El rol de Agesic para la transformación del Estado y para centralizar políticas

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) fue creada en Uruguay en el primer gobierno del Frente Amplio, a través de la Ley 17.930 de 2005, con la misión principal de promover y coordinar el desarrollo del gobierno digital y la sociedad de la información en el país. Su enfoque está en la modernización del Estado, el uso de tecnologías de la información (TI) y la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Desde su creación, la Agesic ha sido clave en la implementación de diversas iniciativas de gobierno digital, la plataforma de interoperabilidad (asegurando que los sistemas de información de las distintas instituciones públicas pudieran comunicarse entre sí de manera eficiente), expedientes electrónicos, trámites en línea, pasarela de pagos, protección de datos personales, portales estatales accesibles, la creación de la REDuy (una red de fibra óptica de alta velocidad, concebida y desarrollada como una intranet exclusiva para el Estado uruguayo), los datos abiertos, la nube estatal, el software público uruguayo y la ciberseguridad. También ha impulsado la centralización de ciertos servicios tecnológicos (Sistema de Compras Públicas Electrónicas, hardware, software y horas de programación), para aprovechar las economías de escala y evitar la redundancia.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

• Impulsar el gobierno electrónico: facilitar la transformación digital de las instituciones públicas para que las personas y las empresas puedan acceder a servicios del Estado de manera eficiente, segura, accesible y transparente.

• Fomentar la inclusión digital: trabajar para que todas las personas, sin importar su ubicación o nivel socioeconómico, tengan acceso a las tecnologías digitales y puedan aprovechar sus beneficios, reduciendo la brecha digital y promoviendo el uso de las TI en diversos sectores.

• Garantizar la seguridad de la información: desarrollar políticas y marcos normativos que aseguren la protección de los datos personales y la ciberseguridad en el sector público.

• Promover la innovación y la mejora de los servicios públicos: implementar soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y efectividad de la administración pública, y que contribuyan a una mejor calidad de vida para la gente.

• Asegurar la transparencia y participación digital: promover el acceso a la información pública y la participación de la gente en los procesos de toma de decisiones del Estado, apoyándose en herramientas digitales.

• Desarrollar políticas de protección de datos y ciberseguridad: una parte importante de la misión de Agesic es garantizar la protección de los datos personales y la seguridad de la información en los sistemas estatales, así como fomentar la adopción de buenas prácticas en ciberseguridad.

En resumen, la Agesic desde su creación busca consolidar un Estado más eficiente, inclusivo y cercano a la gente a través de la transformación digital. Sin duda, los sistemas de información juegan un rol fundamental en la modernización del Estado, y esa fue la política impulsada en los tres gobiernos frenteamplistas, que permitió avanzar en optimizar la toma de decisiones, reducir duplicidades y mejorar el intercambio de datos entre los distintos organismos públicos, combatiendo la fragmentación, la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de recursos.

Durante la gestión del Frente Amplio, entendimos que preparar al país para un futuro digital era esencial, pero hacerlo de manera justa era todavía más urgente. Ninguna persona debía quedar excluida de esta transformación.

Por eso, tomamos medidas que mejoraron la conectividad, democratizaron el acceso a la información y modernizaron la relación entre el Estado y la población. Enumeraré algunas de las iniciativas que, entiendo, marcaron la diferencia:

• El Plan Ceibal, un proyecto emblemático en la educación y la inclusión digital. Este programa redujo la brecha digital y sentó las bases para una generación mejor preparada.

• El Plan Ibirapitá, que incluyó a las personas adultas mayores en la era digital.

• La creación de instituciones como la Agesic y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Estas instituciones no sólo ayudaron a modernizar al Estado, sino que también fomentaron la investigación y la innovación, pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad del conocimiento.

• El despliegue de infraestructura de fibra óptica, que para 2019 alcanzaba el 90% del país.

• Los Centros de Atención Ciudadana, que facilitaron la interacción entre el Estado y la población.

• Logramos que el 90% de los hogares tuviera alguna solución de acceso a internet, una de las tasas más altas de la región.

• El cambio en la matriz energética y la electrificación del 99,7% de los hogares. El gobierno herrerista y su coalición dicen que llegarán al 100%, pero no mencionan el punto de partida.

• La implementación de wifi en centros educativos y espacios públicos.

• Los Centros MEC, que fueron espacios de inclusión digital y cultural, aunque lamentablemente el actual gobierno ha cerrado 90 de los 127 que existían.

