El Uruguay del bienestar y el rol del Mides

La producción de bienestar es –sin duda– una de las funciones esenciales del Estado, junto con las otras tres fuentes: la familia, la comunidad y el mercado. Cuando estas fallan o resultan insuficientes, el Estado organiza y provee servicios públicos en las más amplias esferas, lo que constituye el conjunto de políticas sociales. Desde luego que las políticas económicas también operan en aquella dirección, sea promoviendo el crecimiento del PIB, regulando el mercado o incentivando inversiones, interviniendo en la negociación colectiva, entre otras tantas funciones del Estado.

En este sentido, la evaluación de los indicadores de bienestar requiere de instrumentos y metodologías adecuadas, sobre todo porque el espectro es muy amplio y multidimensional y no se acota solamente a establecer los niveles de pobreza monetaria o de suficiencia de ingresos. El análisis de las necesidades básicas insatisfechas, de la pobreza multidimensional, de la vulnerabilidad social y la generación del índice de desarrollo humano resultan –entre tantos otros– abordajes de la problemática a la que nos referimos. Por otra parte, es necesario precisar que las políticas sociales destinadas a la producción del bienestar son todas aquellas políticas públicas de salud, vivienda, educación, trabajo, y la lista podría ampliarse mucho más; sin embargo, es recurrente la idea de que la asistencia social o, dicho de otro modo, las políticas de combate a la pobreza, “son las políticas sociales” por excelencia.

El equívoco indujo a la imputación de cometidos específicos –casi exclusivamente– al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la atención de la pobreza y la vulnerabilidad, lo que tiene su explicación, en parte, en haber nacido junto con el Plan de Emergencia Social. Hace 20 años atrás, el fundamento expreso de la nueva institucionalidad se sustentaba en la necesidad de generar las condiciones materiales para brindar los instrumentos y los recursos a la población más vulnerable. En la medida en que el Plan de Emergencia se comenzó a implementar, el Mides fue identificado como el “ministerio de los pobres”, aun cuando entre sus cometidos definidos en la Ley 17.866 se estipuló en el inciso C del artículo 9 “coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales, implementados por el Poder Ejecutivo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al disfrute de un medioambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la no discriminación”.

En los últimos años, el papel de ejecutor de programas y planes sociales desdibujó por completo sus cometidos originales en cuanto a la coordinación de políticas públicas orientadas al desarrollo social. Por esta razón, es necesario revisar el papel del Mides para reposicionarlo como institución rectora y articuladora del conjunto de intervenciones públicas en materia de políticas sociales, tal como lo establece explícitamente la Ley 17.866 del 21 de marzo de 2005.

La determinación de las competencias del Mides se enmarcó en un contexto regional signado por la emergencia de estructuras institucionales asociadas al abordaje de la vulnerabilidad socioeconómica. En efecto, en casi todos los países latinoamericanos, la reingeniería institucional se concentraría en una adaptación de las estructuras estatales históricas a una realidad dramática, expresada en unos indicadores de pobreza e indigencia muy altos. La preocupación por –al menos– mitigar los efectos de las crisis económicas y reducir el impacto en la desigualdad fue un signo que caracterizó a los gobiernos latinoamericanos en las primeras décadas del presente siglo. La creación y la jerarquización de ministerios que se ocuparan específicamente de la pobreza dio lugar a una ola de programas y planes articulados por aquellas instituciones.

Sin embargo, la perspectiva contemporánea exige una recalificación del papel del Mides como organismo rector para intervenir en la atención de la vulnerabilidad, al tiempo que proyectar y actuar en consonancia a la integralidad de las políticas de desarrollo social. La rectoría supone el robustecimiento de las capacidades de diagnóstico, de propuesta, de iniciativa y de planificación del ministerio, tal que su legitimidad sea indiscutible. En el propio artículo 9, inciso B, se le atribuye “sin perjuicio de las competencias de otros ministerios y organismos formular, ejecutar, supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo social en general”. Se deduce, en consecuencia, que el papel del Mides ultrapasa largamente la atención de la pobreza, sin abandonar, obviamente, las competencias en la esfera de la asistencia social.

En dirección a su reformulación en el marco del sistema de protección social, conviene destacar algunos de los giros que debieran darse en un próximo gobierno: a) la reactivación y la jerarquización de los ámbitos institucionales de coordinación intersectorial (Gabinete Social y Consejo de Coordinación de Políticas Sociales); b) la concentración y la unificación de programas de anclaje territorial, de carácter multimodal y multidisciplinario; c) la unificación de prestaciones y dispositivos de protección social; d) el desarrollo y la amplificación de intervenciones en la dimensión sociocultural; e) el ejercicio de la rectoría en materia de políticas públicas y estrategias de desarrollo social; f) el fortalecimiento del diálogo con las organizaciones sociales y los colectivos que representan a las poblaciones destinatarias de las políticas públicas; g) la incorporación de ámbitos de consulta permanente con la academia y los organismos especializados; h) el fomento de la participación de los funcionarios como elemento clave para incrementar la eficacia de las intervenciones.

En síntesis, se trata de reconfigurar sustancialmente el rol del Mides en el marco de una estrategia genuina de desarrollo humano, con el objetivo de producir más y mejor bienestar, reducir fuertemente la desigualdad y las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Christian Mirza es diputado de Espacio 609, Frente Amplio.