¿Por qué regular los medios de comunicación?

Es cierto: el panorama infocomunicacional no es igual al de hace diez años. Seguramente ni siquiera sea igual al de hace una semana atrás. No es ninguna novedad que la tecnología cambió –y sigue cambiando– la manera en que muchos de nosotros nos informamos, nos comunicamos con las demás personas y nos entretenemos. Las formas de trabajo también están en pleno proceso de transformación y la precariedad laboral viene muchas veces acompañada de home office, pero aquella escena de una familia entera mirando el informativo de las 19.00 o la novela de las 21.00 parece ser cosa del pasado.

Las redes sociales nos prometieron a principios de siglo un horizonte democratizador que realmente duró poco. Aunque la mayoría de las personas en nuestro país tiene hoy un celular con conexión a internet y la posibilidad de publicar lo que quiera, las redes no son espacios democráticos de circulación de la información. Cada plataforma tiene sus características específicas, pero los algoritmos suelen premiar a quienes más gritan y las burbujas de filtro nos llevan a caminar dentro de un mismo barrio: descartamos lo que no nos suena y damos like a lo que sí. Las empresas dueñas de las grandes plataformas –pocas empresas con mucho poder global– quieren tenernos más horas en las pantallas de nuestros teléfonos y para eso necesitan mantenernos a gusto.

La concentración en internet es un problema grave para nuestras democracias. Organizaciones de la sociedad civil vienen reclamando hace años por una regulación democrática de las grandes plataformas que respete estándares internacionales de libertad de expresión, con propuestas concretas¹. Las iniciativas políticas que buscan contrarrestar la desinformación y las noticias falsas, en general, han ido en la dirección de aumentar la censura y el punitivismo.

En este panorama: ¿por qué nos siguen preocupando los medios tradicionales de comunicación? América Latina se caracteriza por tener sistemas mediáticos altamente concentrados y a la vez medios públicos históricamente débiles. En Uruguay, el mercado de los servicios de comunicación audiovisual está signado por la presencia de los “tres grandes”. Estos tres grupos económicos concentran el mayor poder en el sistema de medios y tienen como cabecera los canales privados de televisión abierta de Montevideo². Hoy no contamos con estudios sistemáticos actualizados sobre la propiedad de los medios, pero es público que estos grupos han tenido algunos desprendimientos a la vez que han aparecido nuevos concentrados mediáticos, lo que no cambia sustantivamente el panorama general. El Frente Amplio no tuvo en el pasado voluntad política de aplicar a cabalidad la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y me permito aquí una digresión: no es cierto que la Ley 19.307 todavía vigente controle los contenidos y opiniones de los medios, como viene señalando públicamente el candidato a la presidencia por el oficialismo Álvaro Delgado.

Ahora, que las formas de comunicación e información estén cambiando no quiere decir que los medios tradicionales no concentren un gran poder. Son los responsables de la construcción de la agenda política y la forma de informarse de gran parte de la ciudadanía. Incluso si pensamos en el vínculo entre medios tradicionales y redes sociales, los medios son voces autorizadas que marcan agenda en redes. La complejidad del tema y los desafíos que nos presenta la tecnología deberían ser un puntapié para que el sistema político le proponga a la ciudadanía una discusión amplia sobre qué regulación necesitamos. En ningún caso la respuesta adecuada es más concentración mediática ni atropellos a la libertad de prensa, como propone la ley recientemente aprobada en la Cámara de Senadores. Si estamos de acuerdo en el rol que cumplen los medios y el periodismo para la democracia, deberíamos implementar políticas públicas que promuevan más cantidad de voces y más diversas, nunca menos.

Jimena Torres es politóloga y militante frenteamplista.