Uruguay está en un momento crucial para fortalecer la gestión pública, con oportunidades para avanzar hacia una administración más transparente, eficiente y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este contexto, la evaluación de políticas públicas se posiciona como un instrumento fundamental para asegurar que las acciones del gobierno respondan de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía y mejoren su calidad de vida. La evaluación no sólo mide el impacto de las políticas, sino que también permite ajustar y adaptar las intervenciones para que sean más efectivas, garantizando que las decisiones se basen en evidencia sólida y respondan a los desafíos actuales.
El cambio de gobierno trae consigo un desafío significativo: enfrentar el colapso sistémico que afecta a nivel global, un fenómeno caracterizado por la convergencia de crisis económicas, sociales y ambientales. Estas crisis, interrelacionadas y complejas, exigen respuestas integrales que consideren la interacción de múltiples factores. Enfrentar esta situación implica ir más allá de respuestas aisladas y adoptar enfoques integradores que aborden la interdependencia de estos problemas.
El papel de la institucionalidad para el monitoreo y la evaluación de políticas públicas
La Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, creada en 2020, ha enfrentado desafíos significativos que requieren atención, pero tiene el potencial de jugar un rol clave en este proceso, si se fortalece su autonomía y se le otorgan los recursos y la visión estratégica necesarios para trascender la mera medición de resultados inmediatos. La agencia debe ser vista como un actor crucial para asegurar la efectividad de las políticas, no sólo en términos de resultados cuantificables, sino también en términos de impacto social, calidad del gasto y sostenibilidad a largo plazo.
Evaluación como herramienta de transformación sistémica
La evaluación, vista como una herramienta de transformación sistémica, tiene el poder de impulsar un cambio real y duradero. En un contexto de crisis interrelacionadas, la evaluación se convierte en un motor de cambio estructural al ofrecer una comprensión profunda y continua de los impactos sociales, económicos y ambientales de las políticas. Con un enfoque sistémico, la evaluación no sólo proporciona datos, sino que también invita a reflexionar y ajustar las intervenciones para asegurar su relevancia, efectividad a largo plazo y la calidad del gasto público, optimizando el uso de los recursos para maximizar los beneficios sociales y económicos. Este enfoque permite identificar las relaciones causales entre distintas políticas y sus efectos, facilitando un aprendizaje continuo que contribuye a la mejora constante de la gestión pública.
Uruguay puede aprender de modelos exitosos como el de Coneval en México, una institución autónoma que ha demostrado cómo la evaluación de políticas sociales puede fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Coneval ha logrado establecer una cultura de evaluación que permite a la ciudadanía conocer el desempeño de las políticas sociales y exigir mejoras cuando sea necesario. Este tipo de enfoque refuerza la confianza en las instituciones y contribuye a una mayor calidad democrática. Herramientas como los indicadores ESG, IRIS+ y Sistema B también podrían dotar los procesos evaluativos locales de credibilidad y efectividad, asegurando que las políticas públicas respondan tanto a los desafíos locales como a las exigencias de un contexto global. Estas herramientas permiten una evaluación integral que toma en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales, alineando las políticas públicas con estándares internacionales de sostenibilidad y responsabilidad.
Evaluación como espacio de diálogo y colaboración
Además, la evaluación de políticas debe ser un espacio para el diálogo y la colaboración entre diferentes actores: partidos políticos, sindicatos, sociedad civil, academia, organismos internacionales y, sobre todo, la ciudadanía. Esta participación inclusiva permite construir políticas de largo plazo que trasciendan los intereses partidarios y promuevan un compromiso real y duradero con el bien común. La participación de múltiples actores no sólo enriquece el proceso evaluativo, sino que también legitima las políticas implementadas, asegurando que reflejen las necesidades y aspiraciones de toda la sociedad.
El momento es ahora: Uruguay tiene la oportunidad de convertirse en un referente en la región en materia de evaluación de políticas públicas.
