Mucho se habla de la importancia de la independencia económica, en términos filosóficos y en el día a día. Georg Simmel, filósofo y sociólogo, ve el dinero como un agente estructurante que ayuda a las personas a comprender la totalidad de la vida. Comúnmente escuchamos decir: “El dinero no compra la felicidad”, un tema aún más polémico, en el cual podemos estar de acuerdo o no, pero el dinero es necesario porque es imprescindible para sobrevivir. Compra alimentación, viviendas, vestimenta, medicación.

En el caso de las personas con discapacidad, la independencia económica es sumamente importante para tener una mejor calidad de vida, desde el nacimiento o la adquisición de la discapacidad. En Uruguay las personas con discapacidad tienen o tenían el derecho a percibir una pensión de aproximadamente 13.000 pesos. En esta prestación entran dos tipos de beneficiarios: personas con discapacidad severa y personas con discapacidad común en situación de carencia de recursos frente a sus necesidades (no es requisito para los casos de discapacidad severa). Este dinero es destinado a la rehabilitación de las personas, a pagar sus estudios, medicamentos, alimentación, vivienda.

En los últimos dos años, el Banco de Previsión Social (BPS) ha presentado retrasos y demoras en la renovación de estas pensiones, además de incorporar más requisitos y trabas de los preestablecidos por ley. En discapacidades severas, donde la carencia no se toma en cuenta, comenzó a considerarse, y quita un derecho adquirido por ley. Además, revisiones médicas comenzaron a quitar porcentajes. En el caso de discapacidades irreversibles, donde la discapacidad no presenta mejoras ni retrocesos, existe una suba del porcentaje de incapacidad a la hora de aprobarse una pensión mayor al 60% de capacidad afectada.

Se promueve que las personas con discapacidad vivan una vida plena, estudien, trabajen, y cuando lo realizan les quitan un beneficio adquirido.

La pensión por incapacidad no sólo es el dinero que se percibe, la prestación otorga otros beneficios como la adquisición de herramientas: bastones, sillas de rueda, férulas, atención médica en dependencias del BPS donde encontramos profesionales traumatólogos, fisiatras, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, y el derecho a ser atendido en una mutualista médica. Los controles sociales que se realizan son extremadamente estrictos, las viviendas no deben tener techo de material, no deben poseer agua potable, luz, cuartos propios para las personas que allí viven. Las personas que se presentan a realizar el trámite no pueden haber realizado una carrera terciaria. Además comenzó a tenerse en cuenta no sólo los ingresos de las personas que allí viven sino de familiares no convivientes.

Termino esta columna con preguntas para el Estado, un Estado totalmente ausente. ¿Quién tiene el derecho a desmentir, a revalorizar una discapacidad severa e irreversible? ¿Por qué familiares no convivientes tienen que colaborar con tus gastos? ¿Por qué los ingresos comienzan a contar en una discapacidad severa? Y llamo a reflexionar acerca de lo que se dice y lo que se hace: se promueve que las personas con discapacidad vivan una vida plena, estudien, trabajen, y cuando lo realizan les quitan un beneficio adquirido a pesar de no alcanzar los topes económicos propuestos. El Estado continúa ahorrando en lo más importante para los ciudadanos: educación, salud, trabajo, seguridad social. Debemos repensarnos como Estado y como sociedad.

Evelyn Marchicio es maestra.