Recientemente se realizaron una serie de afirmaciones sobre el precio de los combustibles en nuestro país. Se dijo que desde 2012 a 2019 los uruguayos pagamos casi 1.000 millones de dólares en combustibles y que durante la administración actual se ahorraron 500 millones, al trasladar el precio de paridad de importación (PPI) al precio de los combustibles. Consideramos que resulta necesario llevar a cabo algunas puntualizaciones:
1) Se comparan períodos que no son de la misma duración; uno es de siete años y el otro de cuatro años, lo cual es incorrecto.
2) En ambos períodos, el precio internacional del barril de petróleo tuvo una diferente evolución, así como también la tuvo el tipo de cambio en dólares, dos elementos que juegan, y mucho, en la determinación del precio de los combustibles.
3) Durante el período 2012-2019 la metodología de cálculo del PPI no era la misma que la actual; en aquel período se utilizaban diferentes mercados de referencia para estimar los precios FOB (puerto de embarque) internacionales, que eran los europeos, y ahora la referencia es la de los puertos de la costa del golfo de Estados Unidos.
4) En el período 2012-2019 se ajustaba el precio de los combustibles una vez al año y ahora se ajusta mensualmente.
5) No es cierto que actualmente se traslade siempre al valor de los combustibles el PPI que publica la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea). Lo cierto es que el PPI muchas veces ha subido o bajado, y la decisión de la administración, que es la que en última instancia fija el valor del precio de venta al público (PVP) de los combustibles, no reflejó dichas variaciones.
6) La transparencia en la fijación del precio de los combustibles no es tal, ya que para determinar el precio final a partir del PPI existe un “factor de ajuste”, que antes se lo denominaba como factor X, que se maneja de forma discrecional por parte de la administración. Esta es, entonces, la variable con la cual se termina definiendo el precio del combustible, el cual aumenta, baja o queda igual en relación al mes anterior.
En definitiva, por las razones expuestas, decimos que las afirmaciones hechas sobre el sobrecosto del período 2012-2019 y el ahorro del período actual, sobre los cuales se han hecho comentarios, no son comparables. Y es por ello que no son de recibo las conclusiones a las que se ha arribado.
Roberto Chiazzaro es director de la Ursea en representación del Frente Amplio.