Las últimas semanas fueron protagonistas de casos que nos llevan a cuestionar la forma en que se está construyendo agenda pública sobre temáticas de violencia basada en género. ¿Qué cambios quieren promover en torno a esta temática y qué grupos sociales se manifiestan en contra de la llamada “ley de género” (Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género 19.580)?

A partir de las manifestaciones públicas frente a los juzgados penales exigiendo protección de victimarios de violencia de género, en el Parlamento proponen legislar a favor de la protección de estos denunciados apelando a la construcción de “denuncias falsas” en la materia.

Aquellos que se presentan como representantes de una minoría silenciada por denunciantes por violencia de género están disputando la ley e intentando defender un estado de cosas dominante que potencialmente desempodera a las víctimas de este tipo de violencia (mujeres, niños/as y adolescentes, mayoritariamente). No es casual que estas manifestaciones sucedan en medio de la filtración de conversaciones que cuestionan el rol de la Justicia entre el expresidente del Partido Nacional Pablo Iturralde y el exsenador Gustavo Penadés, imputado por abuso de menores. Estas noticias pueden estar desviando el foco de nuestra atención sobre lo que está en disputa en las manifestaciones contra las “denuncias falsas”: ¿qué intereses representan? ¿Podemos hablar de la defensa de derechos de las minorías sociales cuando se trata de denunciados por violencia basada en género?

Aquellos que se presentan como representantes de una minoría silenciada por denunciantes por violencia de género están disputando la ley e intentando defender un estado de cosas dominante.

Ambas preguntas nos llevan directamente a la construcción del término “minorías sociales” y a la emergencia en nuestros territorios del llamado backlash o avanzada conservadora contra la agenda de derechos humanos con enfoque de género y generaciones, cuando el enfoque busca proteger a mujeres y personas sexo-género diversas (LGBT) de la violencia de género y busca instalar la agenda de derechos sexuales y reproductivos.

Estas manifestaciones defienden un cierto estado de cosas o statu quo en la estructura familiar y social. Los manifestantes frente a la Justicia buscan defender la figura del “padre de familia”, figura adulta por encima del interés superior de los niños/as en situaciones de violencia de género (incluye temas de abuso sexual, violación, entre otros). Recientemente se publicó un informe de investigación de Mercedes Oyhantçabal y Magdalena Caccia (2024) donde se sintetizan algunos discursos de estos grupos en contra de la educación sexual; el aborto legal; las leyes de protección a las víctimas de violencia de género, entre otras. En estos discursos vemos un posicionamiento claro en defensa de la figura paterna en la estructura familiar aun en casos en los que son denunciados por violencia de género.

La construcción de los denunciados por violencia como “víctimas” tiene la contracara de la construcción de la víctima ideal indefensa. Una víctima muy alejada de la comprensión real necesaria para entender las manifestaciones diversas que tiene este tipo de violencia en la sociedad, donde el factor de género y generaciones es crucial, dado que la mayor parte de las víctimas son mujeres, niños/as y adolescentes.

Frente a este contexto precisamos como sociedad reflexionar en torno a los cambios culturales de género, el reconocimiento de este tipo de violencia y quiénes son las minorías que busca proteger y empoderar para su transformación. Aún estamos lejos de la construcción de empatía necesaria para abordarla.

Guzmán Arnaud es licenciado en Antropología Social.