La salud de la democracia depende de la confrontación de ideas sobre la vida en sociedad. La campaña electoral es un momento privilegiado para que esta confrontación de ideas se configure en el centro de la discusión pública. A partir de la difusión de las medidas prioritarias para el Frente Amplio (FA) en caso de ser gobierno, anunciadas en Colonia, se abrió una tímida discusión sobre las políticas de acceso a la tierra. Es bienvenida la polémica y el debate de buena fe sobre un asunto tan importante y tan olvidado en nuestro país como el acceso y la distribución de la tierra en el medio rural.

En este sentido, es bueno recordar qué dice el programa del FA sobre este asunto. Me permito recortar los párrafos que a mi juicio refieren al tema y que sostienen la necesidad de revertir “el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización (INC) y potenciar sus funciones, a efectos de fortalecer las políticas de adquisición de tierras, para facilitar el acceso a la producción familiar, con énfasis en mujeres y jóvenes [...] Se dotará de recursos al Plan Nacional de Agroecología, coordinándolo con el INC”. El programa propone también la implementación de “medidas de apoyo selectivo a la producción familiar para frenar y revertir el proceso de expulsión sistemática de productores y productoras”.

Como se expresa claramente en sus bases programáticas, la política de tierras del FA está dirigida exclusivamente a productores/as familiares. Es importante aclarar esto porque las unidades de producción agropecuaria familiar (PAF) son unidades socioeconómicas complejas que organizan trabajo, capital y tierra en forma autónoma, con el objetivo principal de maximizar el ingreso por hora trabajada, minimizando la penosidad del trabajo, pero que también incluyen otros objetivos sociales como la educación, la participación comunitaria y el cultivo de vínculos identitarios con la zona a la que estas familias pertenecen. Es decir, no se orientan como otras unidades de producción agropecuaria a maximizar las ganancias sobre capital invertido, objetivo típico de la inversión capitalista.

Entender esta diferencia en la naturaleza de la PAF es de suma relevancia a la hora del diseño de políticas públicas, dado que las decisiones de inversión, organización del trabajo e incorporación de tecnología pueden diferir radicalmente de las de una empresa capitalista, por lo tanto, indicadores como rentabilidad difícilmente sean útiles a la hora de pensar en políticas de apoyo selectivo a la PAF como propone el FA.

En el debate que propone algún legislador del gobierno, al menos tenemos una coincidencia: se plantea el acceso a la tierra como el mayor problema en la campaña. Eso es una gran verdad. La causa principal de las dificultades que sufren miles de familias rurales dedicadas a la producción está en las enormes barreras que tienen quienes no nacen con estancias propias. La gran diferencia está en las soluciones que se plantean.

La estrategia diseñada hace 75 años por el Estado uruguayo para solucionar el problema del acceso a la tierra consiste en comprar tierras por parte del INC a precio de mercado, tomando el lugar del comprador en los negocios particulares. Para esto, es imprescindible diseñar las unidades de producción en función de la demanda local, el potencial socioeconómico de la zona y las orientaciones políticas de desarrollo que defina cada gobierno. El objetivo es poner esas tierras en arrendamiento a productores familiares que tengan un mínimo de capital y experiencia en el rubro productivo propuesto, que en el 90% de las fracciones del INC es ganadería, lechería y horticultura. Esos son los tres sistemas productivos que con sus combinaciones de todo tipo ocupan la gran mayoría de los PAF.

El dinero público destinado a la compra de tierras es verdadera inversión, en el sentido de que no se gasta, sino que está siempre disponible bajo la forma de bien inmueble, por lo que implica un incremento patrimonial del Estado. A ese incremento patrimonial se suma la valorización de la tierra, que en los últimos 20 años multiplicó su valor por siete, y además supone un ingreso para el Estado por concepto de renta de aproximadamente el 2% anual. Es decir, es un buen negocio financiero para el Estado y de riesgo relativo menor. Podríamos pensar, en este punto, que por algo los capitales de todo el mundo vienen a Uruguay a comprar tierras: es evidente que no es un mal negocio.

El dinero público destinado a la compra de tierras es verdadera inversión, en el sentido de que no se gasta, sino que está siempre disponible bajo la forma de bien inmueble, por lo que implica un incremento patrimonial del Estado.

La lechería es el sistema productivo donde las unidades de PAF tienen ventajas para producir ingresos dignos sobre suelos fértiles, que en condiciones de mercado son ocupados por la soja y la agricultura de secano por parte de empresas con espalda financiera y sin necesidades de establecer proyectos de largo plazo. Por su parte, para poder desarrollar sus proyectos de vida, las familias de tamberos necesitan seguridad de tenencia a largo plazo que permita construir salas de ordeñe, vivienda, electrificación, pozos y todo lo que necesita la producción lechera.

En el caso de los campos no arables de menor valor, los PAF son eficientes en la producción ganadera sobre campo natural, pero en condiciones de mercado para el acceso a la tierra deben competir con las empresas forestales que disponen de ingentes recursos y pagan arrendamientos muy altos por plazos largos, que terminan expulsando a las familias rurales con sus vacas a los caminos y a los bajos de las forestales. Este último conflicto por la tierra en las zonas ganaderas tomó forma política en la ley aprobada por el Parlamento para limitar el avance de la forestación, que fue luego vetada por el presidente bajo presión del lobby forestal.

En ambos casos queda claro para cualquiera que conozca la campaña que el acceso a la tierra librado a las leyes del mercado beneficia sólo a las grandes empresas con espalda financiera y fines de lucro. Esa dinámica genera paisajes sin población habitando el medio rural, escuelas cerradas y taperas que se sacan con retro, para dar más espacio a las chacras.

Estos elementos nos permiten dudar de la eficacia de la propuesta de subsidios al arrendatario en el mercado de tierras, que a último momento se propone desde el partido en el gobierno. Lo que más nos hace dudar es que habiendo tenido cinco años para implementarla, no se animaron, ni siquiera, con un proyecto piloto. Eso sí, desde el primer día eliminaron los recursos del INC para compra de tierras, dejando sin oportunidades a cientos de pobladores del campo con ganas de trabajar su tierra.

Mientras tanto, en las tierras de propiedad pública, cedidas para el uso de las y los productores familiares, con la obligación de residir y trabajar en el predio, la comunidad se mantiene vital y en las escuelas sigue habiendo jolgorio a la hora del recreo. Las familias rurales no sólo solucionan el problema de acceso a la tierra, sino que también tienen viviendas dignas y una fuente de trabajo protegida por el Estado de la especulación financiera y el capital transnacional.

Matías Carámbula es ingeniero agrónomo e integrante del Partido Comunista del Uruguay. Juan Pablo Perrachón es ingeniero agrónomo e integrante del círculo verde de Casa Grande, Frente Amplio.