Sobre pobreza infantil y un Estado que no puede seguir ausente

Hay temas que nos deben seguir indignando e interpelando. Las infancias, las que no votan, las que no opinan ni proclaman ni hacen marchas, hoy en Uruguay son las más pobres. Esa población es, entre otras cosas, la que define el desarrollo del país.

Los recursos para dar respuesta a la pobreza infantil no son, jamás, infinitos, lo sabemos todos. Pero las decisiones que permitan hacerlo deben ser tomadas con urgencia.

¿Es acaso destapando un santo que vamos a vestir a otro? ¿Podemos permitirnos, para implementar la reforma de la seguridad social que se someterá a consideración de la ciudadanía en octubre, gastar en un solo año 1.500 millones de dólares, o sea, cuatro veces lo que costaría erradicar la pobreza infantil que afecta a un 20% de la población infantil? En 20 años estaríamos llegando a un gasto de aproximadamente 5% del PIB, casi lo que desde las mismas filas que defienden la reforma requieren para cubrir el presupuesto anual de toda la educación nacional.

¿Son las generaciones mayores las que sufren hoy mayores inequidades? ¿Vamos a proponer también que la Constitución prevea erradicar la pobreza infantil definiendo en ella los recursos que deben destinarse aun a sabiendas de que los presupuestos nacionales no son un chicle?

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) nos indican que el aumento de la pobreza se traduce en 50.000 personas pobres más que en 2019 y en 8.300 niños y niñas más que en ese momento, aun cuando tenemos menos nacimientos.

La población de Uruguay es de tres millones y medio, con 12 millones de vacunos y 6,5 millones de ovinos, así que podemos decir que carne y alimentos no faltan. A fines de 2022, el Instituto Nacional de Carnes informó que en los primeros diez meses del año ingresaron 2.300 millones de dólares en el sector cárnico, 53% más que en igual período de 2020. Se vendieron 530.000 toneladas, cifra que supera el récord alcanzado en 2006. Alimentos no faltan, pero acceso a ellos en tiempo, cantidad y forma evidentemente sí.

Los efectos de la pobreza en las infancias impactan fuertemente en el desarrollo en esa población y, como consecuencia, ocasionan bajos desempeños en el rendimiento escolar, en lo cognitivo, en lo emocional y social, en la salud física y mental, aumentando la posibilidad de incursionar en conductas disruptivas, consumos problemáticos y violencias, que en muchos casos arriesgan terminar en la privación de libertad o en la muerte temprana.

Es importante tener presente que cuando en la infancia se confirma la existencia de déficits en el plano neurológico o a nivel cognitivo, se podría estar llegando tarde para alcanzar un tratamiento y una respuesta efectiva e integral. No es un problema que la población pobre pueda resolver a pura garra y corazón, como algunos suelen decir. No alcanza con una postura de discursos éticos que rechazan las desigualdades y la exclusión social. Se requieren acciones, y el Estado es y será responsable también de sus consecuencias para toda la sociedad.

Por eso entendemos que el foco debe estar puesto en esa prioridad, pero no basta con declararlo, hay que tomar medidas coherentes y responsables para conseguirlo. El tema de la pobreza está indisolublemente unido, queramos verlo o no, a las posibilidades reales de aspirar a una convivencia pacífica.

En la Agenda 2030 del Sistema de Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS/2030), se establece en el Objetivo 1 la erradicación de la pobreza global y se fija en la Meta 2 una reducción del 50% con relación al porcentaje de 2015. En el caso de Uruguay, en ese año el indicador de pobreza era del 9,7% del total de la población, por lo que esta meta se cumpliría llegando al 4,85% en 2030. No es difícil alcanzar la meta, o superarla incluso, siempre y cuando pongamos la atención en una distribución de recursos acorde y sin caprichos.

A pesar de la evidencia y a pesar de que la economía crece, como orgullosamente ha dicho el gobierno reiteradamente, crece la pobreza infantil y no es aceptable que el crecimiento que el país tuvo en estos últimos años no haya traído mejoras en la justicia y en la distribución del ingreso, y esto evidencia un deterioro en las políticas sociales.

Entonces, ¿qué está pasando en este país con la distribución del crecimiento y de la riqueza? Desde el gobierno se defiende el liberalismo y la reducción de la presencia del Estado, con mucha fuerza, aunque ahora nos complace ver que se haya cambiado el discurso, por lo menos en el extranjero. Tener una olla cerca no alcanza. Tener una olla cerca no es libertad. Porque no hay libertad con hambre, con falta de oportunidades, con diferencias abismales que un día sí y otro también enfrentan jóvenes con jóvenes, simplemente porque no podemos pedirles que se resignen a no acceder a nada, en medio de este bombardeo consumista, cuando otros tan visiblemente acceden a tanto.

No podemos permitirnos seguir mirando a un lado. Debemos atender a la población más vulnerable y vulnerada, aunque no vote. Debemos ser capaces de ver que en un país con una población tan numerosa en mayores y tan escasa en niños y niñas repartir mejor se hace indispensable. Nos jugamos el futuro del país. El nuestro también. Porque si tanto nos asustan los hechos de violencia, las convocatorias a pelear, los delitos de los que alguna vez fuimos o seremos víctimas, pues habrá que convencerse de que sin políticas de Estado acordadas nos estamos condenando al desastre.

Se requiere un incremento considerable de las transferencias a familias pobres con niños y niñas menores de tres años, políticas sociales integrales dirigidas a estos sectores en lo que refiere a vivienda, salud y educación, en el marco de un potente sistema de cuidados.

Detrás de la pobreza infantil hay pobreza femenina. La pobreza, en Uruguay, tiene rostro de niño, de niña y de mujer. Precisamos políticas con perspectiva de género transversalizadas en todo el Estado para que las mujeres tengamos mejores oportunidades de desarrollo y por tanto haya menos pobreza infantil.

Por ejemplo, tenemos que pensar en una educación con cobertura universal que garantice una oferta desde la primera infancia y durante toda la infancia. Para ello es imprescindible concretar la extensión del tiempo pedagógico que permita una educación de calidad y una prestación que ayude a las familias y especialmente a las madres en la articulación con una política de cuidado. Se requiere diversidad en la oferta para facilitar aprendizajes valiosos para todos y todas las niñas con una integralidad que trascienda el currículum tradicional e incluya las segundas lenguas, el arte, el desarrollo computacional, la recreación y el deporte, favoreciendo un desarrollo que alcance todas las dimensiones de la persona.

Si en medio de una campaña electoral nos encontramos escuchando diariamente que lo importante es priorizar la primera infancia, ¿por qué no otorgar ahora los recursos, por ejemplo, para que funcionen los 13 centros CAIF y las 41 aulas móviles construidas que siguen sin convenio vigente con las asociaciones civiles para permitir que funcionen? ¿Por qué prometer para mañana lo que se puede concretar ahora?

La izquierda, el Frente Amplio, fiel a su compromiso social con el futuro del país, no puede cobrar al grito apoyando proyectos de reforma constitucional que comprometan los recursos imprescindibles para eliminar la pobreza infantil. Destinemos los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, con responsabilidad y sin mezquindades. La sociedad uruguaya lo merece.

Fernanda Blanco es docente y educadora en derechos humanos, y edila suplente en Montevideo por Fuerza Renovadora, Frente Amplio.