La seguridad en debate es un espacio que promovemos desde la diaria para dar una discusión a fondo sobre sociedad y políticas de seguridad. Profesionales en la materia brindan sus aportes para abrir un debate necesario en estos tiempos.
Es meridianamente claro que la construcción de una estrategia nacional para la convivencia y la seguridad, en tanto política pública, implica abordar un problema social complejo, lo que debe hacerse a partir de consensos políticos, sociales, académicos y culturales. Y, sobre todo, eludiendo la tentación del botín electoral o las respuestas facilonas.
Es preciso un espíritu de debate, con posiciones propositivas, experiencias y evidencias evaluadas. La voluntad de intercambiar miradas y puntos de vista se puede hacer a partir de propuestas concretas. La sola voluntad de consenso no crea consenso. Hay que despojarse de la tentación de tener “la bala de plata” que resuelve todos los problemas de este desafío y compromiso que incide en la convivencia de la sociedad, la paz y el desarrollo del país.
La guerra contra las drogas se realimenta permanentemente. El exdirector de la Policía Nacional Julio Guarteche usaba la imagen de la hidra para enseñar cómo el narcotráfico se fortalecía cada vez que le cortaban una cabeza. Con esta guerra pasa lo mismo. Fracasa en una región y época, y resurge con más fuerza en otras. Lo trágico es que se siguen haciendo las mismas cosas y reinventando las famosas balas de plata que serían la solución total. La nueva bala de plata que justifica el fracaso total de un enfoque en la actualidad son los allanamientos nocturnos. A lo que se suma que de vuelta se insinúa la incorporación de las Fuerzas Armadas a esta guerra.
Un enigma de la época, de la región y de nuestra sociedad
La delincuencia y la violencia letal tienen pendientes respuestas científicas, sociales, culturales y políticas. No hay explicaciones causales unívocas, y se coincide en la multicausalidad, muchas veces para justificar la inacción. Hay varios pensadores que intentan descifrar el mundo actual y dan pista de este efecto epocal. A nivel local, hay aportes invalorables de académicas y académicos, también de periodistas, que han investigado a fondo y son insumos que hay que recoger y valorar.
Los recientes aportes que provienen de la academia de las y los cientistas e investigadoras son elocuentes de cierta miopía que todavía tenemos en los partidos políticos y en la sociedad sobre el tema. Se insiste una y otra vez en reducirlo a un tema policial, o en las causas sociales que explicarían las conductas delictivas y la violencia. Está de moda “lo dual”, que parece ser un nuevo relato de las autoridades.
Las violencias
Vivimos una época con una cultura, con un modo de producción de subjetividad que incide a fondo en las conductas humanas, unido a grandes sectores privados de todo que intentan obtener lo que ofrece el mercado, por emprendedurismo ilícito. Igual que lo hacen algunos, muchos poderosos que hacen “negocios”, sea cual sea, admiten que ingresen capitales aunque sean oscuros, usan todo tipo de “contactos” o influencias para en nombre de la libertad escalar posiciones a nivel público o privado.
Muchas veces se ha tenido la tentación de escuchar sólo el reclamo primitivo del punitivismo popular. Hemos aumentado penas, no hemos trabajado en el desarme de la población civil, y como en otros temas nos dejamos guiar por los estigmas. Hay un aspecto que no hemos podido señalar como la mayor complejidad y el compromiso de toda la ciudadanía: la conexión entre mercados ilegales y legales. Se roban un millón de autos en América Latina por año. Los de alta gama se contrabandean. Las autopartes se negocian en mercados legales a los que acceden todos los ciudadanos. Muchos millones de dispositivos celulares y laptops tienen el mismo destino. La oferta de objetos robados que es colmada por parte de la ciudadanía es un componente sólo para mostrar la complejidad del tema.
Una estrategia a construir
La construcción de una estrategia debe responder a la definición de una política criminal pública del Estado, en los términos de los cuatro pilares que ha dejado bien explicitados el exfiscal de Corte Jorge Díaz.
Como bien dijo Díaz, la seguridad es un derecho humano fundamental, y centrar el problema de la seguridad enfocándose en la Policía es “el mayor error de los últimos 30 años en Uruguay”. En su opinión, la seguridad debe ser asumida por todo el Estado y en ese sentido dijo que hay cuatro acciones que se deben cumplir para combatir el delito: prevención, represión, investigación y persecución penal. Señala que tanto la prevención como la persecución no son tareas exclusivas de la Policía, sino que deben ser acciones globales y coordinadas con todos los organismos que cumplen funciones de control: Policía, Policía Sanitaria, Aduana, Prefectura, intendencias, entre otros.
En cuanto a la investigación, el gobierno debe marcar la política criminal y asumir que es responsabilidad de todo el Estado, y no sólo de la Policía, diseñar los caminos para priorizar los delitos a investigar. “Si no se prioriza, se termina persiguiendo la flagrancia, que es el eslabón más débil de la cadena. Hay mercados que se abastecen de productos obtenidos de manera ilícita. Mientras no se ponga el foco en la persecución de esos mercados y sólo se persiga al bien fungible, que es el ser humano que comete el ilícito, no habrá soluciones a los problemas de seguridad”, planteaba Díaz.
