La prueba de la hegemonía está en su ejercicio. Tal es el caso de Estados Unidos en la actualidad: primero experimentó y demostró en carne propia que el método prohibicionista desencadenaba violencia criminal irrefrenable, y ahora impone “la guerra de las drogas” porque desencadena violencia criminal irrefrenable.

El fin buscado –terminar con la violencia criminal irrefrenable– se transformó en método de la geopolítica de Estados Unidos. Su fundamento ético es que “el fin justifica los medios”, aunque el propio fin, a su vez, sea injustificable.

Este simple ejercicio lógico no es un divertimento formal, abstracto, vacío. Es concreto, está lleno de hechos históricos ocurridos ante nosotros.

Pero, precisamente, no ver lo que está ante nuestros ojos es la prueba del nueve de la hegemonía y para superarla hay que tener la voluntad de hacerlo y, al mismo tiempo, romper mediante el estudio riguroso y la acción tenaz el velo hegemónico que los torna invisibles o irrelevantes.

Es el caso de Uruguay: de su sociedad, sus actores políticos, sus estudiosos.

El ministro Heber propone la guerra

Recientemente, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, estimó que hay que intensificar la “guerra contra las drogas”, creando la posibilidad de que la Policía haga allanamientos nocturnos de “bocas de drogas”, lo que precisa de una reforma constitucional. “Es una herramienta que todo el mundo tiene menos Uruguay”, sostuvo, según recogió en su momento Telenoche.

“La batalla madre contra el crimen es la que se emprende contra el narcotráfico. Allí está el corazón del mal. Genera delito, víctimas, familias desintegradas, etcétera. Hay que volver a discutir la habilitación del allanamiento nocturno; es la bala de plata contra las bocas de droga”, ratificó en declaraciones consignadas por el mismo programa el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria.

La coalición gobernante ha rechazado las propuestas del Frente Amplio (FA) de debatir un “gran acuerdo nacional” para encarar el narcotráfico, manteniendo la línea de su campaña que lo llevó al gobierno, centrada en la crítica sistemática y demoledora al FA por su incapacidad para superar la inseguridad y la violencia.

Naturalmente que al compartir la estrategia de Washington el gobierno de Lacalle Pou se gana sus elogios: “Estados Unidos aprecia la profunda cooperación entre nuestros países. La agilidad con la que la administración de Lacalle Pou hizo posible la extradición de Gerardo González Valencia, un miembro de alto rango en el cártel de Jalisco Nueva Generación, hacia Estados Unidos tras languidecer durante tres años también es producto de renovada energía en el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad en la región”, saludó el embajador estadounidense Kenn George.

Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia, incluido el ascenso vertiginoso de los homicidios, le permite al FA ganar protagonismo al criticar la inexistencia de un plan orgánico que vaya más allá de las medidas puramente represivas.

Los fines no divulgados

Los verdaderos fines de la “guerra contra las drogas” que decretó el presidente Richard Nixon en 1971 salen excepcionalmente a la superficie mediante investigaciones periodísticas.

Dan Baum, periodista de investigación de Harper’s Magazine, que a la sazón preparaba un libro sobre las drogas, entrevistó a John Daniel Ehrlichman, asesor en política interior de Nixon, que declaró: “La campaña de Nixon en 1968, y la administración de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba contra la guerra y los negros. Sabíamos que no podíamos hacer ilegal el estar contra la guerra o a los negros, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar ambas cosas con fuerza, podríamos separar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, hacer redadas en sus hogares, desmantelar sus reuniones y antagonizarlos noche tras noche en las noticias. ¿Que si sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí”.

La geopolítica químicamente pura se manifiesta en el uso arbitrario que hace Estados Unidos de las sanciones a países que le molestan, ya sea por la naturaleza de su régimen, como es el caso de Cuba y Venezuela, o de países que por su situación geográfica cercana al territorio estadounidense pueden llegar a amenazar su “seguridad nacional”.

La historia de más de medio siglo de “guerra contra las drogas” muestra que no fortalece la democracia, ni la seguridad ciudadana, ni la salud pública.

En este caso, actúa para que se aproximen a la condición de “Estado fallido”, concepto que se usa “para describir un Estado que se ha vuelto ineficaz, teniendo solamente un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados (e incluso desarmados) desafiando directamente la autoridad del Estado, una burocracia corrupta e insostenible, e interferencia militar en la política”.

El ingreso de drogas ilícitas a Estados Unidos vulnera su propia normativa, esa que utilizan para aplicar sanciones a países y empresas en forma absolutamente arbitraria. El hecho de que no se apliquen en su caso evidencia que su origen y propósitos no se relacionan con la seguridad ciudadana ni con la salud pública: Estados Unidos no es sólo uno de los principales mercados del narcotráfico, centrado en los afrodescendientes, sino de las “drogas legales”, opiáceos y drogas de diseño, dirigidas a un mercado más pudiente.

Asimismo, resulta al menos llamativo que la conjunción de la Administración de Control de Drogas (DEA), la CIA y las bases del Pentágono y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no logren detener a personas, embarcaciones o aviones que hacen ingresar las drogas ilícitas a Estados Unidos, exitosamente en gran medida.

El reconocimiento oficial de esta insuficiencia inducida lo refleja un documento oficial que sirve “como punto de referencia para los debates políticos actuales en torno a la seguridad fronteriza y los flujos de drogas hacia el país”.

En fin, esta situación torna pensable que el contrabando de drogas ilícitas no sólo sea conocido, sino modulado por el aparato de seguridad estadounidense, fortalecido a escala global, después de los atentados a las Torres Gemelas. O sea, permite inferir que el ingreso de drogas ilícitas a Estados Unidos es un instrumento de esa estrategia.

Y en Uruguay...

El uso probadamente distorsionado que hace Estados Unidos de su estrategia de “guerra contra las drogas” exige, al menos, que Uruguay la estudie rigurosamente antes de implementarla en el país, para no potenciar los males actuales.

La persistencia de la actual forma de encarar al narcotráfico ha multiplicado la existencia y el uso de armas en el país. “En 2021 hubo récord de armas registradas en Uruguay; se regularizó el triple que en 2019. En todo el país hay 606.704 registros; 37% son revólveres; en el litoral se prefieren las armas largas”, informaba una nota de El Observador del 2 de abril de este año.

Los cambios en las normas de sancionar la comercialización de estupefacientes introducidos en la ley de urgente consideración (LUC), que plantean penas inexcarcelables que van de cuatro a 15 años de prisión, tienen una repercusión directa sobre las mujeres. En el caso de las personas que son formalizadas por tentativa o acto preparatorio de ingreso de estupefacientes a la cárcel, en su mayoría mujeres, no se diferencia sustancias ni cantidades.

Por el rol desempeñado por mujeres en la introducción de pequeñas cantidades de droga en sus visitas a las cárceles, ha aumentado el número de imputadas. En 2020 hubo 518 mujeres imputadas por delitos vinculados al tráfico de drogas. 242 de ellas cumplieron su pena en una cárcel, con una condena promedio de cuatro años y cinco meses de prisión. Las 276 que no fueron a la cárcel tuvieron penas aplicadas en regímenes de libertad a prueba y libertad vigilada, que a partir de la LUC dejaron de ser aplicables para estos delitos.

La historia de más de medio siglo de “guerra contra las drogas” muestra que no fortalece la democracia, ni la seguridad ciudadana, ni la salud pública, lo que torna ineludible su pormenorizado estudio y debate en todos los planos y en el conjunto de la sociedad.

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Claudio Iturra es profesor de Historia.