Cuando el actual Consejo de Formación en Educación (CFE) asumió en 2020, al inicio de la emergencia sanitaria, la realidad de la formación en educación presentaba una innumerable cantidad de aspectos a resolver. El contexto de pandemia y la materialización de las modificaciones en torno a planes de estudio y estructura académica, suponían un escenario novedoso y posibilitador para iniciar un recorrido político-académico que arribara en un mediano plazo al estatus universitario de la formación de los profesionales de la educación.

Recordemos que la idea de formar “profesionales en educación” no es azarosa sino intencionada, superadora y ampliatoria de la tradición de formación de “docente”, que conlleva el ensanche de las propias nociones de pedagogía y educación en consonancia con la Ley General de Educación y las realidades educativas actuales.

La modificación del Capítulo XIV del Estatuto del Funcionario Docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la aprobación de nuevos planes de estudio para todas las carreras y especialidades por parte del propio Consejo y la creación de nuevas figuras en la estructura académica, suponían una línea de base para la transformación de aspectos institucionales y formativos que históricamente asumían lógicas al menos similares a las de los subsistemas responsables de otros niveles educativos.

Si bien los esfuerzos de los colectivos implicados en la formación de los profesionales de la educación no llegó a buen puerto respecto a la creación de la Universidad de la Educación, imposibilitada por posicionamientos políticos y académicos medianamente explícitos e intereses inconfesables, las modificaciones antes mencionadas contenían, en espíritu, una tendencia programática de establecer una lógica de carácter universitario para las formaciones albergadas en el CFE.

Ese escenario, que para nada asumimos como ideal, contempló entre otras cosas la reivindicación y la institucionalización de la investigación y la extensión como funciones de ineludible desarrollo como elementos constitutivos de una identidad profesional de carácter universitario, a la vez que desarrolló concursos docentes de oposición y méritos que valoró la formación y las propuestas de los consursantes por encima de la antigüedad.

Lo que se planteaba como avances para la formación de los profesionales y, por ende, en la profesionalización del campo educativo nacional, fue diluyéndose o simplemente desapareciendo con las distintas resoluciones que se produjeron a partir de la asunción de las nuevas autoridades políticas del CFE. Resoluciones que en la mayoría de los casos desconocieron, sino negaron, los procesos que se venían llevando adelante, en la pretensión de ser inauguradores de un nuevo tiempo de la formación, que pretende ser avalada por un proceso de farsa participativa que da la espalda de los diferentes colectivos involucrados.

El cambio de rumbo planteado por las nuevas autoridades, en el marco de propuestas más generales para el desarrollo de la política educativa, suponen no solo un retroceso en los procesos iniciados, sino un verdadero desmantelamiento de todo elemento de base hacia una institucionalidad universitara.

Entre otras tantas resoluciones adoptadas por este Consejo podemos enumerar cuatro que consideramos relevantes en ese sentido:

1. Poner en suspenso la aplicación de la modificación del Capítulo XIV del Estatuto Docente

En julio de 2020, a poco de haber asumido, las nuevas autoridades pusieron en suspenso de forma “transitoria” la aplicación de las modificaciones del Capítulo XIV del Estatuto Docente aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP en 2019. La transitoriedad establecida en la resolución, sin embargo, aparece a dos años de adoptada como algo definitivo. Lo que suponía un cambio significativo en la organización de grados y cargos docentes desde una perpectiva académica acorde a una institución de educacion superior, ha quedado definitivamente desestimado a favor de una lógica organizacional reaccionaria que valora la antigüedad en el sistema por encima de la formación para ocupar los cargos docentes. De esta forma, es inconcebible ir hacia una estructura académica de “calidad”, como se esboza en varios de los documentos presentados por el propio CFE.

2. Supresión de la estructura académica existente.

La resolución adoptada a fines del año pasado de cesar a todos los coordinadores académicos del Consejo supuso el desmantelamiento de la estructura existente hasta febrero de 2022. Si bien es reconocible que dicha estructura era absolutamente perfectible y poseía una cierta fragilidad en su conformación, es irrefutable que no hay posibilidades de construir una institucionalidad de educación superior sin la existencia de dispositivos académicos que la sostengan y desarrollen.

Tanto los institutos como los departamentos académicos creados a partir de 2016 en consonacia con lo planteado en el Plan Nacional Integrado de Formación Docente de 2008, así como los generados con la incorporación de nuevas formaciones (Educación Social y Maestro en Primera Infancia) a la órbita del CFE, se encuentran al día de hoy absolutamente desarticulados o al menos significativamente disminuidos respecto de su conformación inicial. Nuevamente, se desconoce el trabajo que se venía llevando adelante por estas estructuras en la conformación de las distintas carreras, dejando al margen el acopio de cada departamento que formaba los diferentes institutos académicos.

Esto supone un gobierno de la oferta formativa que únicamente se realiza desde los estamentos decisores del gobierno político de la institución, sin que la participación técnico docente, propia de la racionalidad académica, sea un elemento significativo a considerar en la toma de decisiones. Se deja, además, un escaso margen para la participación, la discusión y la toma de decisiones que cada formación deber dar a la interna del CFE según su especificidad, que tiende a licuarse bajo las cuchillas de la homogenización que pierde potencia formativa al transformar las diferencias en desigualdades a la interna del sistema. Ejemplo de ello es una reciente resolución en relación a los requisitos para los concursos de dirección y subdirección de los centros de formación del CFE.

