Javier García y sus declaraciones sobre los archivos de la dictadura: no dejan de asombrarme

Lo que pinta este pincel/ ni el tiempo lo ha de borrar;/ ninguno se ha de animar a corregirme la plana;/ no pinta quien tiene gana/ sino quien sabe pintar. Martín Fierro

La persistencia de algunos actores políticos en fabular, en tejer insidias, en pretender reacomodar “la tozuda realidad de los hechos” -al decir del general Liber Seregni- en una adaptación funcional a sus intereses, es inaudita. En su osadía insolente se atreven a enunciar versiones “conjeturadas” acerca de nuestra historia colectiva, a partir de alguna circunstancia puntual, descolgada de todo contexto y objetividad, así como por vía de la manipulación de conceptos y valores.

La reciente afirmación del ministro de Defensa, Javier García, en el sentido de que “el Frente Amplio”, en sus “15 años de gobierno”, “no tuvo voluntad política” para que se conozca “toda la verdad”, en alusión a los archivos de la dictadura sobre el pasado reciente, encontrados y en custodia del ministerio, es una falta de respeto, desleal y despreciable.

En primer lugar, porque esa asociación de la “verdad absoluta” con el contenido de “archivos adjudicados a la dictadura” es totalmente lesiva con aquel fundamento, en tanto reivindica las conclusiones, decires y procedimientos de los aparatos represivos.

En segundo lugar, porque no se ajusta a la realidad global de los hechos, y menos aún a la dimensión y responsabilidad que el análisis de estos requiere.

Nueve ministros y 20 años, desde el retorno a la democracia, debieron pasar para que “toda la verdad” de nuestro pasado reciente comenzara a develarse. Ministros y años de gobiernos -ajenos al Frente Amplio- que, entre otras medidas, ordenaron quemar archivos -como afirmó un comandante de la Armada en su momento- o pretendieron recurrir a un plebiscito para definir la entrada o no de civiles a los cuarteles, entre otras acciones adoptadas.

Cabe recordar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado -que recogía el pacto de no enjuiciamiento a militares del proceso, acordado en Anchorena entre ambos partidos tradicionales y las Fuerzas Armadas- también habilitaba, en su artículo 4, a la investigación acerca de los ciudadanos desaparecidos durante el régimen de facto.

Sin embargo, hasta la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005, nada ocurrió. Nada durante los gobiernos de Sanguinetti. Nada durante el gobierno de Lacalle Herrera. Apenas si Jorge Batlle, en un intento por alcanzar un “estado del alma” que permitiera poner “punto final” y “dar vuelta la página” en este tema de los detenidos desaparecidos, instrumentó una “Comisión para la Paz” que, a partir de la reafirmación de la “abstención del Estado en el ejercicio de su función punitiva”, permitiera conocer la “disposición final” de los restos de tales compatriotas.

Con la conclusión de la comisión de que todos “los detenidos desaparecidos están muertos, y sus restos cremados arrojados al mar”, se pretendió dar por cumplida la responsabilidad institucional que imponía el artículo 4 de la citada ley, y de esa forma cerrar la estrategia “impunitiva” que procuró consagrar.

Es recién a partir de la llegada del Frente Amplio al gobierno que desde la institucionalidad se comienza a aportar al afloramiento de la verdad histórica sobre aquellos hechos, de las reales circunstancias y la magnitud de las atrocidades cometidas, así como a dar satisfacción a un reclamo de justicia que la salud social, política y jurídica del país todavía hoy reclama, y que el programa de nuestra fuerza política reivindica desde sus orígenes.

Entre muchas otras acciones, destacamos la creación de la secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz, en el ámbito del Poder Ejecutivo, con el objetivo de organizar sus archivos. Entre otros, los encontrados durante la gestión de Azucena Berrutti, increíblemente desapercibidos en gestiones anteriores. Desde la oposición, el actual ministro de Defensa exigía a voz en cuello “garantías en el manejo” de dicha documentación, en tanto cuestionaba los métodos “repugnantes” que se utilizaron durante la dictadura para obtener información, llegando a sostener que “habría que pensar si esas “inmundicias”, incluso, “no habría que destruirlas todas”.

Desde aquella secretaría se elaboró un informe sobre la situación de los desaparecidos, que habilitó a emprender la búsqueda de sus restos.

Se obtiene nueva información sobre vuelos y traslados de compatriotas detenidos en Argentina hacia nuestro país, en el marco del Plan Cóndor. Todavía recuerdo el comentario de un hoy compañero de gabinete del ministro García, que expresaba en la oportunidad: “Es un horror, yo lo desconocía. Suponía que los vuelos militares a Buenos Aires eran para salvar compatriotas, y no traerlos y exterminarlos”. Así se expresaba respecto de hechos ampliamente conocidos y denunciados por Madres y Familiares a las direcciones partidarias, al Parlamento, a organismos de derechos humanos, ya desde mediados de 1983.

Se ingresa a predios e instalaciones militares -reiteramos la actitud del anterior ministro Yamandú Fau proponiendo un plebiscito para llevar a cabo este procedimiento-, se realizan excavaciones, se encuentran los restos de los desaparecidos Ubagésner Chávez Sosa y Fernando Miranda, oficialmente “incinerados y arrojados al mar”, según el informe final de la Comisión para la Paz. Años después se ubicarían los restos de Ricardo Blanco, de Julio Castro y de Eduardo Bleier, entre otros.

El Poder Ejecutivo excluye de la ley de caducidad hechos ocurridos previos al golpe de Estado del 27 de junio de 1973, porque la propia ley así lo establece. Al mismo tiempo, deniega el amparo a la ley de caducidad sobre la mayoría de las denuncias, habilitando que, por primera vez en la historia del país, los mandos militares y civiles responsables de tales crímenes fuesen a prisión. El entonces diputado Javier García sostenía durante una exposición en el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calem): “No habrá ninguna instancia de negociación con el gobierno respecto a la interpretación de la ley ya que estamos en posiciones antagónicas (...) Las acciones tendientes a extender el plazo de prescripción llevan a una división del país porque se está trampeando la voluntad popular”.

Y así podríamos seguir: con la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos; la promulgación de la ley de implementación de la Corte Penal Internacional tipificando los delitos de lesa humanidad; con la ampliación de las funciones de la Comisión de Seguimiento de la investigación de los crímenes cometidos entre 1968 y 1985; la organización de un banco genético de los desaparecidos; el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman y la instrumentación de una coordinación interinstitucional entre los ministerios de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores; la revocación, desde Presidencia de la República, de los actos administrativos de gobiernos anteriores que permitían el amparo de criminales de lesa humanidad a la ley de caducidad; la aprobación parlamentaria de una ley restableciendo la pretensión punitiva del Estado, en tanto dos de sus artículos fueron declarados inconstitucionales...

No es difícil, como se puede apreciar, determinar quién está y ha estado siempre a favor de la verdad, la única verdad, la que se mueve en el rumbo de saber el destino y ubicar los restos de los compatriotas desaparecidos; esa verdad acompañada de justicia, factor de pacificación... Y quienes han transitado, y aún transitan, otros rumbos.

Liliam Kechichian es senadora de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.