Otra cara del terrorismo de Estado: impactos de la última dictadura en las y los trabajadores uruguayos

La madrugada del 27 de junio una parte importante del movimiento sindical uruguayo nucleado en torno a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) inició una huelga general en contra del golpe de Estado. La respuesta del gobierno de facto fue rápida y pretendió, por un lado, desarticular las organizaciones sindicales que lideraban la huelga y, por otro, generar simpatía en la población en general y en los/as trabajadores/as en particular. Con un esfuerzo de magnitudes y manteniendo la característica actitud de polémica al interior del movimiento sindical, la huelga se sostuvo por 15 días.

Una vez levantada, ya con cientos de militantes sindicales de primera línea y de base encarcelados y clandestinos, comenzó un proceso de difícil y variada reorganización que se sostuvo a lo largo de los 12 años de dictadura civil militar. En este artículo nos interesa compartir algunos hallazgos primarios surgidos de investigaciones desarrolladas en los últimos años, que sacan a la luz algunas experiencias que han quedado invisibilizadas. Asimismo, recoge datos sobre el impacto de las políticas económicas del régimen en la clase trabajadora, que, entendemos, merecen ser mencionados en cualquier análisis que pretenda dar cuenta de las múltiples consecuencias del terrorismo de Estado.

La antesala al golpe: crisis, avance autoritario y un sindicalismo activo

Las consecuencias de la crisis económica iniciada a mediados de la década de 1950 se fueron agudizando a lo largo de los 60 y primeros años de los 70. Esto significó una marcada caída del salario real, el aumento del desempleo, el empeoramiento de las condiciones laborales y de vida, así como la emigración económica.

Para los primeros años de los 70 el movimiento sindical nucleado en torno a la CNT había logrado posicionarse en la escena pública como un actor protagónico. Aplicando distintas tácticas, lograba resistir al avance de la implementación de medidas de tinte liberal acompañadas por la creciente represión. Luego del pico de movilización sindical entre 1968 y 1969, y el reflujo de 1970 y 1971, en 1972 el sindicalismo cobró una vigorosidad que ha quedado opacada por la espectacularidad de las acciones guerrilleras desplegadas en ese año y la subsecuente avanzada represiva que terminó con la práctica desarticulación del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

En 1972 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto diseñó un Plan Nacional de Desarrollo (PND) a ejecutarse en los siguientes cinco años. Sus propuestas partían del presupuesto de que la causa del estancamiento era el intervencionismo y el proteccionismo estatal, lo que incluía las políticas de seguridad social, parte importante de lo que se define como salario indirecto.

Inmediatamente, se reveló una marcada caída del salario real que fue respondida por la CNT y organizaciones fraternales con importantes movilizaciones que evidenciaron que el sindicalismo se mantenía activo reclamando mejoras salariales y la liberación de los presos sindicales. En este contexto, se volvió a barajar la posibilidad de reglamentar la actividad sindical.

Frente a la crisis institucional de febrero de 1973, la CNT ratificó su decisión (tomada durante su proceso fundacional) de entrar en huelga general ante un golpe de Estado. A lo largo de los meses siguientes, sobre la base de las (relativas) esperanzas puestas por la mayoría de la CNT en el contenido “peruanista” de los comunicados 4 y 7, firmados por los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, estos dos actores mantuvieron instancias de diálogo que se agotaron cuando los militares manifestaron que, si bien entendían justas las propuestas obreras, el sindicalismo no tenía potestad de involucrarse en asuntos políticos.

La huelga general comenzó la misma madrugada del 27 de junio, día en que se informó de la disolución del Parlamento. El 30 de junio fue ilegalizada la CNT y requeridos sus principales dirigentes, que pasaron a la clandestinidad o fueron capturados. En ese contexto, se organizó un comando de huelga que buscaba coordinar las acciones que se sostuvieron; también sobre la base de organizaciones territoriales que daban resguardo a los huelguistas que ocupaban distintos lugares de trabajo.

