La disolución del sistema internacional basado en reglas y acuerdos entre las naciones amenaza arrastrarnos, nuevamente, al imperio de la barbarie. Cooperar o perecer es el dilema principal de la comunidad global a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Aquel planteo del diplomático chileno Hernán Santa Cruz, uno de los padres intelectuales de la DUDH, ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación de la humanidad asediada por guerras, extremismos y una inédita desigualdad.

El sufrimiento sin límite que generan las guerras, como vemos en Ucrania y Medio Oriente, no puede ser asumido pasivamente. Es una ofensa a la conciencia de la humanidad, un desafío a la convivencia mundial y una amenaza real de extinción.

Poner fin a las guerras y dar solución a la emergencia climática, a la concentración extrema de bienes, requiere de la cooperación internacional.

Poner fin a las guerras y dar solución a la emergencia climática, a la concentración extrema de bienes, requiere de la cooperación internacional.

La DUDH es un instrumento jurídico y no una mera enunciación de aspiraciones. Contiene los derechos que la Carta de Naciones Unidas, adoptada en 1945, consideraba indispensable proteger para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, promover el progreso social y elevar el nivel de vida.

Es lamentable que estos objetivos sigan siendo una aspiración. Las noticias no dejan de mostrarnos barbaries y un aumento de la pobreza extrema y la desigualdad.

Un informe de la CEPAL señala que en 2023 casi un tercio de la población de América Latina vive en situación de pobreza. El 42,5% de las niñas, niños y adolescentes latinoamericanos son pobres. Nuestra región es la más desigual del mundo. El 10% más rico posee 630 veces más que el 50% más pobre.

En estas circunstancias, la igualdad de género se convierte en un objetivo cada vez más distante. En América Latina y en todo el planeta, las mujeres y las niñas padecen de manera desproporcionada e injusta los males del presente. Si las tendencias actuales se proyectan en el tiempo, más de 340 millones de mujeres y niñas –8% de todas las mujeres del mundo– vivirán en la pobreza extrema en 2030. Casi una de cada cuatro experimentará inseguridad alimentaria moderada o grave.

Retomar la firmeza moral y jurídica del sistema internacional basado en los derechos humanos contribuirá a contener las peores derivas del caos.

El desencanto con los resultados magros de un sistema basado en dinámicas de poder divorciadas de principios jurídicos puede ser un impulso al refuerzo del multilateralismo, la valoración de la democracia y del orden mundial fundado en normas.

Mientras esperamos, con poca expectativa, acuerdos para un cese del fuego en las guerras vigentes, o que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) acelere las acciones para afrontar la emergencia global, asoma un rayo de esperanza en el horizonte.

El 22 de noviembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que puso en marcha un proceso para crear una convención sobre cooperación tributaria internacional. Uruguay, al igual que Argentina, Chile y Brasil, se alineó con el sur global en la aprobación de esta resolución histórica sobre cooperación fiscal internacional. Esta iniciativa impulsada por los países africanos busca trasladar la discusión sobre la construcción de un sistema fiscal internacional más justo e inclusivo de la OCDE, el club de los países ricos, a la ONU. Una nueva arquitectura que proporcione recursos suficientes a las economías en desarrollo, las grandes perdedoras del sistema actual.

Un acuerdo de este tipo podría generar más recursos para invertir en servicios públicos y desarrollo. La clave está en garantizar que las grandes corporaciones y los súper ricos paguen una proporción justa de sus ingresos en concepto de impuestos a sus ganancias. Y que estos se distribuyan equitativamente entre los países.

Este avance es prueba de que la ONU sigue siendo un espacio donde los países pueden encontrar soluciones que beneficien a toda la humanidad. En otras palabras, donde se puede cooperar para no perecer.

Hoy más que nunca debemos reforzar las instituciones de gobernanza global frente al avance de las guerras, la avaricia de las trasnacionales, los extremismos y las narrativas desintegradoras de lo común.

Preservar la paz, fomentar el progreso social y mejorar las condiciones de vida de la mayoría requiere de acciones concretas y los recursos para enfrentarlos. Sólo así lograremos la protección real a los derechos humanos en el siglo XXI.

Magdalena Sepúlveda fue la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacionaly directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.