En un contexto donde el debate político tiende a la polarización, la evaluación puede ser una herramienta para facilitar puntos de encuentro y promover un diálogo constructivo que avance hacia una gestión pública capaz de adaptarse a los desafíos actuales y construir un futuro sostenible para todas y todos. Para trascender la lógica de pura confrontación entre los bloques políticos, es fundamental que la evaluación de políticas públicas sea vista como un espacio para el diálogo, donde se promueva una visión compartida del bien común y se genere confianza entre los distintos actores. Si bien no es la única solución, un buen sistema de evaluación puede contribuir de manera significativa a disminuir la polarización y a construir consensos duraderos.
Fortalecer la evaluación como herramienta transformadora
Fortalecer la evaluación como una herramienta transformadora en el sector público uruguayo es crucial para enfrentar el colapso sistémico y promover una transformación sostenible. La integración de enfoques evaluativos que consideren la equidad de género y la sostenibilidad permitirá asegurar que las políticas promuevan justicia social, equidad y el bien común, aspectos esenciales para consolidar una sociedad verdaderamente democrática. La evaluación puede actuar como un catalizador de cambio al identificar inequidades y promover ajustes en las políticas para corregir desigualdades, contribuyendo a una distribución más equitativa de los recursos, mejorando la calidad del gasto y asegurando que las oportunidades lleguen a quienes más lo necesitan.
La oportunidad está al alcance: el próximo gobierno tiene la posibilidad histórica de consolidar la evaluación como una práctica integral, capaz de guiar la gestión pública hacia un futuro más equitativo y resiliente. Aprovechar esta oportunidad implica dejar atrás la confrontación política como norma y trabajar hacia una gestión pública basada en la evidencia, el diálogo constructivo, la calidad del gasto y el compromiso con el bien común. La evaluación debe ser entendida no sólo como un mecanismo técnico, sino como una práctica política que fomente la participación ciudadana y la corresponsabilidad. Construyamos un Uruguay que responda de manera efectiva a los desafíos globales y locales, asegurando el bienestar de todas las comunidades y fomentando una gestión pública que sea un ejemplo de transparencia, eficiencia y compromiso con el desarrollo sostenible.
Compromiso político y fortalecimiento de capacidades
En última instancia, para que la evaluación cumpla con su potencial transformador, es necesario un compromiso político genuino que impulse su implementación y que garantice su continuidad más allá de los ciclos electorales. La evaluación debe ser vista como un bien público, al servicio de toda la sociedad y no de intereses partidarios. Sólo de esta manera se podrá construir una gestión pública resiliente y capaz de enfrentar los desafíos complejos del siglo XXI. La ciudadanía también tiene un rol crucial en este proceso: su participación activa y su demanda por políticas basadas en evidencia son fundamentales para consolidar una cultura de evaluación y rendición de cuentas.
Fortalecer las capacidades técnicas y políticas para realizar evaluaciones de calidad es un paso indispensable. Esto implica invertir en la formación de evaluadores, en la creación de metodologías adecuadas y en la generación de espacios para el intercambio de experiencias y aprendizajes. Una cultura evaluativa sólida debe permear todos los niveles de la administración pública en todos sus niveles de gobierno, y desde el diseño hasta la implementación de las políticas, asegurando así que cada intervención esté orientada a generar un impacto positivo y duradero. Al mismo tiempo, es fundamental contar con recursos adecuados para llevar a cabo estas evaluaciones, garantizando su independencia y objetividad.
Conclusión: una oportunidad para liderar en transparencia y desarrollo sostenible
El momento es ahora: Uruguay tiene la oportunidad de convertirse en un referente en la región en materia de evaluación de políticas públicas. Esto no sólo contribuirá a una mejor gestión interna, sino que también permitirá al país posicionarse como un líder en transparencia y rendición de cuentas, aspectos que son cada vez más valorados en el contexto internacional. La evaluación, cuando es bien utilizada, se convierte en una herramienta de transformación social, capaz de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, optimizar la calidad del gasto público y contribuir al desarrollo sostenible. No perdamos la oportunidad de construir un futuro donde la gestión pública esté verdaderamente al servicio del bien común y donde las decisiones se tomen con base en la mejor evidencia disponible.
Leopoldo Font es docente en la Universidad de la República y en Uclaeh, y consultor internacional en planificación estratégica y en evaluación.