El 4 de julio el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 518/73, habilitó el despido sin indemnización “por notoria mala conducta” en la órbita pública y privada. Esto facilitó la persecución de los huelguistas por parte de las patronales, así como la eliminación de mano de obra “improductiva”, como personas próximas a jubilarse y con problemas de salud.¹ A partir de entonces, distintos sectores de trabajadores fueron levantando la huelga. Sin embargo, el 9 de julio se llevó adelante una importante movilización en el centro de Montevideo que fue duramente reprimida. La huelga general fue levantada el 11 de julio para pasar a “otras formas de lucha”. Algunos sindicatos entendieron que había condiciones para mantenerla y que esta no se podía levantar sin condiciones. Les preocupaba especialmente la situación de los presos sindicales y los destituidos.

Reestructuración económica, disciplinamiento y resistencias

A lo largo del período estrictamente dictatorial lo que quedó de sindicalismo funcionando legal o clandestinamente buscó adaptarse a las reglas que fue imponiendo el régimen. Por ejemplo, en agosto de 1973 se promulgó el decreto 622/73 que convocó la conformación de “sindicatos gremiales”. Esta norma era sumamente restrictiva y pretendía controlar el funcionamiento sindical; también sirvió para recolectar información respecto de aquellas personas que estuvieran dispuestas a formar parte de una organización gremial de trabajadores. La CNT clandestina debatió respecto de hacer frente a este decreto y acordó lanzar una campaña por la “reafiliación sindical” que fue apoyada por algunos sectores laborales. Finalmente, la norma fue desconocida, ya que, según autoridades del régimen, la iniciativa había sido cooptada por la “subversión”. En 1977 se dio una situación similar con la convocatoria a la conformación de “comisiones paritarias” para tratar asuntos laborales.

En un contexto de intensa persecución a la militancia sindical y política fueron pocas las organizaciones sindicales que pudieron funcionar durante todo el período. Las que lo hicieron fue de forma sumamente limitada, puesto que una de las banderas del gobierno civil militar era que las negociaciones obrero-patronales pasarían a desarrollarse por empresa y limitadas a asuntos estrictamente laborales, prohibiendo los planteos de tipo político (lo que era arbitrariamente interpretado según la circunstancia). Además, aquello que se acordara entre las partes debía ir en consonancia con la política general del gobierno, por lo que si había un incremento salarial por encima de lo planificado, se desconocía.

El último intento de paro general durante la dictadura habría sido el de diciembre de 1974.² El 10 de octubre de ese año el Sunca llevó adelante un paro de 24 horas con una “camionada” que recorrió distintos puntos de Montevideo. La plataforma se centraba en reclamos salariales y la defensa de la ley de unificación de aportes de la industria de la construcción votada en 1971 y que el gobierno civil militar amenazaba con derogar. Esta medida fue respondida con una cadena de radio y televisión del presidente de facto, Juan María Bordaberry, la ilegalización del sindicato y el pedido de captura de sus dirigentes. Esta reacción del régimen ante un paro sectorial habría hecho que la CNT clandestina decidiera suspender el paro previsto para diciembre.

A partir de 1975, se desarrolló una oleada represiva intensa orientada a desarmar lo que quedaba en funcionamiento de distintas organizaciones de izquierda ilegalizadas. Parece que esto impactó significativamente en la posibilidad de funcionamiento de la CNT clandestina, que habría pasado a realizar acciones a una escala micro.

Los relatos sobre el accionar colectivo de los trabajadores han abonado lo que se podría denominar como tesis de la “inmovilidad” sindical. Sin embargo, esta no se sostiene si se tiene en cuenta una serie de acciones diversas como denuncias ante las autoridades, reclamos en los lugares de trabajo, reparto de publicaciones clandestinas, actos de sabotaje, celebración de fechas emblemáticas para el movimiento sindical como el 1o de mayo o el día de los mártires de la industria de la carne.³ A su vez, hubo organizaciones sindicales que desde la huelga general expresaron su apoyo al gobierno de facto y se mantuvieron en funcionamiento, incluso, representando a Uruguay en reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas organizaciones también supieron presentar reclamos laborales ante el gobierno y las patronales.