• Programas de capacitación para funcionarias y funcionarios públicos y la incorporación del expediente electrónico, mejorando de esa forma la eficiencia administrativa del Estado.

• La implementación de servicios y trámites en línea, los portales estatales accesibles, la pasarela de pagos, que facilitaron la realización de trámites desde cualquier lugar, haciendo que la tecnología fortalezca la gobernanza democrática.

• El Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, suspendido en 2020 por el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.

• La plataforma Uruguay Concursa, que garantiza que las oportunidades de empleo en el sector público estén disponibles para toda la población.

• La Plataforma de Datos Abiertos (datos.gub.uy), donde pasamos de los datos públicos a los datos abiertos, brindando más transparencia y potenciando la innovación, pensando además que siempre hay alguien que le puede dar un mejor uso a estos datos.

• La Plataforma de Participación Ciudadana Uruguay Participa, implementada en 2018.

• AtuServicio, una plataforma implementada por el Ministerio de Salud Pública que permite comparar las prestaciones y la calidad de los servicios de salud.

• Los polos tecnológicos.

• La construcción del Data Center de Antel en Pando en 2016, un hito en la soberanía digital del país.

• La inauguración del cable submarino nacional en 2017, que conecta Uruguay al mundo, fortaleciendo nuestra independencia en telecomunicaciones y mejorando la eficiencia en la conectividad. Este avance es uno de los factores que han permitido que empresas como Google se instalen en Uruguay.

Sin embargo, aún tenemos desafíos pendientes. Existen brechas digitales, especialmente en términos de género, raza y territorio, que debemos cerrar. Es fundamental que las políticas públicas sigan abordando estas limitaciones para garantizar que la inclusión digital llegue a toda la población.

La ubicación institucional de la Agesic es clave

Dado que la Agesic coordina con diferentes ministerios y organismos públicos, depender directamente de Presidencia le otorga una posición central en la estrategia de modernización del Estado uruguayo. La ventaja radica en su capacidad de influencia y coordinación a nivel de todo el Estado. Al estar directamente vinculada al máximo órgano del Poder Ejecutivo, la Agesic tiene una mayor autoridad para impulsar e implementar políticas transversales de digitalización y gobierno electrónico en todas las instituciones públicas. Esto ofrece varios beneficios:

• Un mayor poder de decisión y alcance: al reportar a Presidencia, la Agesic puede liderar de manera más efectiva proyectos que involucren a múltiples ministerios y organismos, asegurando una coordinación fluida y un enfoque estratégico en temas clave como la interoperabilidad, ciberseguridad y protección de datos.

• Impulso de políticas de Estado: esta dependencia directa le permite a la Agesic tener un carácter más estructural y menos sujeto a los intereses coyunturales de cada ministerio u organismo. De esta manera, puede garantizar la continuidad de las políticas de gobierno electrónico y la transformación digital como una prioridad de largo plazo.

• Facilita la integración interinstitucional: al estar bajo la órbita de Presidencia, la Agesic tiene la capacidad de articular acciones entre diversos organismos, evitando la fragmentación de esfuerzos y asegurando que los objetivos de modernización y eficiencia se apliquen de manera uniforme en toda la administración pública.

• Acceso a recursos y respaldo político: esta dependencia le otorga un mayor acceso a los recursos y al respaldo político necesario para ejecutar proyectos de gran envergadura, lo que le permite liderar la transformación digital con mayor fuerza y legitimidad.

La pandemia de covid-19 aceleró la transformación digital en el mundo, pero Uruguay no aprovechó esta oportunidad. Mientras otros países aumentaron sus presupuestos para proyectos digitales, nuestro país no avanzó en participación ciudadana ni en inteligencia artificial, como debería haberlo hecho.

Un valor clave que surgió durante la pandemia fue la resiliencia. Uruguay demostró ser uno de los países más resilientes gracias al Sistema Nacional Integrado de Salud y a las inversiones en gobierno digital y educación digital, impulsadas por el Frente Amplio. La historia clínica digital y Plan Ceibal fueron esenciales para mantener la educación y la salud en tiempos críticos.

Sin embargo, en este período de gobierno el rol de la Agesic ha retrocedido —no ha sido el único organismo, también han desmantelado las empresas públicas— no ejecutó proyectos nuevos y ha perdido protagonismo como el órgano de gobernanza para centralizar y coordinar eficientemente los esfuerzos tecnológicos del Estado.

