada en 2020.