3. Inicio de un nuevo proceso de elaboración de un nuevo “diseño curricular de las carreras de grado de Formación en Educación”

El inicio de este nuevo proceso con aires inaugurales supone:

a) El total desconocimiento de iniciativas anteriores que involucraron a todos los actores institucionales e implicaron un incontable volumen de horas de dedicación.

Durante el período 2015-2019, los diferentes actores del CFE acordaron aspectos neurálgicos para la elaboración de los planes de estudio de las diferentes formaciones y especialidades del CFE, los que fueron aprobados por ese Consejo en 2019. Fue un proceso que se llevó adelante a partir de varias discusiones, en el que los colectivos elaboraron los documentos que forman parte de los planes hoy recónditos.

Los planes aprobados se construyeron en base a una matriz universitaria para la formación en educación, que establecía, entre otros aspectos: la creditización de las carreras; la existencia de tres trayectos formativos (equivalente, específico y didáctica-práctica); la implementación de un trabajo final de grado para todas las formaciones; la incorporación de trayectos de cursada flexibles y autónomos (optativas y elegibles) para todas las carreras; y la aparición de espacios curriculares de investigación y extensión a lo largo de la formación. Estas dos últimas características de la propuesta universitaria eran entendidas como pilares de la estructura académica.

En oposición, esta nueva administración concibe en los documentos presentados una mirada de la extensión y la investigación llena de omisiones, liviandades e incongruencias.

b) Basar el desarrollo del proceso en un documento poco claro y siempre transitivo, denominado “Propuesta de transformación curricular para la formación de grado de los Educadores” que, además de presentar múltiples inconsistencias de índole teóricas, atenta contra las bases de la honestidad académica.

El documento no justifica ni explicita la pertinencia de la reforma curricular que pretende promover y basa su implementación en aspectos coyunturales como la pandemia. Como elemento central para el cambio remite a datos estadísticos como los de ingreso-egreso, sin hacer de ellos un mínimo análisis y da por hecho que son el reflejo o tienen como única causa el diseño curricular de los actuales planes de estudio.

Tampoco el documento presenta evaluaciones de la implementación de los planes actuales y mucho menos analiza las falencias que estos pudieran llegar a tener o identifica sus aciertos. A su vez, no contempla las diferentes formas que los estudiantes tienen de llegar a la formación en educación ni las diversas características que traen consigo. Tampoco trae a escena a los destinatarios de las diferentes formaciones que el CFE ofrece, ni contempla la realidad del campo educativo.

El documento, que es poco preciso en la definición de los trayectos formativos, fundamentalmente en el de lenguajes diversos incorporados, también suprime los trabajos finales de egreso de las diferentes carreras, incluyendo a aquellas que ya los tenían previstos en los actuales planes de estudio. Finalmente, entre tantas otras críticas al documento, queremos destacar que la ponderación y centralidad que da a la práctica pre-profesional en términos conceptuales se borra de un plumazo, ya que desaparece de la malla curricular todo componente asociado a ella en primer año de todas las formaciones.

4. Reelaboración de bases y criterios para la realización de nuevos llamados.

Las bases, pautas y modalidades de los diferentes llamados realizados en el período 2015-2019 también se fueron modificando hacia una matriz anterior. Las pautas de evaluación de los llamados abreviados hasta el último concurso realizado por el CFE para proveer los cargos de dirección y subdirección de sus institutos y centros parecieran volver a reivindicar el paso del tiempo laboral por sobre la formación de sus docentes. La ponderación de la antigüedad (poseer Grado 4) o los cargos ocupados, incluso en otros subsistemas, son priorizados al punto de convertirse en requisitos excluyentes para la postulación a este último llamado.

Resulta al menos señalable que el concurso se establezca únicamente como de oposición y que se evalúe a los postulantes en base a tres pruebas que emulan a las desarrolladas en otros niveles del sistema educativo. Entendemos que esto va en desmedro las necesidades académicas de toda institución de enseñanza superior. Para la mejor formación de nuestros profesionales en educación es imprescindible contar con directivos y docentes en constante formación e involucrados en proyectos de investigación y extensión.

Si bien desde la aprobación de la Ley General de Educación en 2008 no se dieron los avances necesarios para acercarnos definitivamente a la creación de la Universidad de la Educación, el conjunto y las diferentes resoluciones que el CFE ha venido tomando dan muestra de que el escenario podía transformarse en uno decididamente peor al de 2019.

En apenas más de dos años de actuación, el accionar de este Consejo ha socavado los avances generados, a partir de un hacer institucional que desconoce interlocutores, desbarata estructuras y gobierna incluso desde el total desconocimiento de la oferta educativa que gestiona.

En un escenario de alta complejidad, que excede los elementos presentados, entendemos se requiere de mucha claridad en las acciones que se presentan y se deben dar pasos firmes si verdaderamente se quiere llegar a una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada, pero por sobre todas las cosas que haga lugar a las diferencias para construir unidad en la acción.

Finalmente, parece necesario que los no decisores de la política tomemos la palabra ante tanto silencio remunerado y saludar a los estudiantes que, como ha sido de tradición en nuestra formación, no claudican en la lucha.

Los autores son docentes del Departamento Académico Prácticas Educativo Sociales de la Carrera en Educación Social del CFE.