Ese retroceso de la agencia se debe a múltiples causas, entre ellas que el director de la Agesic sea al mismo tiempo el director general de Presidencia, eso por sí mismo demuestra de forma irrefutable que no jerarquizan la agencia ni la gestión en Presidencia. No le dan foco político y estratégico si el director no es full time. A eso se le suma un bajo nivel de ejecución de su presupuesto. Durante los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay ascendió 12 posiciones en el Índice Global de Gobierno Digital de la Organización de las Naciones Unidas, alcanzando el puesto 26 a nivel mundial. Sin embargo, hoy nuestro país ha caído al puesto 35.

A lo largo de la historia, la resistencia al cambio ha sido una constante, y los departamentos de TI dentro de los ministerios no son la excepción. Pueden sentir que las políticas centralizadas amenazan su autonomía y capacidad de decisión en áreas tecnológicas, lo que genera resistencia y complica la implementación de esas políticas.

Para que una estrategia centralizada sea efectiva es fundamental contar con una estructura de gobernanza sólida que permita implementar políticas y coordinar los esfuerzos tecnológicos en todas las instituciones del Estado.

Mencionaré un solo ejemplo de transformación del Estado en la gestión del Frente Amplio. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) unificó todas sus dependencias informáticas en una nueva Área de TI. Antes de la gestión del Frente Amplio había seis departamentos de informática, uno por cada unidad ejecutora (Dirección General de Secretaría, Arquitectura, Vialidad, Transporte, Hidrografía y Topografía). Esa reforma del Estado se hizo con una lógica participativa, que incluyó el aporte, el diálogo y la opinión de todos los interesados. Los beneficios que trajo aparejados esta reorganización interna del MTOP en el área de TI permitieron no sólo ahorrar recursos, sino también simplificar los procesos y mejorar la eficacia de la gestión.

Esos cambios sólo son posibles con el involucramiento de quienes los lideran, ya que, como decía Tabaré Vázquez, “la gente convencida es la que lleva adelante los proyectos”.

Ahora es tiempo de ir más allá

El programa del Frente Amplio establece la Segunda Reforma de la Transformación Digital como un eje central para mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía por medio del uso de tecnologías digitales avanzadas.

Buscamos profundizar la digitalización del sector público, mejorar la transparencia y hacer que los servicios públicos sean más accesibles e inclusivos. Nos proponemos acelerar la adopción de tecnologías como el 5G y prepararnos para las que vienen: wifi 6, acceso satelital y redes autogestionadas. Asignaremos los recursos adecuados para la creación y apropiación tecnológica, integrando a instituciones clave como la Agesic, la ANII, la Universidad Tecnológica, la Agencia Nacional de Desarrollo y la Universidad de la República.

Es fundamental desarrollar habilidades digitales en todos los niveles. Queremos implementar planes de educación masiva, enfocados en el uso de servicios digitales básicos, y desarrollar una identidad digital accesible para toda la población.

Además, debemos impulsar una nueva generación de servicios públicos basados en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. Pero debemos hacerlo de manera responsable. Crearemos una estrategia para el uso ético y regulado de la IA, asegurando que mejore la calidad de vida y la productividad de todos los sectores, sin generar más desigualdades.

Debemos continuar adaptando las políticas de ciberseguridad frente a amenazas cada vez más complejas. Este gobierno dejó de invertir y tuvimos ciberataques a varios ministerios e intendencias.

La alfabetización digital y la educación en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, especialmente para mujeres, será una prioridad.

Finalmente, no podemos olvidar que la transformación tecnológica que estamos viviendo en el ámbito laboral es enorme, y es responsabilidad tanto de los gobiernos como de las empresas garantizar que estos cambios beneficien a toda la sociedad. La inteligencia artificial no sólo está desplazando tareas repetitivas, sino también una parte significativa del trabajo intelectual.

Es necesario extender el uso de la identidad digital, asegurar la confiabilidad de las transacciones, y simplificar la vida de las personas, así como emplear la identificación electrónica para asegurar y facilitar negocios internacionales y servicios regionales.

Tenemos que continuar con la gobernanza digital, profundizando la integración de las TIC en la administración pública con el objetivo de promover la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana.

Adriana Barros es analista de sistemas, con posgrado en Sistemas de Información de las Organizaciones y Gestión de Empresas de Tecnologías de la Información.