Castigo, corrupción y autoridad

Vivimos el fracaso del punitivismo. Desde 1997 Uruguay aumenta las penas en el Código Penal. La Ley de Urgente Consideración (LUC) también recurrió a más de lo mismo. El delito y la corrupción no están tan lejos. Se ha conocido de “fuentes policiales” la denuncia que publicitó Gabriel Pereyra sobre la catadura de los policías retirados que componen nada menos que la guardia de Luis Lacalle Pou. Rodean al presidente.

La comedia de enredos de la fuga de un señor que “comercia drogas en la cárcel pero no es un narco” dejó en situación muy delicada al ministro del Interior Luis Alberto Heber. Ya es una convicción que el señor se fue por la puerta, caminando y con cobertura de malos policías corruptos. Como el número tres de la Jefatura de Maldonado y otros, que demuestran que hay un nido de malos policías enquistados que presionan y van a por todo. Están dispuestos a proteger sus prebendas.

La corrupción no es patrimonio de la Policía. Pero hace mucho daño a la seguridad ciudadana. Se trata de funcionarios con el monopolio del uso de armas para imponer la ley. Insuflarlos de poder otorgando más autoridad es un grave error. La autoridad es del mando político civil.

Es un problema a todos los niveles. En la esfera pública y privada. Acá en Uruguay se ha dado a nivel empresarial, bancario, con abogados, contadores, fiscales y jueces. Con jerarcas políticos a nivel nacional y departamental. Sin divisa.

Como bien señala el ex jerarca de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil, nos solazamos creyendo que el fenómeno en Uruguay es de baja intensidad. En el programa No toquen nada denunciaba la omisión del sistema político para fortalecer los controles. Aunque, aclaraba, la falta de recursos de la Jutep, siendo lícita la denuncia, no puede ser coartada para no hacer nada.

Es necesario advertir que se trata de un fenómeno que ha adquirido gravedad incluso para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por sus repercusiones a nivel económico y de la institucionalidad democrática. Por sus conexiones con el delito organizado trasnacional. OCDE impondrá medidas de sanción a los países, sin duda. Será más exigente que el mandato de la Convención Interamericana contra la Corrupción al que adhiere Uruguay.

Los malos policías

La denuncia sobre el perfil de la guardia presidencial es una muestra de todo lo malo. Inadmisible. Insólito. Lo que se denuncia y quizás también por qué y quiénes lo denuncian ahora.

Hay un nido de malos policías, alguno de ellos responsable de bajar la placa de Julio Guarteche y subir la del torturador Víctor Castiglioni en la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Están enquistados y operan para mantener sus prebendas y poder.

El espíritu refundacional y revanchista contra el Frente Amplio ha impedido incorporar lo bueno de la reforma policial y renovación de cuadros con Guarteche al frente.

Cuando se cree que dando carta blanca al uso de la fuerza de la policía se fortalece la punición, es un gran error. Es una presión de malos policías que justifican la inoperancia. Dentro de ellos, los corruptos que aprovechan la volada. El sindicato policial debería separar la paja del trigo y no defender cualquier cosa. Nuestros sindicatos no defienden ni vagos, ni corruptos, ni ladrones, al decir de Richard Read.

Hay una función que pasa inadvertida: la Policía es la que regula la represión y la delincuencia a nivel territorial. Esto es así por una lógica sociológica que habría que analizar con las herramientas de la criminología, un abordaje científico al que el sistema político no recurre; fruto de la ausencia de una política pública criminal con pretensiones de continuidad. Carecemos de ello. Hubo intentos serios en la administración del Frente Amplio, pero no pudo prosperar suficientemente.

Se trata de descentrar el foco de la seguridad ciudadana y convertirlo en un desafío intersectorial: no puede ser la Policía la depositaria de toda la problemática; es poco eficaz e ineficiente. Se carga a la Policía con temas que deben tener otro abordaje, más integral. No son la punición ni la aplicación de la ley, necesarias por cierto, las que resuelven el tema. Se impone una reforma penitenciaria urgente y una racionalización de los castigos. Es menos caro y más eficaz un buen aparato de penas alternativas con intervención de otras agencias del Estado. En Texas, el estado de Estados Unidos más represivo, cerraron siete cárceles. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit citó esta experiencia, que está por ser Ley Federal en los Estados Unidos.

