Colombia propone poner fin a la “guerra a las drogas”, Uruguay insiste en profundizarla

Tras 50 años de “guerra a las drogas”, existen hoy dos criterios contrapuestos entre los gobiernos de América Latina: el del presidente Gustavo Petro, de Colombia, y el del gobierno uruguayo, del presidente Luis Lacalle Pou.

Petro, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de setiembre de 2022, propuso el fin de la “guerra a las drogas”. Por su parte, el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, ratificó que “estamos en guerra contra el narcotráfico” y estimó que el aumento de 27,3% de homicidios registrado en 2022 se debe, precisamente, a esa “guerra”¹.

“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”, solicitó Petro, quien desde su primer discurso como presidente, en agosto de 2022, llamó a abordar el problema de las drogas como uno de salud pública en lugar de uno de seguridad y defensa. “Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad: una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes”².

El narcotráfico es un producto geopolítico

El narcotráfico y su violencia extrema, a escala internacional, país por país, no surge por generación espontánea. Es una construcción geopolítica, es la causa, o sea, aquello que hace que el efecto exista y sea lo que es.

En muchos países, entre ellos, Uruguay, se pone el acento en los efectos delincuenciales, cómo combatir el delito manu militari, así como los instrumentos institucionales para la persecución, castigo y rehabilitación de los delincuentes. Es el enfoque “prohibicionista”.

Estados Unidos lo probó y sabe que causa efectos perversos: la presión de los sectores fundamentalistas condujo a la promulgación y aplicación de la llamada ley seca (1920-1933). Produjo serios perjuicios de salud pública, economía y seguridad ciudadanas. La fabricación clandestina de alcohol hizo explotar su calidad, lo que multiplicó las intoxicaciones. La evasión de impuestos afectó seriamente las arcas fiscales y, en fin, las bandas armadas se disputaban el mercado en las calles, haciendo nacer el “gangsterismo”, que ha pasado a ser un actor permanente de la vida estadounidense.

Cuando en 1971, el presidente Richard Nixon decretó la “guerra a las drogas”, menos de dos décadas después de derogada la ley seca, lo hizo a sabiendas de sus perversos efectos, utilizándola como un instrumento de política interna y de la geopolítica de Estados Unidos. No es raro que ya mucho antes de ser presidente, desde sus primeras incursiones en política, a Nixon lo llamaran “Tricky Dicky” (Ricardito el Tramposo). Nixon decretó la “guerra a las drogas” a sabiendas de que era un engaño.

Invocando esta “guerra”, en 1989 invadió Panamá y derrocó al general Manuel Noriega, que había sido aliado de Estados Unidos, hasta que fue considerado desechable. La CIA en Afganistán, al amparo de la política exterior de Estados Unidos, transformó a ese país en el mayor productor mundial de opio, con las ganancias consecuentes. El presidente Reagan, entre 1985 y 1989, a través de la CIA, digitó la venta de armas a Irán, sobre el que pesaba un embargo, haciendo una triangulación a través del apoyo a los “contra” antisandinistas, en un affaire conocido como caso “Irán-Contra”.

En virtud del bloqueo que Estados Unidos lleva a cabo contra Cuba desde 1959, Washington le ha aplicado a La Habana numerosas sanciones en el marco de la “guerra a las drogas”. Lo que ha hecho, asimismo, contra Venezuela.

Esta guerra no empieza ni termina en sí misma. Está articulada con otros instrumentos de la geopolítica de Estados Unidos que buscan la dominación territorial, económica y política. La “guerra a las drogas” se nutre de los otros instrumentos geopolíticos, a los que, a su vez, nutre.

A partir del pensamiento de Joseph S Nye Jr., exdecano de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y exsecretario de Estado, se entiende que la geopolítica de Estados Unidos combina el hard power y el soft power (poder duro y poder blando); el primero se basa en la fuerza militar y de inteligencia y en la fuerza económica, su despliegue y ejercicio, mientras que el segundo lo hace en la diplomacia, la cultura y la comunicación.

La estrategia de la “guerra a las drogas” prohija al narcotráfico y su violencia de alcance social, combinando para ello al hard power y al soft power de Estados Unidos. Combina, en un extremo, el caos social de amplio alcance y, por el otro, tragedias personales y psicopatologías individuales, extremo al que sí le dan importancia las instituciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el programa que financia al ministro Luis Alberto Heber.

En Uruguay, ni gobierno ni oposición conectan los efectos delincuenciales de la “guerra a las drogas” con su causalidad geopolítica.

Está en curso un rico debate sobre esos efectos, si bien aún falta mucho estudio criminológico local que permita arrojar luz sobre las diferentes configuraciones de violencias y delitos en nuestro país, lo que no obsta para que, a la vez, resulte indispensable elaborar una metodología que nos permita ver la geopolítica que incluye al narcotráfico como instrumento privilegiado.

Ocuparse sólo de los efectos, sin estudiar ni superar las causas, es como arar en el mar.

