La política espacial uruguaya: entre la cogestión público-privada y la soberanía nacional

La discusión en torno al proyecto de ley que crea la Agencia Espacial Uruguaya ha dejado entrever varios aspectos problemáticos, especialmente por las tensiones no resueltas entre el interés comercial privado y la defensa de la soberanía nacional, así como el criterio empresarial en la dirección del organismo por encima del académico, en un rubro en el que la investigación científica y la innovación deberían cumplir un rol trascendental.

El proyecto que crea la Agencia Espacial concibe como principal autoridad un Consejo Directivo designado directamente por el Poder Ejecutivo, sin que se haga referencia alguna a requisitos técnicos o académicos. Esta ausencia no parece concordar con uno de los cometidos que el mismo proyecto asigna al organismo: “Impulsar y ejecutar estudios e investigaciones científicas-tecnológicas en la materia y en las áreas prioritarias de atención definidas por la Junta Nacional de Política Espacial” (Art. 8º inc. n). Tampoco parece reflejar uno de los cometidos fundamentales de la propia Junta antes mencionada, a quien le compete “facilitar y coordinar las actividades de investigación y utilización de la ciencia y tecnología espaciales, de instituciones u organismos públicos y privados” (Decreto 71/022). Asimismo, no se plantea en el proyecto ningún espacio formal específicamente académico dirigido a la investigación científica.

Sin embargo, el proyecto sí establece, a la par del Consejo Directivo, la presencia de un Consejo Asesor Empresarial. Satellogic, la única empresa radicada en Uruguay que estaría en condiciones de integrar dicho Consejo Asesor Empresarial, se encarga de construir satélites (de bandera uruguaya) que obtienen imágenes detalladas de distintos puntos del globo para venderlas principalmente a clientes del rubro de la defensa y la inteligencia. Esto parece volcar de hecho la dirección del organismo hacia el interés comercial privado antes que a los criterios del conocimiento científico, aspecto que fue señalado por el astrónomo Gonzalo Tancredi en la visita de la Universidad de la República (Udelar) a la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes en julio: “Entendemos que la propuesta tiene un claro foco mercantil, cuando la actividad central hoy en día a nivel de temas espaciales está centrada en lo técnico y académico”. En ese sentido, los representantes de la Udelar propusieron la creación de un consejo técnico académico: “Evidentemente, varios de los cometidos tanto en lo que refiere a la Agencia como al Consejo Directivo refieren a aspectos de gestión y aspectos académicos. Por eso, formulamos la propuesta de ese Consejo Directivo Técnico”.

Este desbalance hacia la gestión comercial se justifica, de acuerdo a quienes defienden la formulación actual del proyecto, en que una asociación con esta empresa privada es “la única forma” viable de avanzar en un terreno donde el Estado uruguayo es completamente neófito. En el mismo sentido, se advierte del aparente riesgo que tendría una “sobrerregulación” que limitara este terreno, recordando que muchas agencias espaciales necesitan de amplio financiamiento privado, especialmente “en estados como el nuestro”. No obstante, el Estado uruguayo no es enteramente neófito en esta área, ya que existen antecedentes al menos desde 1997, cuando se lanzó el satélite Nahuel 1A (conocido como NahuelSat), operado por Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima) y compartido por Antel con otras empresas, así como la planta satelital de Manga, la experiencia de Antel-Sat y la gestión de la órbita 78.

A su vez, según consta en la versión taquigráfica de la reunión de representantes de Satellogic con la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, la empresa ha dejado en claro que decidió alinearse con estrictas regulaciones de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) respecto del uso de esta información altamente sensible desde el punto de vista militar: “En ese contexto, regular nuestros satélites con licencia de Estados Unidos da a nuestros clientes –que en general son países alineados y aliados con los Estados Unidos– más tranquilidad con respecto a la gestión de la información, a lo que hacemos con esa información y a quién se la proveemos. Sin esa regulación nos hemos comportado históricamente como buenos ciudadanos del mundo tratando de hacer un buen trabajo para nuestros clientes, pero sentimos que colocar nuestros satélites bajo la licencia del gobierno de los Estados Unidos nos da a nosotros como compañía la posibilidad de brindarles más seguridad y más tranquilidad y nos proporciona un marco de operación más seguro para las decisiones que tomemos en cuanto a quién brindar los datos, quién puede ser nuestro cliente y quién no. En el mundo en que vivimos estos días, el hecho de no estar alineado es cada vez más complejo, sobre todo para una empresa que pretende vender en el mercado de defensa e inteligencia. En concreto, la empresa tomó la decisión de alinearse bajo Estados Unidos y los países aliados de Estados Unidos, la OTAN, etcétera”.

En 2022, la misma empresa había comunicado oficialmente su colaboración directa con Ucrania en el conflicto armado que mantiene con Rusia: “Satellogic está trabajando directamente con el gobierno de Ucrania, los Estados Unidos y los miembros de la OTAN, así como con organizaciones humanitarias y no gubernamentales que operan sobre el terreno. Estamos comprometidos a proporcionar una cobertura de alta resolución en tiempo crítico en Ucrania y las áreas circundantes afectadas por la invasión rusa”. Sobre estos aspectos, el director general para Asuntos Políticos de la cancillería, Luis Bermúdez, planteó a la diaria que “más allá de que actúe bajo bandera uruguaya o de que el satélite que preferentemente utiliza tenga cierta pertenencia o vinculación con Uruguay, esto no deja de ser una empresa; es una iniciativa privada”.

Sin embargo, esto plantea al menos algunas interrogantes con respecto al rol del Estado uruguayo en este rubro manteniendo la soberanía sobre su territorio ultraterrestre, teniendo en cuenta además el carácter pacífico que debería tener su política espacial de acuerdo a múltiples tratados internacionales firmados. ¿Es posible asegurar el rol pacífico de nuestra política espacial otorgando al mismo tiempo un rol directriz en la Agencia Espacial a empresas cuyos principales clientes son agentes militares de conflictos armados activos?

A su vez, la preponderancia del interés privado en la toma de decisiones parece entrar en tensión con otros aspectos fundamentales para el Estado uruguayo. Uruguay ha delineado, en estos últimos años, sus definiciones en materia de Defensa Nacional. Además de nuestro texto constitucional, desde 2010 en adelante se desarrollaron la Ley Marco de Defensa Nacional, el Decreto de Política de Defensa Nacional y el Decreto de Política Militar de Defensa. Algunos aspectos, como la necesidad de la neutralización de amenazas a la integridad territorial, la protección de las líneas de comunicaciones en los espacios terrestre, marítimo y aéreo, la protección de los recursos naturales y la infraestructura estratégica del país han sido claves para acordar qué es lo que quiere decir para un país “defensa de su soberanía”.

El Estado Mayor de la Defensa, por mandato de ley, y el Consejo de Defensa Nacional son los organismos que nos hemos dado como país para pensar y abordar estos temas. Requerimos la promoción de una cultura de la defensa para que la discusión de las amenazas sean viables en un país como Uruguay y que esto suceda a tiempo.

Bruno Casartelli es asesor de la diputada frenteamplista Micaela Melgar.