El Frente Amplio (FA) hace bastante tiempo que ha venido perdiendo pisada en el interior del país, y revertir esta situación se ha vuelto uno de los principales desafíos de la fuerza política en el futuro inmediato. Legisladores, referentes nacionales y la nueva dirección nacional liderada por Fernando Pereira han puesto un especial énfasis en la necesidad de revitalizar la fuerza política en todo el territorio nacional, a través de la cercanía y la presencia continua en todo el país. ¿Bajo qué parámetros nos paramos para iniciar este proceso? ¿Qué factores es necesario tener en cuenta?
Detengámonos en el desempeño del FA en las elecciones del segundo y el tercer nivel de gobierno, donde ha habido un retroceso importante del control territorial, lo que es significativo también en términos demográficos y socioeconómicos. En las pasadas elecciones se logró el triunfo en solamente tres departamentos, que fueron Montevideo, Canelones y Salto, se perdieron otros departamentos, como Río Negro, Rocha y Paysandú, por un margen reducido de votos, y en otros tantos el panorama se torna bastante complejo. En un total de nueve departamentos de los 15 que ganó el Partido Nacional, la diferencia fue mayor a 30% con respecto al FA. La consecuencia inmediata de esto es un problema de baja de representatividad, que limita la incidencia política y las acciones de contralor. Un ejemplo de esto último es el hecho de que en las juntas departamentales de nuestro país se precisa una tercera parte de los ediles que componen el Legislativo departamental para activar mecanismos de contralor, como llamar a sala al intendente. Esto se encuentra limitado en diez departamentos, en los que no se logró alcanzar el número de bancas necesarias. Por el otro lado, en las elecciones del tercer nivel de gobierno −que son las elecciones de alcaldes y concejales que componen los municipios− observamos una retracción sistemática del FA, que a la par que ha sumado nuevos municipios en los últimos años ha bajado su participación relativa. En 2010 triunfó en 46,1% de los municipios, en 33% en 2015, y en estas últimas elecciones obtuvo 25,6% de los municipios en disputa.
Las acciones políticas que se tomen para revertir esta situación no pueden estar disociadas de considerar a fondo los profundos cambios que ha tenido el proceso de descentralización y municipalización en el país. El primer gran cambio de las reglas de juego se introdujo en la reforma constitucional de 1996, en la que se produjeron modificaciones significativas en el sistema electoral, entre las que se encuentra la separación en el tiempo de las elecciones departamentales y las elecciones nacionales. El segundo cambio importante del sistema electoral tuvo lugar con la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, de 2009, que dio comienzo a la municipalización. Estos procesos han aumentado la densidad de la institucionalidad democrática del país, creando nuevos ámbitos de ejercicio de la democracia que han ido madurando y consolidándose. Además, han generado una importante valorización de la agenda local. Si bien no hay que olvidar que lo nacional siempre influye en lo local, existe una creciente conformación de experiencias políticas basadas en especificidades territoriales, donde la agenda local y elementos identitarios están íntimamente relacionados con los niveles de apoyo.
Sin embargo, la densidad no se traduce necesariamente en calidad democrática, y el proceso de descentralización tiene defectos a revisar, como por ejemplo las retenciones presupuestarias desde las intendencias hacia los gobiernos municipales en diversos departamentos o la instalación de elaboradas redes de control político-territorial a partir de generar alcaldías a mansalva en diversas localidades de muy baja población.
Existe hace ya unos años el debate sobre si es conveniente permitir o no el “voto cruzado” entre las elecciones departamentales y las municipales. Es algo que no ha generado consenso en el sistema político uruguayo ni mucho menos en la Corte Electoral, que ha desestimado la posibilidad en reiteradas ocasiones. Quienes defienden el “voto atado” −imposibilidad de votar a partidos políticos distintos en la elección municipal con respecto a la departamental− se basan en la idea de que estimular la cohabitación de distintos partidos políticos en diferentes niveles de gobierno termina siendo perjudicial para el sistema de partidos. Este argumento es contradictorio con la propia idea de descentralización. Coarta la libertad del ciudadano de poder elegir con autonomía e independencia a sus gobernantes municipales y departamentales. Es una mala señal que prevalezcan intereses exclusivamente partidarios sobre el interés mayor, que debería ser asegurar la plena descentralización municipal, ampliando e independizando los ámbitos de ejercicio de la democracia.
Se hace camino al andar
Desde su creación, en 1971, el FA, que nació como una fuerza fundamentalmente urbana y metropolitana, ha transcurrido por un largo proceso de nacionalización. Obtuvo en términos electorales y de representatividad su pico máximo en las elecciones nacionales de 2004 y las departamentales de 2005.
Se encuentra instalada una suerte de desnacionalización o retroceso del FA que urge empezar a revertir a través de la inequívoca tarea de amplificar la presencia y la incidencia política en todo el plano nacional.
Actualmente, se encuentra instalada una suerte de desnacionalización o retroceso de la fuerza política que urge empezar a revertir a través de la inequívoca tarea de amplificar la presencia y la incidencia política en todo el plano nacional. Un dato relevante y positivo en este sentido es la buena votación que se tuvo en el interior del país en las elecciones internas del 5 de diciembre. Asimismo, el contexto en que nos encontramos, con el referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración el 27 de marzo, es una parada importante y una buena oportunidad que tenemos para labrar y recomponer la relación con la izquierda social a lo largo y ancho del país.
Fernando Pereira anunció días atrás la creación de la Comisión de Interior, conformada por personas radicadas en el interior del país y liderada por el exintendente de Rocha Aníbal Pereyra. La conformación de una comisión en sí no significa una solución, sobre todo si esta se agota en un mero formalismo. No obstante, la designación de Pereyra al frente de esta responsabilidad es una decisión inteligente y con peso propio; es, también, un buen augurio la reafirmada voluntad de ponderar la cercanía con el territorio. Pareciese, en definitiva, que la nueva dirección nacional empezó con los énfasis correctos. Y, aunque a los partidos para ganarlos hay que jugarlos, genera una sana expectativa comenzar con el equipo bien parado.
Tener presente la heterogeneidad y las especificidades del interior es una clave ineludible. No poner la carreta delante de los bueyes quiere decir, en este caso, no jerarquizar la necesidad de un salto electoral sobre la construcción de un proyecto país inclusivo, potente y de gran alcance. Será la sistematización del diálogo y la presencia de toda la dirigencia nacional, en conjunto con los actores políticos locales de cada rincón del país, lo que hará posible un proyecto de país superador. Y finalmente, será desde el profundo convencimiento de saberse parte de una herramienta colectiva para mejorar la vida de los uruguayos, con todos los uruguayos, lo que determinará el éxito de este impostergable desafío.
Enzo Teliz es militante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio