La “reforma de las jubilaciones y pensiones” del BPS: sostenibilidad democrática y una propuesta alternativa

Para una generación como la mía (llamada de modo parcialmente justo “de la resistencia”) y las generaciones anteriores que resistieron aún más (desapariciones, asesinatos, prisión, exilio, categorías B y C, destituciones y persecuciones varias), la sostenibilidad democrática de la reforma de la seguridad social es esencial. Este acervo, a la manera uruguaya, está presente también de formas diversas en la juventud a veces menospreciada y, de modo cada vez más relevante y decisivo, en el movimiento feminista. Valga sólo como un ejemplo la reciente recolección de firmas entregadas a la Corte Electoral, para sorpresa de la totalidad del sistema político-partidario.

Agregada la perspectiva democrática, pasan a tener relevancia tres elementos: 1) la Constitución de la República (ninguneada o lisamente olvidada por el think tank del “Comité de Expertos”); 2) los discursos preelectorales, y 3) la opinión del pueblo que debe ser representado. Sobre el primer punto ya hemos escrito y el mandato constitucional no deja dudas respecto de cómo deben financiarse las pasividades. Sobre el segundo punto, importa ahora resaltar que quien resultó electo presidente recorrió el país diciendo que “a aquel que ya está trabajando no [hay que] alterarle las reglas de juego”, sino “estimular a los que están próximos a jubilarse para que alarguen su vida laboral, pero insisto: no es obligatorio, es un estímulo”.² Además, en los dos debates entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez prácticamente no se adelantó una sola modificación sobre seguridad social en general ni sobre jubilaciones y pensiones en particular.

Un presente de espaldas a los discursos preelectorales

La mayoría de los “expertos” de la comisión recomendará el aumento de la edad jubilatoria a los 65 años (seguramente con algunas excepciones y en forma escalonada); es muy probable que por afuera de la “reforma” se intente bajar los montos de los futuros ajustes jubilatorios. Cientos de miles no llegarán a jubilarse nunca o cobrarán jubilaciones mínimas o muy bajas; para estos se busca una solución aún en nebulosa con el llamado “Pilar Cero” –como si ya no existiera algo parecido, muy imperfectamente, con la Asistencia a la Vejez del Ministerio de Desarrollo Social y la Pensión a la Vejez del Banco de Previsión Social (BPS), que deberían rediseñarse y ciertamente transformarse radicalmente–. Habrá que trabajar más, aportar más y cobrar menos. Aún no sabemos si se compensarán las diferencias de género en contra de las mujeres (que se agravan ante la ausencia de una política pública de cuidados sólida). Se “revisarán” las pensiones por viudez, se “revisarán” las actividades bonificadas, especialmente las docentes y otras. Se tiende a “achicar” el BPS y se fortalecerá más aún el régimen de las AFAP.

En particular sobre el régimen del BPS, parecen haber cobrado fuerza las llamadas “cuentas nocionales” como forma de cálculo de la jubilación: es decir, una “capitalización individual ficta”. Al respecto, vale recordar que en 1991 el gobierno de Lacalle Herrera presentó un proyecto así, redactado por el actual presidente de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain, que fracasó estrepitosamente ante la negativa, entre otros, del entonces diputado del propio Partido Nacional Jorge Machiñena, quien sostuvo que con esa propuesta “los jubilados van a tener que salir del cementerio para cobrar su jubilación”. Es decir: una manera presuntamente “novedosa” de rebajar las futuras jubilaciones, al transformarlas (al igual que a lo que generan las AFAP) en prestaciones indefinidas y, por lo tanto, muy inseguras.

La opinión popular ignorada y un impacto económico encubierto

Seguramente como consecuencia de algunos discursos preelectorales podamos explicarnos que ahora 76% de la población esté en contra del aumento de la edad jubilatoria (75% de quienes votaron al actual presidente y 85% de quienes lo hicieron por Martínez). Parece de Perogrullo preguntar cómo se asegurará la sostenibilidad democrática si no se contempla la voluntad de estos amplísimos sectores del pueblo. ¿Qué valor tendrá el deseo de cada trabajadora o trabajador de retirarse a los 60 o de postergar el retiro? Concepto este muy importante –el del deseo de las personas y no la obligación legal– manejado como “opción” en el excelente artículo de Fernando Filgueira en la diaria del 24 de abril “Población y desarrollo: una mirada olvidada y necesaria”.