Diversas medidas implementadas a lo largo del período dictatorial contribuyeron en la reestructuración de la economía uruguaya, desarticulando finalmente el limitado entramado productivo y comercial configurado durante el período de industrialización por sustitución de importaciones. Así, dos grandes sectores industriales impulsados en aquel entonces, como el frigorífico y el textil, fueron transformados, sustituyéndose la producción en grandes establecimientos fabriles por unidades de producción más pequeñas con una mayor incorporación de mujeres, jóvenes y una población empobrecida. Toda esta más propensa a aceptar peores condiciones laborales y salariales en un contexto de carestía. Asimismo, se modificaron estrategias de contratación de los trabajadores estatales y se comenzaron a privatizar algunos servicios hasta entonces ofrecidos por el Estado. En 1977 se decretó el Acto Institucional Nº 7 que facultaba al Poder Ejecutivo a despedir a cualquier funcionario público sin alegar razón, causa ni pretexto. Esta norma permitía, entre otras cosas, indagar a las personas aun después de haber ingresado a la administración y, eventualmente, despedirlas.

Por otra parte, creció el sector terciario (especialmente, el financiero), el pesquero y la construcción, mientras que cayó la producción agropecuaria.⁴ La política aperturista al mercado internacional conllevó un aumento de las exportaciones con déficit en la balanza comercial, ya que las importaciones eran superiores. Como consecuencia de la falta de negociación colectiva y las dificultades para el accionar sindical reivindicativo, hubo una caída sostenida del salario real, pasando a la mitad entre 1973 y 1985, lo que se sumaba a la caída del período anterior.

A esto debe agregarse el aumento de la accidentalidad laboral, que fue reconocido por el propio régimen. La falta de garantías para los reclamos laborales, las dificultades para conseguir un empleo, la incorporación de mano de obra sin experiencia en tareas especializadas y el multiempleo contribuyeron a que las patronales tuvieran mejores condiciones para aumentar la productividad del trabajo con la trágica consecuencia de muertes por accidentes laborales y mutilaciones que incapacitaban a los trabajadores. Las marcas de este empeoramiento en las condiciones de trabajo continúan hasta el presente. Se observan en los cuerpos de trabajadores y trabajadoras que padecen enfermedades crónicas producto de la falta de implementos de seguridad laboral (contacto continuo con productos tóxicos y falta de equipos adecuados, por ejemplo) y el aumento de la explotación (realización de tareas inapropiadas para el tipo de capacitación, jornadas de trabajo extendidas por el cumplimiento de horas extra o multiempleo).

En síntesis, la dictadura civil militar tuvo como uno de sus ejes fundamentales el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Para ello era necesario quitar del medio al sindicalismo que se autoidentificaba como clasista, entendido por el gobierno civil militar y sus promotores como un “agente externo” que operaba para dañar la unidad nacional. Desarticulado el sindicalismo cenetista y fraternal tal como se había configurado a lo largo de los 60, el conflicto capital-trabajo se siguió expresando de múltiples formas, puesto que las consecuencias de la implementación de políticas tendientes a la mayor explotación de la fuerza de trabajo se volvían insostenibles. Detrás de esas acciones estuvo el sindicalismo cenetista y fraternal clandestino, las organizaciones que, como la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay y Acción Sindical Uruguaya, no fueron ilegalizadas, la CNT en el exilio, pero, sobre todo, los y las trabajadoras que, de forma recurrente a lo largo de la historia, han resistido la explotación capitalista expresada de forma extrema tal como se habilitó con la práctica del terrorismo de Estado.

Jazmina Suárez es estudiante avanzada de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (Udelar). Sabrina Álvarez es docente e investigadora en la Udelar.