En entrevista con El País, el criminólogo Nicolás Trajtenberg sostenía: “La evidencia hoy es realmente fuerte de que aumentar las penas no cambia nada. Si uno quiere tener una política más cercana a los gobiernos de derecha en el mundo -sin ser peyorativos-, más focalizada en ley y orden, en combatir la impunidad, entonces, lo que hay que hacer es volcar muchos recursos para que las personas que cometen delitos o quieren cometerlos vean que aumentan las chances de que los vean, los detecten y los castiguen más severamente. Ahora, si aumento las penas pero mantengo intocada la estructura penitenciaria (policía, cárceles, jueces, fiscales), la probabilidad de ser castigado se mantiene igual. No es que meter gente en la cárcel no tenga efecto en el delito, es que no disuade a las personas: los cometen igual independientemente de si la pena es 10 o 20 años”.

Y también: “El gobierno debe demostrar que es distinto a Bonomi. Los delitos bajaron en el mundo por la pandemia. En Uruguay hubo otras causas, el gobierno debe exponer qué cambios hizo en seguridad para demostrar que incidieron”.

La corrupción es un monstruo y pisa fuerte

En Uruguay, “el caso Pan de Azúcar”, como se lo llamó entonces, se centró en la venta del banco a un grupo suizo encabezado por Stephane Benhamou, que lo desfinanció rápidamente. La venta del banco, que el Estado uruguayo intervenía desde 1985, se produjo en 1994, durante el gobierno de Lacalle Herrera (1990-1995). Debido a la falta de controles adecuados, la Justicia procesó con prisión a Enrique Braga, ministro de Economía y presidente del Banco Central en ese gobierno, y también a Daniel Cambón, asesor de Lacalle Herrera, por conjunción de intereses y la recepción de comisiones (el periodista Darío Klein dijo que en 1996 fue amenazado por Luis Alberto Lacalle Herrera por este tema, según publicó la diaria).

Según lo que informó en aquel momento La República, la ex jerarca Rosario Medero -en representación del Partido Nacional- ratificó su oposición a prácticamente todas las acciones adoptadas por el Directorio del Banco Central en el período en cuestión y aseguró en la comisión investigadora por este tema que, en virtud de su actitud, “en muchas ocasiones fui presionada”.

Recordó en ese sentido que votó en forma negativa la compra del Banco La Caja Obrera, y que dejó constancia en actas que “se habían otorgado a los compradores beneficios adicionales a los establecidos en el pliego y en las normas que rigieron el llamado”. Respecto al Caja Obrera, Medero sostuvo que “durante el período de intervención este Banco costó más de US$ 100.000.000 al erario público, a todos los contribuyentes”.

En 1999, el ex jefe regional de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Abel Reynoso, reveló que investigaba una red de lavado de dinero en Argentina, Uruguay y Brasil que involucraba al estudio Posadas, Posadas & Vecino. “Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellos”, dijo en aquel momento Posadas. La metáfora de los cuchillos sirvió para justificar el mal uso de las sociedades anónimas o la creación de las offshore. Esa metáfora la usó recientemente Ramón Fonseca, titular del estudio Mossack y Fonseca, célebre por los Panamá Papers.

Hay otros casos para poner aquí. Nadie está a salvo de aprovecharse de una situación dominante y de poder para beneficio propio. Nadie. No hay ni bandera política, ni título profesional ni oficio que te proteja y prevenga de antemano. Por eso son necesarios los mecanismos de fiscalización y control. Sin doble rasero, nunca. Porque este desafío implica también generar confianza pública y erradicar a nivel social ciertos niveles de aceptación cultural o de inevitabilidad de la “avivada”, el clientelismo y la coima. Eso es autoridad. Autoridad moral.

Milton Romani Gerner fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.