El plebiscito sobre la reforma jubilatoria: un llamado a la reflexión y a la inteligencia de los uruguayos

Me sobran credenciales para acreditar que estuve siempre en contra del sistema de ahorro individual, con intervención del sistema financiero y de la administración privada de los fondos en los mecanismos para la seguridad social, que pretende incluir el ánimo de lucro dentro del paradigma de la solidaridad intergeneracional.

Expuse más de una vez en el país y en el exterior, en representación de la Comisión de Cajas Paraestatales, en los umbrales del siglo XX, sosteniendo este punto de vista y luchando por la desaparición de las AFAP, por lo que en lo sustancial no voy a extenderme más, ni merezco ninguna duda sobre el particular.

También escribí en estas páginas desaconsejando el procedimiento de reforma de la carta constitucional para llegar a esos fines. Máxime cuando se trata de un año de elecciones generales, en el que esperamos derrotar al modelo neoliberal de desigualdad, de retroceso salarial y de prestaciones sociales, ya que una discusión paralela con argumentos técnicos complejos no agrega nada a las banderas electorales.

Se trata de un tema legislativo, que abarca otros temas no incluidos en la ley aprobada.

Por eso, mantengo e insisto como estrategia luchar por cambiar el gobierno y por ley —con suficiente consenso social— legislar sobre toda la seguridad social, sin límites en su financiamiento, encarando un nuevo y global enfoque de la cobertura de los riesgos sociales: desde antes de nacer y hasta después de la muerte.

He leído un excelente trabajo titulado “La reforma de la Constitución de la República no garantiza un mejor sistema de seguridad social” , escrito por Gustavo Viñales Guillama en la diaria Economía el 4 de setiembre, donde se explica que más allá de las valoraciones políticas en cuanto a la oportunidad de impulsar un plebiscito constitucional por temas de seguridad social, se entiende que existen cuestiones económicas y sociales que harían inoportuno transitar ese procedimiento.

Allí se afirma: “Que quede bien claro: decirle que no al negocio de las comisiones de las AFAP, que obviamente soporta todo el sistema de seguridad social, no es lo mismo que decirle que no al ahorro voluntario y mucho menos implica decirle que no al régimen mixto previsional. Perfectamente se puede mantener un régimen mixto previsional e incluso promover de mejor forma el ahorro voluntario de los uruguayos, muy necesario, por cierto, para un camino de desarrollo sustentable, con la incorporación de fondos de ahorro previsional gestionados por el Estado o por privados, sin recurrir a mecanismos mercantilistas extremos en los que a veces parece que el mayor valor de los gestores de los sistemas de ahorro lo agregan las áreas comerciales de las AFAP, que son las que consiguen los trabajadores cautivos que aportan de manera continua al fondo previsional”.

Y se añade: “Progresivamente deberemos ir a sistemas de ‘seguro mínimo a la vejez o renta mínima’ que garanticen una jubilación mínima a la edad de retiro de la vida activa, pero sin las exigencias de los ‘años’ de trabajo formal, reconociendo que mucha gente que efectivamente trabajó toda su vida activa no siempre puede acreditar años formales. Esta realidad afecta muy especialmente a muchas mujeres que durante parte de su vida laboral se desempeñaron en trabajos informales”.

Se agrega: “Debemos lograr una verdadera reforma integral del sistema de seguridad social, lo que exige volver a pensar los ingresos genuinos del sistema y las prestaciones contributivas y no contributivas (incluyen la edad de retiro), pero esto debe realizarse en un marco en el que se tengan en cuenta los cambios previsibles en el mundo del trabajo, asociados al avance de la globalización y a la creciente penetración de nuevas tecnologías que transforman los vínculos laborales”.

Creo que todos debemos tener en cuenta y discutir los fundamentos que allí se desarrollan y las dificultades que puede plantear el plebiscito proyectado, que son las principales causas por las que no se puede arribar a un consenso absoluto de apoyo a la reforma.

Por lo que merecen la máxima atención los pasos de futuro, sobre una realidad muy cambiante, e imaginar los escenarios que vendrán para no caer en un rígido marco constitucional que impida la posibilidad de reforma de otros sistemas (Caja Bancaria, Profesional, retiros militares, etcétera).

Es un modesto llamado de reflexión y mesura, de quien no representa a nadie pero que dedicó casi veinte años de su vida a la seguridad social y que fue destituido de la función pública por sostener sus convicciones.

No dejo de valorar el esfuerzo de las organizaciones sociales que redactaron la papeleta para la reforma, con la cual coincido conceptualmente en muchas cosas, pero que no la veo apta para un cambio sin problemas, con la eficacia y coherencia jurídica deseada, al tiempo que puede causar involuntarios enredos dentro del sistema, y en perjuicio de los asalariados.

Pero es necesario advertir que, de aprobarse la enmienda constitucional propuesta, hacen falta leyes que reglamenten los aspectos programáticos incluidos, que den coercibilidad a los cambios proyectados y marquen un espectro normativo coherente y de fácil e inmediata ejecución.

Sobra inteligencia y serenidad para volver a evaluar las consecuencias en el contexto de un gobierno progresista.

Es necesario tan solo un esfuerzo para que el árbol no nos tape el bosque.

Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.