Debe tenerse en cuenta –además– que para un hipotético trabajador o trabajadora que tuviera la fortuna de registrar toda su vida laboral durante 40 años, trabajar y aportar cinco años más y estar cinco años menos como jubilado o jubilada equivaldría a un impuesto “invisible” de 25% de sus aportes. ¿Qué pasaría en este país si en los próximos Consejos de Salarios la pauta del Poder Ejecutivo fuera la rebaja de 25% del valor real de los salarios? ¿Cuán grande sería la huelga general? ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores no sindicalizados se plegarían? ¿Qué abrumador ruido harían las cacerolas golpeadas en las veredas, los patios y los balcones de las casas?

Una propuesta alternativa

Durante el proceso de “diagnóstico” de la comisión, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social fueron los únicos que presentaron una propuesta alternativa. Fue el 15 de enero ante la propia comisión de “expertos”, obteniendo como respuesta un ignominioso silencio. La propuesta tiene en cuenta las tres sostenibilidades simultáneamente: fortalece financieramente el sistema tomando recursos especialmente del conjunto del capital, contempla las inequidades e insuficiencias sociales del régimen vigente entre generaciones y dentro de cada generación –por ejemplo, eliminando el “diezmo” que se les ha aplicado a los llamados cincuentones y cincuentonas que volvieron al BPS–, representa con humildad a las mayorías populares y elimina el demostrado fracaso de las AFAP, sustituyéndolas sin afectar el ahorro acumulado por las y los actuales afiliados obligados, a través de un régimen de transición (previo a un modelo “ideal” en el que la solidaridad no tenga un precio).

Obviamente, se rechazan todas las modificaciones que impliquen un retroceso con relación a la legislación actual, que ya es mala e injusta, y el conjunto de recortes señalados.

A continuación figuran los principales puntos de la propuesta planteada:

1. Defendemos el trabajo digno, por lo cual reclamamos una fuerte ofensiva del BPS para la formalización de amplísimos sectores que hoy faltan, mejorando la relación activo-pasivo y asociando al BPS con todas sus prestaciones a los trabajadores y trabajadoras en actividad, especialmente a los y las más jóvenes.
2. Defendemos un Primer Pilar potente y justo, que llamaríamos Seguro Solidario Básico Digno, que contemple a los sectores menos favorecidos, a partir de una edad a definir que no podrá superar los 65 años, con prestaciones verdaderamente dignas y no miserables y estigmatizantes, financiado por Rentas Generales. Es decir, una mejora sustancial de lo que existe hoy, transformándolo en derecho de ciudadanía, que a su vez tenga en cuenta los años efectivamente aportados cuando corresponda.
3. Mejoramos el serio problema de quienes tienen dificultades de densidad de cotización y reconocimiento de años reales de trabajo por evasión o elusión de sus patronos, a través de la generalización del llamado “Asunto B” del BPS, en el que prima el principio de verdad material comprobable a través de la actuación de dos cuerpos inspectivos y eventualmente testigos (como admite el Poder Judicial y hasta el propio Saldain en la página 305 de su libro La era de los nuevos viejos).
4. Fortalecemos el Pilar del BPS, de solidaridad intergeneracional, estimulando para quienes así lo deseen la postergación de la edad de retiro como opción –y no como obligación legal– a través de bonificaciones reales en las tasas de reemplazo mejores que las actuales, tal cual lo planteaba Lacalle Pou cuando era candidato (y eventualmente a través de tasas escalonadas de manera inversamente proporcional al sueldo, por tramos de ingreso, mejorando así los topes mínimos y máximos jubilatorios).¹
5. Establecemos el regreso al régimen solidario del BPS a los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos que no estaban obligados a afiliarse a una AFAP con un doble efecto: el beneficio de esos trabajadores y trabajadoras inmensamente perjudicados por las AFAP, debido a sus bajas densidades de cotización que da como resultado rentas vitalicias de diez pesos (sí, diez pesos), de 27 pesos, de 230 pesos, 900 pesos, y cifras parecidas, conforme a datos proporcionados por funcionarios de las propias AFAP, reduciendo así drásticamente la asistencia financiera del Estado al BPS.
6. Mejoramos la situación de quienes fueron obligados a afiliarse a una AFAP por ganar hoy más de 67.000 pesos, manteniendo la titularidad de sus fondos acumulados y mejorando sus futuras rentas vitalicias a través de la eliminación de la comisión que se les cobra mes a mes, por medio de su pasaje de las AFAP (que serán eliminadas), a una administradora estatal (que no es República AFAP sino que funcionará con lógicas diferentes, mediante capitalización colectiva y no individual, con rentabilidades aseguradas, etcétera).
7. En este nuevo sistema, que consideramos “de transición”, dada la actual situación económica, social y política, dicha administradora estatal podrá ser dependiente del BPS o un instituto aparte –altamente profesionalizado– con participación en su dirección de representantes de los trabajadores activos y pasivos comprendidos, y asegurando la estabilidad laboral del actual personal de las AFAP, que será incorporado a esta administradora o eventualmente al BPS.
8. Admitimos un Pilar de Ahorro Voluntario también estatal, especialmente si es de aportación patronal o bipartita, convenida, como en parte sostiene la Organización Internacional del Trabajo.
9. Promovemos la revisión y la eliminación de las exoneraciones de aporte patronal o, en el caso de aquellas actividades en que se justifique que es necesario subsidiar desde el Estado, mantenerlas con cargo a Rentas Generales y no al presupuesto del BPS.
10. Proponemos la reducción o la eliminación de los subsidios vigentes al gran capital, creando otros impuestos, trasladando parte del costo del empleo al notorio aumento de la productividad, la robotización o actividades de altas rentabilidades, posibilitando la rebaja o la eliminación de los actuales siete puntos de IVA (que pagan todos los uruguayos y uruguayas, incluidos los jubilados, las jubiladas y pensionistas y los sectores más pobres de nuestra sociedad).
11. Establecemos la progresiva equiparación de los aportes patronales con los de los trabajadores y trabajadoras, conforme a la experiencia de los países europeos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en plazos que van de diez a 18 años. En el caso de los grandes empresarios, la equiparación será un aumento anual de 0,75% de su aporte, que llegará a 15% dentro de diez años (para tener idea, para un trabajador o trabajadora con un sueldo de 40.000 pesos, el patrono debería aportar 300 pesos más por mes, o sea, diez pesos más por día). En el caso de los pequeños y medianos empresarios a los que no corresponda subsidiar, tendrían tres años de gracia, y luego un ajuste progresivo de 0,5% anual, y llegarían a la equiparación con el aporte obrero dentro de 18 años (también para tener idea, para un pequeño o mediano empresario que tenga un empleado o empleada con 30.000 pesos de sueldo, durante tres años no aumentaría nada, y a partir del cuarto el patrono pasaría a pagar 150 pesos más por mes, o sea, cinco pesos más por día).

