¿Padecemos o no un gran problema de inseguridad en la convivencia pública y también privada? Sí, lo sabemos y nos lastima. Todos los uruguayos lo sabemos. La realidad es tan grave como dolorosa. Principalmente en las circunstancias más dramáticas, irreversibles y extremas, como sucede con los centenares de homicidios. Trátese de la violencia que mata en ámbitos públicos, de la violencia doméstica, intracarcelaria o de la que acontece en otras situaciones. Hubo casi 5.000 homicidios en los últimos 17 años, sin computar las muertes violentas por suicidios o accidentes o las que permanecieron como dudosas.

El acumulado sobrecoge, y no le resta un ápice de importancia saber que el homicidio es la tercera causa de muerte violenta: bastante más atrás de los suicidios (que superaron los 700 por año en 2018-2020, lo que duplicó largamente a los homicidios) y de los accidentes, principalmente de tránsito.

Ahora bien, ¿de qué sirve hacer malabarismos con los números y campañas políticas de coyuntura si esto no modifica la dramática situación? Estimo que de nada productivo.

¿Por qué interrogo de esta manera? Porque si vamos a los números publicados en la página web del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior1 y registramos series largas en materia de homicidios, la realidad lacerante salta a la vista.

Ahora bien, si no hacemos eso y, por ejemplo, comparamos el peor registro anual (2018, con 414 homicidios) con el año del “mejor” registro (2007, con 195 homicidios) la conclusión es demoledora: las muertes por homicidios se incrementaron muy por encima de 100%. Conclusión política rápida y altamente conveniente para las filas del actual gobierno, aunque pésima para la vida de la gente y profundamente frívola dada la angustiosa situación a la que se refiere.

Y si además le agregamos la interpretación de que la caída en los homicidios entre 2020 y 2021 se debe a la ley de urgente consideración (LUC) y a la “autoestima” súbitamente reconquistada por la Policía gracias a la acción de los ministros de gobierno... seguramente tendríamos nuevos candidatos a algún Nobel.

En lo que sigue no abrimos duda alguna en relación con las definiciones2 o las cifras del Observatorio. No tenemos razón para hacerlo. Al contrario, nos felicitamos de que exista.

Tampoco incursionamos en el debate sobre la LUC, aun teniendo en cuenta que en los meses iniciales de la gestión del entonces ministro Jorge Larrañaga se hicieron reiterados anuncios de caída de delitos, todo ello antes de la aprobación de la LUC.

Hubo casi cinco mil homicidios en los últimos 17 años, sin computar las muertes violentas por suicidios o accidentes o las que permanecieron como dudosas.

Ni vamos a considerar la “autoestima” de una Policía cuasi andrajosa, muy a su pesar, y prácticamente desarmada que recibió, entre otras cosas, más de 140% de incremento del salario real durante los 15 años de gestión progresista.

Ni traeremos a colación la diferencia entre la imagen pública, de acuerdo con encuestas, del anterior ministro y del actual.

Ni consideraremos las diferencias de criterio entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía.

Ni las denuncias de la Asociación de los Defensores de Oficio del Uruguay.

Ni el incremento de las “muertes dudosas” durante la nueva administración (suponemos que tienen una explicación plausible).

Ni los impactos de la pandemia, a pesar de que se registró un incremento superior a 10% en los homicidios en la segunda mitad de 2021 con la recuperación de la movilidad.

Ni la gravitación del ascenso del crimen organizado.

Ni el triste récord de 51 muertes violentas en cárceles en 2021 (21 homicidios, 17 suicidios, cuatro accidentes y nueve muertes dudosas) de acuerdo con datos del Comisionado Parlamentario Penitenciario.3

No lo haremos porque no se trata aquí del debate sobre la LUC.

Nos remitimos a los datos oficiales: en el quinquenio 2005-2009 se registraron 1.333 homicidios, lo que da un promedio anual de 266,6. En el siguiente quinquenio, 1.298 homicidios, con un promedio anual de 259,6. En el quinquenio 2015-2019 se computaron 1.649, lo que da un promedio anual de 329,8. Y en el bienio 2020-2021 se contabilizaron 646 (hubo una corrección según fuentes de +4), es decir, un promedio de 323.

Con honestidad intelectual, ¿podemos afirmar que estas cifras dan para echar las campanas al viento?

Enrique Rubio es senador de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio.

  1. https://www.minterior.gub.uy/observatorio/index.php/estadisticas ↩

  2. De acuerdo con el Informe 2012 del Observatorio: “Consistentemente con los criterios que emplean los sistemas de información estadística más antiguos y desarrollados del mundo, la definición de Homicidio que se utiliza en el presente informe (así como en todos los anteriormente generados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior) excluye las muertes causadas por negligencia, suicidio o accidente, así como los decesos que son fruto de actos de funcionarios policiales en cumplimiento de la ley o de acciones realizadas por civiles en legítima defensa (y por las cuales los autores son, en consecuencia, exonerados de responsabilidad penal por las Cortes Judiciales competentes). Para chequear la consistencia de estos criterios con las prácticas internacionales más serias y extendidas, el lector interesado no tiene más que revisar sitios web como el del FBI o el del Ministerio del Interior Británico, por poner sólo dos ejemplos harto elocuentes”. ↩

  3. la diaria, 31 de diciembre de 2021. ↩