Un decreto para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que optó por un camino que ya ha mostrado varios fracasos

Es común en Uruguay y el mundo informar sobre cifras de porcentajes de reciclaje de materiales, fundamentalmente polímeros, papel y cartón. En cambio, no se presentan cifras de otras fracciones de residuos generados en una ciudad, los que habitualmente son un gran dolor de cabeza para las intendencias, ya que la casi totalidad de ellos tiene como destino final vertederos o rellenos sanitarios. Las principales fracciones de residuos, por peso o volumen, son otras: restos de origen vegetal y animal; materiales de construcción; restos de poda, jardinería y enseres de madera prensada; residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; y últimamente, en acelerado crecimiento, la ropa usada.

En esta oportunidad abordaremos la fracción de residuos que se conoce por su sigla RAEE (restos de aparatos eléctricos y electrónicos), ya que recientemente, el 5 de noviembre, el Poder Ejecutivo aprobó ―luego de años de idas y venidas― el decreto 292/024, que establece directivas y un reglamento para su gestión. Ya al inicio, el decreto expresa la “rápida obsolescencia” de ellos y señala que “no tienen un canal de gestión diferenciado y generalizado, disponiéndose en su amplia mayoría junto a los residuos comunes o domiciliarios o a través de mecanismos informales”.

La esencia de esta normativa es que importadores y fabricantes deberán adherir a un plan de gestión que "comprenderá la recolección, traslado y almacenamiento [...] así como su tratamiento, valorización, disposición o cualquier otra alternativa de destino final", o sea, también podrán ser incinerados.

Para comenzar, decimos que estos aparatos, en su casi totalidad, no son fabricados en el país, que se producen cada día más con menos materiales y de inferior calidad, utilizando nuevas aleaciones de casi nulo potencial de reciclado, y cada vez más lejos están de haber sido pensados y diseñados para tener una larga vida y ser reparados. Basta pensar en electrónicos como los celulares, las pantallas y las computadoras, que a todos nos rodean, para darnos cuenta de cómo es la realidad. Ocurre algo similar con aparatos eléctricos como, por ejemplo, heladeras, cocinas y termotanques, cuya vida útil es hoy muy inferior a la de antes y el material que se pueda  recuperar –además del costo que implica– tiende a cero. Por otra parte, aunque exista voluntad de querer reparar, por ejemplo, una radio portátil, uno se encontrará con la respuesta del técnico que le dirá que es necesario tal repuesto que ya no se fabrica o que –si es que se produce– no hay quién lo importe porque no es negocio.

Los planes de gestión de los RAEE quedarán –otra vez– en manos exclusivamente de privados, y para recuperar estos aparatos se deberá contar con un permiso otorgado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente (MA), hecho que beneficiará a un casi monopolio de empresas que son las que cuentan con los requerimientos establecidos. Una vez más, han quedado “con la ñata contra el vidrio” gestores pequeños y cooperativas de clasificadores que no cuentan con el capital y la logística para competir. Y si bien se dice en el decreto que se promoverá “la inclusión efectiva de clasificadores en los procesos que se desarrollen”, sabemos que esto será letra muerta. La historia muestra que nunca estos decretos le dan oportunidades a un número mínimo de clasificadores; quizás dos o tres se beneficien, pero lo concreto es que no hay ningún compromiso en este sentido, es una normativa que les da la espalda a los más desprotegidos, a los trabajadores de los residuos.

El decreto basa su éxito en tres pilares: a) creencia de que en este caso es posible que la economía circular funcione, b) confianza en la REP (responsabilidad extendida al productor), y c) apuesta a que habrá un importante apoyo de las intendencias. La película es conocida: importadores y fabricantes harán el plan o planes, el ministerio los aprobará, los plazos estipulados se dilatarán y los porcentajes de recuperación estarán siempre lejos de las metas establecidas. 

Apostar a la REP, algo que en nuestro país viene ocurriendo con varias fracciones de residuos y no ha logrado resultados aceptables, es más bien una garantía de fracaso. Si en algunos países esta idea ha dado algún buen resultado es porque va acompañada de la obligación por parte de los ciudadanos de clasificar correctamente, de una fiscalización efectiva por si no lo hacen y, sobre todo, porque se establecen fuertes multas para aquellos que no cumplan con disponer correctamente sus residuos. 

Este es un decreto que pone metas sin ningún estudio técnico; no se estimaron costos de recolección y acopio de los aparatos desechados, cuántos hay de cada uno, cuál es su peso y su volumen. Se comenzará con metas del 40%, pero ya sabemos que estas metas, a pesar de que siempre se postergan, nunca se han cumplido. Eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con los residuos de envases de bebidas y alimentos, de bidones de agrotóxicos y neumáticos. Y lo más grave, nunca se evalúan los planes, y si no se cumplen las metas, se pretende responsabilizar al consumidor por falta de educación. Falta relevar y sistematizar información sobre los RAEE; posiblemente la Dinacea cuente con parte de ellos, pero no los transparenta.

La REP, en la que basa la responsabilidad este decreto, tiene más de 20 años de aplicación en nuestro país, y lo que más ha mostrado son fracasos; por eso pensamos que es iluso y hasta ridículo pensar que, si no se cumplen las metas planteadas, el MA vaya a trabar las importaciones de aparatos eléctricos y electrónicos como se establece. Que no se fijen multas por  incumplimiento es algo que debilita todo compromiso.

Desde 1999 se viene transitando por el mismo camino; se han ido aprobando leyes y decretos con un mismo molde, dando a privados la gestión. Y estamos –salvo en algunas pocas fracciones de residuos– en líneas generales cada vez peor producto de los nuevos patrones de consumo impuestos por las multinacionales contaminantes, el crecimiento de lo descartable y la fabricación de objetos que cada día se producen para que tengan una menor vida útil.

Sin cambios, no habrá cambios.

Jorge Solari es edil departamental de Montevideo por El Abrazo 949, Frente Amplio.