En nuestro país, cada gobierno dura cinco años. Y gracias a la última reforma constitucional, nos pasamos en campaña electoral no menos de un año, que es el período que transcurre desde las internas en las que se eligen los candidatos/as a presidente y vice, hasta las departamentales. O sea, el 20% del tiempo útil se está en campaña. Me parece un disparate. Y no solamente por el tiempo que se pierde al no gobernar, sino por la plata que se gasta, lo que obviamente se vincula con el siempre oscuro financiamiento de los partidos políticos. A lo cual hay que sumar que quienes pretenden ser candidatos, en caso de ocupar un cargo en un ente, deben obligatoriamente renunciar para dedicarse a hacer campaña política, ya que la Constitución inhabilita a los directores de los entes a hacer política partidaria.
Mi propuesta consta de los siguientes puntos:
1) Último domingo de julio: elecciones internas, en las que como ahora, se eligen los candidatos a presidente de cada lema. Ventaja 1: los directores de los entes tienen un mes más para trabajar en sus puestos. Ventaja 2: acorta un mes el período electoral.
2) Hacer que esta elección sea obligatoria. Ventaja 1: la ciudadanía se va a ver comprometida a “optar” antes que ahora, donde recién en octubre debemos, obligatoriamente, votar. Ventaja 2: el “panorama” político va a estar más claro antes que ahora, lo que les da a los partidos más tiempo para sus estrategias, incluyendo alianzas. Desventaja 1: es más trabajo para la Corte Electoral. Pero, bueno, es una vez cada cinco años.
3) El partido (lema) que no alcance en el último domingo de julio el 1% del total de los votos emitidos (incluyendo los “en blanco” y anulados, no podrá continuar participando en el proceso bajo un lema propio, aunque podrá hacer alianzas con otros lemas que superaron ese límite. Para hacerlo tendrán tiempo hasta el 31 de agosto en la Corte Electoral. Ventaja: “limpia” el panorama para las instancias futuras del proceso en forma temprana. Tengamos en cuenta que los votos emitidos en octubre de 2019 fueron unos 2.400.000. Por lo tanto, para continuar como lema propio, asumiendo un crecimiento mínimo de votantes, se precisarían unos 25.000 votos. Recordar que las internas serían obligatorias.
4) Darles a las convenciones electas en la instancia de julio que sobrepasaron ese 1% hasta el 15 de agosto para que elijan al vice. Si no lo logran, quedan fuera del resto de la contienda. Pero podrán hacer alianzas hasta el 31 de agosto para presentarse bajo otro lema ante la Corte Electoral. Ventaja: al igual que en el punto anterior, lleva a clarificar rápidamente las opciones electorales, y a hacer alianzas estratégicas (mismo lema) en forma rápida. Los puntos 3 y 4 llevarían a unificar programas y propuestas, clarificando las opciones de los electores.
5) Último domingo de octubre: elecciones a) nacionales y b) departamentales. a) En lo que se refiere a las nacionales, se votaría, como ahora, a los candidatos a presidente y vice, y al Parlamento, pero, además: i) se permitiría la acumulación por nuevos lemas. O sea que, por ejemplo, para esta elección, la coalición multicolor podría presentarse bajo el lema “Coalición Republicana” con solamente un candidato a presidente y a vice, que deberán ser algunos de los votados el último domingo de julio, sin cambiar la fórmula del punto a), pero con distintos sublemas. Y así se conformaría el Parlamento. Eso permitiría, en la situación actual, que el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), y el Partido Independiente (PI) voten juntos de entrada, acumulando bajo un mismo lema. O sea, como vota hoy el Frente Amplio (FA). ii) Si algún “lema generado para octubre” obtiene al menos el 45% de los votos por la positiva (es decir, eliminando los votos en blanco y los anulados) y le gana por más del 5% al segundo lema, ya obtiene la presidencia. Si no sucede eso, se va a un balotaje el último domingo de noviembre, en el que solamente se vota a presidente y vice, entre las dos fórmulas más votadas el último domingo de octubre.
En nuestro país, cada gobierno dura cinco años. Y gracias a la última reforma constitucional, nos pasamos en campaña electoral no menos de un año. O sea, el 20% del tiempo útil se está en campaña.
En simultáneo se votan las departamentales, pero no es obligatorio usar un lema común (o sea, el PN podrá tener sus candidatos, el PC los suyos, etcétera; el FA ya lo hace). Y se permitirá hasta tres candidatos por partido (lema). Además, se permitirá votar en las nacionales y en las departamentales a lemas diferentes (por ejemplo, al FA en las nacionales, pero al PN en las departamentales). Y claro, habilitar a que lemas como Coalición Republicana se puedan presentar como tales en los departamentos donde lo entiendan conveniente. Habría que agregar una hoja para las alcaldías, que también puedan cruzarse con las nacionales y las departamentales.
Sugiero, además, terminar con la mayoría automática para las juntas departamentales. Estas deberían ser proporcionales a los votos obtenidos por cada lema en cada departamento.
Se deberían habilitar los balotajes departamentales, como a nivel nacional. O sea, para ser intendente, hay que tener al menos en octubre el 45% de los votos por la positiva emitidos, ganando por al menos el 5% al candidato de otro lema. De no ocurrir, se iría a un balotaje el último domingo de noviembre entre estos candidatos. Y, obvio, en caso de ocurrir en algunos departamentos el balotaje, y también a nivel nacional, que sea válido votar dos lemas distintos.
¿Qué consecuencias tendría una reforma como la que propongo? Varias: i) acortar el período electoral, que, como máximo, llevaría de julio a noviembre. O sea, bajarlo a la mitad. ii) Las campañas serían más baratas. iii) Obligaría a negociaciones entre partidos diferentes para resolver todo más rápido, lo que llevaría, asumo, a concentrarse más en gobernar y menos en campañas. iv) Tener juntas departamentales que reflejen más la realidad política de cada departamento.
Finalmente, dos aspectos que me parecen importantes. Todos los intendentes deberían ganar lo mismo. El sueldo de un senador me parece apropiado. Y los ediles deberían dejar de ser honorarios: creo que el 50% de lo que gana un diputado es más que digno.
Estoy totalmente convencido de lo que propongo. Creo que no afecta a nadie, y volvería todo más ágil y transparente. Esta propuesta es un punto de partida. Hay tiempo para discutirlo porque obvio que se podría aplicar no para este ciclo electoral, sino para el próximo.
Ojalá quienes nos gobiernan, más allá de los cambios que esta propuesta pueda tener, entiendan que así no se puede seguir. Y se pongan de acuerdo. Estaría buenísimo que lograran, como sistema político, un acuerdo que al menos tenga en cuenta algunas de estas cosas que, como ciudadano y politólogo amateur, sugiero. De lograrse algo similar (reconozco que hay que redactarlo bien y que no es fácil), las elecciones nacionales y departamentales de 2029 van a ser más justas, fáciles de entender, menos aptas para tejemanejes no siempre claros y, sobre todo, van a permitir que los electos trabajen más en gobernar.
Héctor Musto es doctor en Ciencias Biológicas y docente grado 5 de Genómica Evolutiva en la Facultad de Ciencias.