Al andar se hace camino: una reforma que mira lejos

En fin, podrá discutirse o no, pero tenemos una propuesta estudiada y en constante actualización. Se creó el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, con absoluta independencia político-partidaria, sin copamientos de tipo alguno, al que se han venido incorporando ya varios sindicatos de influencia nacional, comisiones de defensa que no paran de reproducirse –barriales, departamentales, zonales, en balnearios, etcétera). Estamos ya hermanados con una organización tan querida como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, con su trayectoria, potencia y extensión territorial. Aspiramos a formar parte de la Intersocial, y continuamos estudiando lo que sería nuestro modelo ideal, en el que cada trabajador y cada trabajadora aporte por la totalidad de sus ingresos al BPS, recuperando la solidaridad intrageneracional.

Algunos de estos puntos son compartidos por el equipo de representación de los trabajadores en el BPS (ERT, PIT-CNT) y en lo personal aspiro a que pueda alcanzarse un acuerdo unificado, dada la vasta experiencia y estudios de dicho equipo, y lo fantástico y necesario que sería el apoyo de todo el movimiento sindical.

Es posible volver a inventar un nuevo horizonte. Hay una opción verdaderamente alternativa. Se trata de difundirla y aglutinar vastos sectores del pueblo dispuestos a defenderla y –si es necesario– incorporarla en la propia Constitución de la República a través de un plebiscito, incluyendo aspectos como la solución definitiva al ajuste de las pasividades (eliminando para siempre que vuelvan a ser utilizados como variables de ajuste y asegurándoles como mínimo que nunca perderán el valor real de sus pasividades) y dándoles rango constitucional a algunas iniciativas de la Red Pro Cuidados que contemplen la necesaria dimensión de género. Sólo es cuestión de saber hacia dónde vamos y cuál es el edificio que queremos construir, protegiendo a todo el colectivo al que el BPS debe amparar, haciendo realidad el sabio y profundo pensamiento de don José Batlle y Ordóñez: “En una democracia de verdad, el pueblo no debe conformarse con elegir a sus gobernantes: debe gobernar a sus elegidos”.

Adolfo Bertoni fue presidente de la ATSS y hoy integra su comisión especializada en seguridad social.