Una propuesta posible
Los acuerdos que hay para la creación de un Ministerio de Justicia son un paso importante y cubren un problema sustancial. Hay acuerdos también en generar instancias interinstitucionales para abarcar la complejidad del fenómeno. Algunos ya funcionaron. Otros no sirven. Quedan en la buena intención de coordinar, pero no hay presupuesto, dedicación ni liderazgo para ello.
La larga experiencia de la Junta Nacional de Drogas (JND) es muy rica e ilustrativa. Las comisiones nacionales de drogas fueron impulsadas a mediados de los 90 como una forma en la que Estados Unidos garantizaba el control del tema drogas a partir del concepto de guerra y creadas a alto nivel.
La Junta Nacional de Drogas se puede reconfigurar, con la misma integración y modelo, dependiendo de Presidencia de la República, y pasar a ser una Junta Nacional de Convivencia y Seguridad.
En Uruguay, el colegiado tuvo características especiales. Fue dirigida en varias oportunidades con voluntad política para que efectivamente funcionase y definiera rumbos. Hubo continuidad de políticas de Estado y en ello nos comprenden las generales de la ley. En 2005 hicimos una buena transición en un diálogo fructífero con Leonardo Costa, que estuvo a cargo de este rol en el último gobierno colorado. Tuvimos la humildad y la virtud de, a partir de puntos de vista propios, incorporar todo lo bueno que se había hecho y todo el personal técnico de alto nivel. Pudimos trabajar en equipo con la Policía que lideró Julio Guarteche y creamos los juzgados y fiscalías especializadas. En el tema antilavado incorporamos todos los insumos de la etapa anterior. Creamos la Secretaría Antilavado y el Fondo de Bienes Decomisados. Eso quedó como pilar de políticas públicas.
La JND puede trascender
La JND tiene un diseño institucional muy rico, que puede usarse para trascender, sin dejar de lado las políticas de drogas. Se puede reconfigurar, con la misma integración y modelo, dependiendo de Presidencia de la República, y pasar a ser una Junta Nacional de Convivencia y Seguridad.
Viendo la necesidad de generar instrumentos institucionales que estén habilitados y capacitados para construir políticas públicas que garanticen y afirmen el derecho humano a la seguridad, la convivencia pacífica, la salud pública y el desarrollo humano con justicia; evaluando la trayectoria y continuidad en materia de políticas públicas de drogas de la JND, y para no duplicar innecesariamente, es posible considerar que sea un modelo idóneo, situando a otros integrantes; teniendo claro que una institucionalidad de estas características debe tener un presupuesto transversal que adjudique metas y logros de objetivos de cada ministerio o agencia para la ejecución de dicho programa.
Debemos considerar las políticas de drogas que han logrado continuidad y han contribuido a un enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo con una visión integral de problemas complejos y anexos que se podrían incorporar al nuevo organismo interinstitucional; también que las políticas públicas en drogas actualmente gozan de una continuidad de Estado y que de todas maneras seguirían contempladas en este nuevo modelo.
Cabe pensar en una estrategia y diseño institucional que debe tener una expresión territorial que sea la real interacción del Estado y la sociedad, respondiendo a las singularidades de cada barrio o municipio, y que sea un canal de participación efectiva de la comunidad organizada, de organizaciones de la sociedad civil y también de los actores privados a ese nivel.
Medidas a tomar en lo normativo
Para llegar a este diseño, se debería considerar la modificación del Decreto 463/88, en el que se definen los cometidos de la JND, redefiniéndolos, modificando los objetivos esenciales y su integración, ampliándolos con el fin de contribuir a la ejecución de una política criminal pública, integral, abarcativa de los pilares que se definan en una estrategia nacional para la convivencia y seguridad.
Este organismo puede ser presidido por la o el prosecretario o secretario de Presidencia y se debería analizar la pertinencia o no de crear una junta ejecutiva, con los actores más relevantes, como son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, las mesas de convivencia, la Secretaría Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado. A su vez, se debería pensar en una coordinación ejecutiva cuya función principal sea garantizar la convocatoria y articulación de los integrantes y velar por la ejecución del presupuesto transversal.
Lo territorial: las mesas y juntas de convivencia y seguridad
Hay un acuerdo extendido sobre el rol que juegan las políticas públicas en lo territorial. En estos temas hay experiencias muy positivas. Se impone relanzar la experiencia de las mesas de convivencia y seguridad, cuyas coordinación general y estructura deberían depender del nuevo organismo reconfigurado en una Junta de Convivencia y Seguridad, garantizando así la participación comunitaria.
Es necesario, a su vez, recrear el Comité Científico Asesor (que existió para la ley de regulación de la marihuana), que convoque y reúna a las y los académicas e investigadores que contribuyan con su mirada a profundizar el conocimiento, para que aporten a la estrategia y el programa, y ayuden a evaluar la marcha de la política criminal pública de este organismo.
Por otra parte, cabe que el Fondo de Bienes Decomisados mantenga la misma estructura y reglamento, como exige su ley y reglamento. Las adjudicaciones deben darse en este organismo (como no se hace actualmente) estampando las decisiones en las actas ordinarias. El reglamento es lo suficientemente amplio como para que el resultado de los bienes pueda ser utilizado más allá del tema drogas. Y el fin es más que justificado: abordar de manera integral la seguridad y la convivencia.
Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.