Más allá de los anuncios: primero fue la soberbia y después la impunidad

Está comenzando el cuarto año de gobierno de la coalición (que se autodenomina republicana) que por un margen muy estrecho se hizo del gobierno en noviembre de 2019.

A poco de empezar a gobernar en marzo de 2020 ya se mostró lo que sería la nueva administración, pues con el Decreto Nº 90/020 comenzaron los recortes en las empresas públicas: cada tres vacantes ingresaría una. Por este motivo los uruguayos vemos día a día los servicios esenciales en peores condiciones. Son comunes los reclamos a UTE, OSE, ANTEL, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Banco República (BROU). De esta manera se favorece al sector privado, que anuncia mejores soluciones que lo público.

El segundo aspecto a resaltar es el pésimo y tardío apoyo que brindó el gobierno a los sectores que más sufrieron durante la pandemia. La estructura gubernamental demoró en dar una respuesta, los que rápidamente se organizaron y dieron el apoyo fueron las organizaciones sociales y vecinales: sindicatos, vecinos autoconvocados, cooperativas, colectivos diversos, fueron los que sostuvieron con su accionar diario un hecho inédito para el país¹.

Y como contraposición y como acto de soberbia el presidente hacía gala de la alianza con los empresarios dueños de los grandes medios de comunicación, que ofrecían todas las noches el horario central para que pudiera desarrollar su estudiado discurso basado en una agencia de publicidad que podía controlar fácilmente todo lo que sucedía por la situación anormal que vivía el país y el mundo.

Ese fue el año de la soberbia. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo el gobierno estuvo basado en los logros del gobierno anterior y sin embargo, esto nunca fue dicho. Nunca se llevaron adelante reuniones ni diálogos con ningún integrante de la sociedad civil ni de la oposición política. Así se extendió el mito de la excepcionalidad: Uruguay era distinto al resto de la región. Así creció la imagen del presidente. El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) tampoco tenía casi existencia en esas conferencias, cuando fueron quienes dieron muchas horas para realizar estudios y avanzar con soluciones que eran impostergables. Tampoco los trabajadores de la salud y de la enseñanza, que sostuvieron el sistema operativo. Todo pasaba por la figura central, que se hacía responsable de todo con su imagen y su locuacidad.

Pero también hubo situaciones que nunca se explicaron, que quedaron y quedarán seguramente como punto ciego en la historia política. Estoy haciendo referencia al alejamiento de la vida política y del país de quien fuera el referente del Partido Colorado en 2019, quien daba esperanza a dicha colectividad de retomar una senda de ascenso electoral, y que además captó votos de ciudadanos progresistas que antes habían votado otras opciones electorales. Las explicaciones que se dieron fueron sumamente confusas. Y la huida fue realmente un impacto. Hoy, con varios acontecimientos que se han desarrollado, teniendo al Ministerio de Relaciones Exteriores como centro de escándalos, quizá puedan dar una explicación de lo sucedido. A tan sólo cuatro meses de asumido el gobierno perdía a un referente de un partido histórico. Y la soberbia llevó a no decir nada.

Otro aspecto en el que se vio la soberbia y la poca creencia democrática fue con el impulso y la propuesta de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que barrió con todo diálogo e impuso una lógica binaria en el país. Una nueva careta se caía: la coalición y su presidente afirmaban que tendrían diálogo y que respetarían a la mitad del país que no los había votado. Las promesas de campaña quedaban por el camino y se instauraba una realidad en el país de revancha y persecución a los opositores. Ese proyecto cambió aspectos de inteligencia, educación, políticas de seguridad, controles financieros, etc.

Esa soberbia se vio contradicha con la organización del movimiento popular que salió a las calles (pese a que algunos sectores y dirigentes de fuerzas políticas al principio no creyeron en ese camino) a recolectar firmas en medio de una pandemia en la que hubo que ingeniárselas para conseguirlas. Pero se logró romper el cerco mediático que imponía un silencio atronador sobre este proyecto de ley y se pudo discutir en la sociedad. Y allí la soberbia del Ejecutivo también se hizo presente, ya que salieron las más altas autoridades a colocarse al frente de la campaña, dejando dudas sobre la constitucionalidad de dicho accionar.

El año de la impunidad

Hoy sabemos que detrás de la soberbia gubernamental estaba también la creencia de que están más allá de las leyes y de la justicia.

Desde agosto de 2022 se viene destapando una olla que parece no tener fondo. En otra columna había llamado a este año como largo y espinoso, pero se podría también denominar como el año de la impunidad. Parece lejano el momento en el que nos enteramos que el gobierno, en una movida exprés, le brindó un pasaporte a un narcotraficante buscado en varios países de la región². Uno de los ministerios más involucrados fue el de Relaciones Exteriores, cuyo ministro se había ido huyendo meses antes. Sobre este caso nadie se ha hecho responsable políticamente. En realidad sí hubo una baja, pero diríamos que fue una baja menor y no se llegó a los altos cargos ejecutivos, pese a que mintieron descaradamente en el Palacio Legislativo.

Y después de ese escándalo internacional empezó la saga del jefe de seguridad de Presidencia, que tenía vínculos desde al menos tres décadas con la familia del actual presidente. Cuando se lo detuvo, rápidamente salió a defender a su viejo conocido escudero de todas las horas. Las piruetas y los saltos mortales que viene haciendo el gobierno para decir que no es su responsabilidad son dignas del Cirque du Soleil.

Es impactante cómo nadie asume la responsabilidad de colocar en un puesto con gran poder a una persona con múltiples antecedentes de todo tipo. Y esto también le fue advertido a toda la cúpula gubernamental, los que deciden hoy qué se hace y qué se deja de hacer, qué se protege y a quién se protege.

La credibilidad de los políticos profesionales y del sistema político seguramente esté descendiendo, porque hasta la población más despolitizada y alejada de la información sabe que en Torre Ejecutiva se tejió una red de corrupción inédita desde la posdictadura hasta hoy. Los miembros de la coalición también son responsables por no pedir que existan responsabilidades políticas y por tanto quedarán manchados en este lodazal en el que se encuentran.

El Palacio Legislativo y sus integrantes, por decisión de la mayoría circunstancial, parecen ausentes en todo este problema en el que se encuentra el país, aumentando la impunidad política. Las miradas se concentran en el Poder Judicial y en lo que hacen o no hacen los actores de ese sistema. Pero allí no está presente la democracia ni la voluntad popular del soberano, sino las lógicas administrativas del Poder Judicial que no son las lógicas del juego político. En medio de este escándalo la coalición de gobierno impone una reforma jubilatoria que recarga en los trabajadores las falencias del sistema previsional, pero dejando al margen a una de las principales causas del problema: la Caja Militar.

Pero por supuesto, no se es impune políticamente para siempre.

Héctor Altamirano es docente de Historia.