Las políticas públicas sobre drogas en este gobierno: clientelismo y falta de ciencia

El gobierno liderado por Luis Lacalle Pou comenzó en marzo de 2020. Parece que fue hace mucho tiempo por la cantidad de sucesos que ha habido desde entonces, entre los que, por supuesto, la vedette fue la pandemia por covid-19, pero en realidad no es tanto tiempo.

Esta forma de ver pasar el tiempo nos genera una percepción de fugacidad, y muchas veces no nos permite analizar o retener hechos por lo rápido que pasan y por la poca atención que ponemos sobre ellos. Es por esto que cada tanto es necesario repasar la historia, por más corta que sea, para volver sobre algunas cosas.

En esta columna pretendo recordar y analizar los principales acontecimientos vinculados con la política pública de drogas que llevó adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La primera arremetida contra las políticas públicas sobre drogas instaurada fue el intento de modificar la ley de alcohol cero en el tránsito. A fines de 2020, algunos integrantes de la coalición, como Sergio Botana (reelecto senador de la República para el período 2025-2030) y el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte, iniciaron una campaña para impulsar la modificación de la ley y que el límite de alcohol para conducir pasara de 0 a 0,3, con comentarios como “una copa de vino al mediodía no afecta manejar” o “0,3 equivale a una copa de vino tinto y eso ayudaría a la industria” o “una ensalada condimentada te puede dar positivo en la espirometría”, y un sinfín de barbaridades más. A raíz de este movimiento, el 23 de enero de 2021 con Leo Lagos publicamos en la diaria una columna en la que hicimos una revisión bibliográfica sistematizada para mostrar que los argumentos que estaban manejando no tenían aval científico. Recordemos también que esta discusión no prosperó por variados motivos; uno de los más importantes fue que el exministro de Salud Pública Daniel Salinas defendió el alcohol 0 en el tránsito y planteó que no era el momento ―en plena pandemia― para discutir estas cosas. Que claramente estaba infundado y era un guiño para la industria de las bebidas alcohólicas.

Otro hecho que fue transversal a todo el gobierno de coalición de derecha fue atentar contra la ley que crea el mercado regulado de marihuana en Uruguay. Todo empezó en marzo de 2021 cuando el exministro del Interior, ya fallecido, Jorge Larrañaga empezó a insistir con que era importante ―por un tema de seguridad― tener acceso al registro de compradores de marihuana, además de a la ubicación de todos los clubes cannábicos. Esto fue sólo el inicio: durante todo el gobierno y hasta hace poco hubo arremetidas contra el mercado regulado. Varios candidatos para la elección de 2024 plantearon que estaba dentro de sus objetivos de gobierno desarticular la ley, fundamentados en que el mercado regulado había aumentado el consumo de marihuana en Uruguay, cuestión que las encuestas muestran sistemáticamente como falsa. Una vez más, yendo en contra de la evidencia.

Otro capítulo aparte fue lo hecho con el tabaco. Nuestro país es reconocido internacionalmente por sus políticas en torno al tabaco y las estadísticas muestran cómo el consumo sigue disminuyendo. A pesar de esto, el actual gobierno decidió tomar medidas que atentaban contra estas normas para favorecer la venta de cigarros. En setiembre de 2022 se tomaron medidas que permitían vender cigarros en “caja blanda” y modificar el empaquetado, lo que no estaba permitido desde las medidas tomadas por el expresidente Tabaré Vázquez. Estas medidas se tomaron con la excusa de competir con los cigarros de contrabando, algo que nunca se pudo comprobar porque no hay registros de la venta y consumo de cigarros de frontera. Después, el presidente de la República aceptó que estos cambios fueron solicitados por Montepaz (tabacalera uruguaya). Luego, siguiendo con los ataques a la política antitabaco, en marzo de este año se denunció el desmantelamiento de la oficina de control y del Programa de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública. A sabiendas de que estas medidas impactaban en el fomento del consumo de tabaco en la población, no les costó promoverlas para favorecer a empresas vinculadas.

Siguiendo con las políticas públicas sobre drogas, otro aspecto que este gobierno llevó adelante fueron los proyectos de ley de internación compulsiva e internación compulsiva anticipada. Ya se han escrito varias columnas sobre esta medida, de cuya efectividad existe nula evidencia. Pero, a pesar de que sociedades científicas vinculadas con la temática se oponían, igual se instrumentó. Vaya uno a saber cuál fue el interés en aprobar una medida que no se probó como efectiva (de hecho, a unos meses de su aprobación, ha quedado más que claro que no sirve).

Una medida impulsada por la coalición de derecha y que se llevó a plebiscito fue la de los allanamientos nocturnos. Se sostuvo que era una medida necesaria y que podía ayudar a las autoridades en la lucha contra las drogas, sin contar con ninguna evidencia para sostener esto. Por suerte, en el plebiscito la ciudadanía no acompañó esta medida.

Para cerrar, una medida tomada en los últimos días. De la mano del Ministerio de Salud Pública, se contrató una agencia de Islandia para llevar adelante un programa de prevención de consumo de drogas. Esta agencia se propone aplicar un programa instrumentado en otros países, pero que no cuenta con evidencia sólida de su efecto. Haciendo una búsqueda bibliográfica rápida, nos encontramos con apenas cuatro artículos que hablan del programa, y ninguno sobre la evaluación de su impacto. Indagando un poco más, nos encontramos con que este programa fue aplicado en Chile con escasos resultados y que la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas plantea varias objeciones después de evaluar el programa.

Estas son algunas medidas vinculadas con las políticas públicas que se tomaron, o se quisieron tomar, sin fundamentos claros y mucho menos evidencia. Además, estamos dejando por fuera otras aristas planteadas y repetidas sistemáticamente por la coalición, sin fundamentos, como que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas o su relación con la psicosis, o que el mercado regulado de marihuana ha estimulado el consumo en el país. Estos contenidos repetidos por los políticos lo único que han logrado es desinformar (según algunas encuestas, cerca del 60% de la población cree que el consumo de marihuana ha aumentado con el mercado regulado).

En definitiva, no queda claro quién asesora a los políticos de la coalición de derecha vinculados con el tema ni cuáles fueron los fundamentos para tomar las decisiones que tomaron o quisieron tomar sobre políticas públicas de drogas. Pero aparenta que científicos formados en el tema no fueron considerados, si no, jamás podrían haber tomado estas decisiones.

Y no sólo dejaron por fuera a técnicos y profesionales vinculados con la temática de drogas, sino que dejaron por fuera a la Junta Nacional de Drogas, órgano rector sobre políticas en esa materia en Uruguay. Varias de las medidas comentadas fueron fomentadas por el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Salud Pública sin consultar ni incluir a la Junta Nacional de Drogas. Eso es importante porque es la estructura del Estado con más especialistas en el tema, que fue liderada por el doctor Daniel Radío durante este gobierno, probablemente la persona con más formación y experiencia en el tema dentro de la coalición, quien se expresó en los medios en contra de varias decisiones de su gobierno, como los proyectos de internación compulsiva o los intentos de cambiar la disposición de alcohol 0 en el tránsito, y a las afirmaciones de que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, entre otros. Pero fue sistemáticamente dejado de lado (seguramente por ir en contra de lo que políticos sin formación, pero con intereses, querían desarrollar).

Claramente, entre 2020 y 2024 la política de drogas en Uruguay se caracterizó porque el clientelismo y el mercado estuvieron por sobre los derechos y la ciencia.

Paul Ruiz Santos es licenciado y doctor en Psicología. Es profesor de la Universidad de la República y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Actual presidente de la Latin American Society for Biomedical Research on Alcoholism.