Las condiciones de los migrantes en Reynosa, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, se han deteriorado drásticamente en las últimas semanas. Miles de personas siguen llegando con la esperanza de una oportunidad para solicitar refugio en Estados Unidos y que el Título 42 sea finalmente derogado. El Título 42 permite actualmente al gobierno de ese país utilizar la pandemia de covid-19 como pretexto para expulsar inmediatamente migrantes que ingresan de manera irregular, sin el debido proceso, incluso si se trata de solicitantes de asilo.

Las actuales políticas migratorias de Estados Unidos y México criminalizan a los migrantes, provocando crisis humanitarias en lugares fronterizos como Reynosa. Las personas que migran buscan protección y, en cambio, se enfrentan a duras condiciones climáticas, a falta de acceso a los servicios básicos y a un estado de inseguridad constante. No hay más espacio en los albergues, por lo que muchos viven en la calle.

Ciudades fronterizas como Reynosa se han caracterizado por mantener altos índices delictivos. Durante junio hubo un incremento en la tensión entre grupos de delincuencia organizada rivales. Esto conlleva riesgos aún mayores para las personas ya vulnerables.

Médicos sin Fronteras es una de las pocas organizaciones que aún trabajan en Reynosa. Actualmente hay unas 3.500 personas viviendo en los albergues donde trabajamos. Sin embargo, no tenemos una estimación exacta de cuántos inmigrantes viven en los alrededores y en las calles.

Por ello, hemos aumentado la capacidad de nuestros equipos añadiendo personal médico y logístico, así como medicamentos y suministros líquidos. Proporcionamos asesoramiento médico y psicológico, suministramos kits de hidratación, agua potable y apoyamos con trabajo social.

A pesar de nuestros esfuerzos por ayudar al mayor número posible de personas, estamos desbordados por el número de migrantes que buscan protección. El número de personas que necesitan nuestros servicios no deja de aumentar, al igual que las dificultades a las que nos enfrentamos, sobre todo para atender a las personas que viven en la calle.

Tratamos las enfermedades respiratorias, las infecciones gastrointestinales, cutáneas y las dolencias ginecológicas. El número de consultas de mujeres embarazadas es especialmente alarmante: se ha triplicado en las últimas semanas. Lo mismo ocurre con el número de consultas de niños menores de cinco años. En cuanto a la salud mental, los síntomas relacionados con el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, el duelo o la pérdida y la depresión están muy extendidos.

Es necesaria la cooperación de actores de gobierno e internacionales para garantizar dignidad y seguridad para migrantes y refugiados, porque buscar protección y seguridad no es un delito.

Nos preocupa el limitado involucramiento de instituciones y organizaciones de Naciones Unidas. Hemos mantenido comunicación para visibilizar los desafíos que nos representa proveer atención médica a esta población y hacer un llamado para colaborar en disminuir la crisis aguda de las personas migrantes en esta localidad.

Aunque sabemos que nuestros esfuerzos se encuentran limitados ante el volumen de población migrante y sus necesidades en salud, nuestros equipos mantienen el foco en identificar los casos de mayor vulnerabilidad, brindar atención y realizar referencias oportunas al sistema público.

Hemos tenido casos de mujeres embarazadas que no habían recibido ninguna atención previamente, incluso ya avanzado su embarazo.

Para muchos pacientes esta es la única oportunidad para recibir atención en salud, y no debería ser así.

La criminalización constante presente en los discursos y prácticas gubernamentales hacia la población migrante ha provocado contextos más riesgosos para las personas que se ven obligadas a huir.

Es esencial reconocer que son las condiciones políticas y económicas globales actuales las que impulsan la salida masiva de personas de su lugar de origen, y que mientras esto no mejore, es responsabilidad de los gobiernos proveer seguridad y bienestar para estas personas que buscan proteger su vida.

Las personas migrantes representan una oportunidad para el crecimiento del país de tránsito y recepción, no una amenaza. Es necesaria la cooperación de actores de gobierno e internacionales para garantizar dignidad y seguridad para migrantes y refugiados, porque buscar protección y seguridad no es un delito.

Anayeli Flores trabaja como responsable de asuntos humanitarios de Médicos sin Fronteras en México.