A las pruebas...

Dan Baum, periodista de investigación de Harper’s Magazine, entrevistó a John Daniel Ehrlichman, asesor de política interior de Nixon, quien declaró³: “La campaña de Nixon en 1968, y la administración de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba contra la guerra (de Vietnam) y los negros. Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar contra la guerra o los negros, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar ambas cosas con fuerza, podríamos separar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, hacer redadas en sus hogares, desmantelar sus reuniones, y antagonizarlos noche tras noche en las noticias. ¿Que si sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí”.

Hace 11 años, en marzo de 2012, los presidentes centroamericanos convergieron en la necesidad de dialogar con Estados Unidos una alternativa a la “guerra a las drogas”, considerando incluso la legalización del comercio de la droga⁴.

“Es un debate totalmente legítimo”, dijo Joe Biden, vicepresidente de Barack Obama, si bien estimó que es impracticable e indeseable que un gobierno regule la producción y venta de estupefacientes.

Dan Restrepo, el asesor del gobierno estadounidense para temas latinoamericanos, clausuró cualquier intento de debate. “Los líderes latinoamericanos no deben esperar un cambio en la política. El gobierno de Obama ha sido muy claro en nuestra oposición a la despenalización o la legalización de las drogas ilícitas”, señaló Restrepo.

Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos por entonces, señaló la necesidad de militarizar “temporalmente” la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica. “Es la única solución disponible”, aseguró. Estados Unidos remarcó que no prevé dialogar una alternativa a la “guerra a las drogas” y que su opción es la militar. Actualmente, Estados Unidos mantiene una alta actividad injerencista y no ve con buenos ojos que un presidente claramente opuesto a su geopolítica como Petro dirija un país en el que tiene siete bases.

Ciencia y experiencia

Expertos, políticos y actores de todos los ámbitos de la sociedad han ido incrementando su convicción de que ha fracasado la estrategia de “guerra a las drogas”.

Estas posiciones combinan el conocimiento científico y la experiencia de políticos, especialistas en salud pública, organizaciones de adictos y de familiares de adictos.

La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México e integrada por 17 personalidades independientes, elaboró el informe “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma”⁵. Allí se establece que este nuevo paradigma “deberá estar menos centrado en acciones penales y ser más incluyente en el plano de la sociedad y la cultura. Las nuevas políticas deben basarse en estudios científicos y no en principios ideológicos. En ese esfuerzo se debe involucrar no sólo a los gobiernos, sino al conjunto de la sociedad”⁶.

A su vez, un informe publicado por el sitio web del British Medical Journal remarca que “la guerra contra las drogas es un fracaso”⁷.

En tanto, el informe Acabando con la guerra contra las drogas, auspiciado por premios Nobel de Economía, presidentes, primeros ministros, ministros y académicos, y realizado por un grupo de expertos de la London School of Economics and Political Science⁸, parte de la base del fracaso de la “guerra a las drogas” y propone alternativas científicas y democráticas para superarla.

El Informe de las drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos, documento preparado en 2014 por la Secretaría General para la 46a Asamblea General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Por una Política Hemisférica de Drogas de Cara al Siglo XXI, establece cuatro consensos. Primer consenso: El problema de las drogas se debe abordar con un enfoque de salud pública. Segundo consenso: Se deben implementar reformas judiciales orientadas a proveer alternativas al encarcelamiento. Tercer consenso: El delito organizado transnacional es un actor principal en el problema de las drogas. Cuarto consenso: Es indispensable fortalecer las instituciones judiciales y de orden público.

Más recientemente, el Grupo de Puebla, un foro de dirigentes progresistas iberoamericanos, se reunió en noviembre de 2022 en la ciudad colombiana de Santa Marta, llamó a descriminalizar los esfuerzos contra los usuarios de droga y a que los países consumidores asuman su responsabilidad, en un nuevo respaldo al vuelco que reclama desde Colombia el gobierno de Petro. “Por eso, proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una solución basada en la desregulación de la prohibición de las drogas, y de dar un tratamiento social y sanitario, y no exclusivamente penal, a la adicción y al consumo”, apunta el documento.

Patio trasero

Más allá de discursos y promesas, para Estados Unidos, América Latina sigue siendo “el patio trasero”, como no puede ser más claro en las palabras de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. En conversación con el think tank Atlantic Council, precisó por qué a Washington realmente le importa Latinoamérica⁹. “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tenés el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”.

Otra razón importante resulta ser la concentración de “las reservas de petróleo más grandes”, incluidas las de “crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año. Tenés los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro”, y remató destacando además la importancia del Amazonas, “los pulmones del mundo”.

En conclusión, aclaró que a Estados Unidos le queda “mucho por hacer” y que “esta región importa”, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y “tenemos que empezar nuestro juego”, puntualizó.

En nuestra casa, los latinoamericanos somos mano, los dueños de la baraja y nos corresponde sacar las conclusiones y actuar en consecuencia.