La (des)conexión organizacional

En ocasiones, términos como “eficiencia”, “resultados” o “gestión” son emparentados con una posición ideológica; ello representa una falacia que es fundamental desandar. Un Estado más moderno, capaz y ágil debe ser una bandera de quien pretenda ejecutar políticas públicas de calidad. Si no se asume un completo acoplamiento a los sistemas de gestión de la información seguiremos abrazados al fracaso en hacer un Estado más productivo.

Esta modernización implica redistribuir recursos de manera efectiva, sea hacia sectores socialmente vulnerables, sectores productivos más dinámicos e innovadores o grupos específicos de la población que lo requieren. Un Estado lento, ineficaz y poco transparente privilegia los intereses de grupos corporativos que se benefician de ese statu quo. Además, es más vulnerable a argumentos privatizadores.

En cambio, con capacidad estratégica, servicios con altos niveles de personalización y automatizaciones centradas en el ciudadano se genera el marco ideal para la legitimación de las instituciones públicas.

Por eso, la modernización o reforma de la gestión pública es un pilar imprescindible para implementar políticas de forma efectiva. Frente a la instalación de la desconfianza hacia la función pública es fundamental rescatar, pero principalmente revitalizar, el rol del Estado como agente clave para el desarrollo.

En el marco de reformas administrativas, la construcción de objetivos y el camino para lograrlos debiera asumir la participación de los funcionarios. No significa integrar el directorio o establecer más privilegios, sino instrumentar procedimientos organizacionales en los que ellos y ellas participan en las decisiones de cuestiones operativas, fortaleciendo la cohesión con los objetivos de la institución.¹

Las prácticas que incluyen con fuerza el rol de los trabajadores tienen una gran presión (para no fracasar) por construir estructuras tecnocráticas donde la movilidad debe estar sustentada en la meritocracia. Se hace imprescindible el uso de instrumentos para identificar y valorar, cualitativa y cuantitativamente, el funcionamiento de la organización.

La evaluación responde a múltiples indicadores, a saber: evaluaciones recíprocas, entre compañeros, a jerarquía/s y autoevaluación. Algunas también que no están directamente relacionadas con aspectos de eficiencia y eficacia tales como calificaciones del ambiente biofísico, en el contexto de evaluaciones de méritos clásicas. Todo esto como parte de un enfoque global del rendimiento.

Es por esto que se plantea la fusión de dos conceptos fundamentales: 1) la gestión del conocimiento de los integrantes de la organización y, durante el transcurso de esto, 2) moldear los valores de la institución, poniendo acento en aquellos aspectos subjetivos del control de los recursos humanos tales como la motivación intrínseca y la satisfacción laboral como objetivos dentro de las políticas de RRHH. La meta es el empoderamiento de los ambientes de trabajo como constructor de compromiso organizacional.²

Este sistema de evaluación debe ampararse en la obligatoriedad y tener garantizada su aplicación, ya que la misión es compensar las atribuciones de poder sancionar (suspensión, destitución, etc.) que se le debería dar a los gerentes y/o líderes de las instituciones, buscando construir mecanismos que den garantías para evitar arbitrariedades político partidarias.

Para evitar destituciones arbitrarias la sanción debe ser reafirmada intercalando períodos de gobierno. Las cacerías de brujas partidarias son extremadamente dañinas en la convivencia entre partidos y suelen ser injustas a la hora de juzgar los aportes que hacen los funcionarios a la organización. Y convengamos que la inamovilidad intenta resolver este problema, pero es como usar una motosierra para matar un mosquito.

La visión negativa de la sociedad hacia el funcionario estatal tiene varias aristas, pero la más repetida es: “pueden hacer lo que quieran, no los echan”. Esto último puede ser verdad, pero también es importante defender al que únicamente movido por el compromiso deja muchas horas dedicadas a la mejora de las tareas que le competen al Estado y levanta las instituciones en sus hombros. A la vez, nos recuerdan que no se puede depender únicamente de ese perfil de personalidad, por ellos y por el funcionamiento del Estado.

El efecto de la inamovilidad sin lugar a dudas es un aspecto fundamental en la interpretación de la cultura organizacional del Estado. Por eso, se debe pensar con delicadeza la gestión de las mediciones del efecto global de rendimiento, es decir, la posible destitución. De hecho, ya contamos con una figura institucional³ que puede asumir la legitimidad de proveer, con relativa imparcialidad y transparencia⁴, la certificación de dichas evaluaciones.

El desafío es cómo gestionamos toda la información que necesita la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para corroborar la decisión de las muchas y distintas organizaciones públicas. Es necesario configurar objetivos hacia elementos cuantificables y por lo tanto medirlos.

Las herramientas para realizarlo ya existen, pero requiere de nivelar la aplicación de tecnologías de la información en el Estado. En términos prácticos requiere, previamente al desarrollo informático, plasmar en mapa los flujos de los procedimientos de todas las tareas de cada organización.

Entiéndase: los mapas de procesos son el equivalente de una partitura musical para realizar la colosal idea de tener un Estado inteligente y al servicio de las personas. Claro está que la música que provoca esta idea no alegra todos los oídos, establecer “buenas prácticas” de la gestión hiere de muerte o elimina completamente posiciones de poder al interior de las organizaciones.

Las preguntas que se deben politizar son: ¿Qué opción producirá el mayor bien y hará el menor daño? ¿Qué opción respeta mejor los derechos constituidos a partir de las instituciones? ¿Qué opción hace que los bienes y servicios proveídos por las instituciones traten a las personas por igual, o lo que es lo mismo, qué opción sirve mejor a la comunidad en su conjunto, no sólo a algunos miembros?

Angel Carrasco y Joaquín Zarucki son licenciados en Ciencia Política