“Si algo significa la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”

George Orwell

La libertad es un valor fundamental, no hay duda, es uno de los pilares, junto a la igualdad y la justicia, sobre los que se sostiene la democracia; como consecuencia, todos los partidos políticos aseguran defenderla a ultranza y ser sus guardianes más acérrimos. Lo cierto es que su protección implica mucho más que una simple declaración de intenciones.

Lamentablemente, en este último período de gobierno en Uruguay, a cargo de la coalición, hemos sido testigos de una de las más cruentas guerras dirigidas contra uno de los pilares esenciales de la democracia, la libertad, y más específicamente contra su manifestación en la libertad de prensa.

La palabra libertad fue vilmente traicionada, utilizada como un medio de marketing y abandonada al día siguiente de las elecciones nacionales de 2019 por parte de la coalición republicana, y desde entonces hemos visto con asombro expresiones constantes de agravios, confrontaciones y desprestigio a aquellos que han hecho uso de la libertad de prensa para comunicar tanto noticias como datos u opiniones contrarias a los intereses gubernamentales.

Hemos visto con asombro expresiones constantes de agravios, confrontaciones y desprestigio a aquellos que han hecho uso de la libertad de prensa durante este gobierno.

Existen numerosos ejemplos, entre ellos, episodios como el relacionado con el periodista y comunicador Eduardo Preve, quien fue desvinculado de Canal 10, donde ejercía como coordinador y jefe del informativo Subrayado. Desde Canal 10 –según indicó el mismo periodista– se excusaron en “motivos políticos, de presiones del gobierno”. Esto se suma a la “pesquisa” que le habría realizado al mismo periodista la dirección de investigaciones de la Policía, como denunciara en su cuenta de X hace poco más de un año, presentando las fotos de las páginas de la investigación ordenada por el Ministerio del Interior para identificar las fuentes del periodista Preve. Hemos visto cómo el propio presidente Luis Lacalle Pou, ante una rueda de prensa en la sede del Frente Amplio, manifestó con liviandad: “Primero los medios locales: TV Ciudad”, en referencia a una supuesta orientación política del medio. O cuando ante la publicación en distintos medios de chats comprometedores vinculados al expresidente del directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde, integrantes del gobierno salieron no sorprendidos por la gravedad de la noticia, sino ofuscados porque alguien en el ejercicio libre del periodismo había osado difundir dicha situación.

La información es poder, y por eso la labor de los periodistas buscando, conociendo e indagando resulta indispensable para obtenerla y ponerla en conocimiento de la población. Esto parece molestar al poder, especialmente cuando la información es contraria al relato que intentan imponer; en definitiva, la libertad, cuando es tan libre que incomoda, ya no parece gustarle tanto a la coalición republicana.

Sobre estas situaciones se ha manifestado la Asociación de la Prensa Uruguaya, que en un comunicado el 5 de marzo de 2024 expresó que “el seguimiento, la pesquisa, el espionaje o cualquier otra forma de presión o intento de amedrentamiento de un trabajador de los medios de comunicación es no sólo una afrenta grave a la libertad de expresión, sino un peligrosísimo síntoma de debilitamiento de valores democráticos fundamentales”.

Cabe aclarar que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en su principio 8 establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, lo que al parecer se desconocía en estos casos.

A los cuestionamientos se sumó el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), que expresó su “preocupación por espionaje del Ministerio del Interior a periodista y sus fuentes”, en un comunicado en el que menciona que “los hechos denunciados son de extrema gravedad porque implican una amenaza seria a la libertad de expresión, un derecho que es considerado como pilar fundamental de la democracia por convenciones y tratados internacionales suscritos por Uruguay. En ese marco, la reserva y confidencialidad de las fuentes es un elemento esencial en la labor periodística, en especial cuando implican el control de la actividad de organismos y funcionarios del Estado”.

Estas preocupantes situaciones han llevado a un dato que motivó el presente artículo: según la clasificación mundial de la libertad de prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras (RSF), Uruguay pasó de estar en el puesto 19 en 2019, con una puntuación de 83,94, a estar en el puesto 51 en 2024, con una puntuación de 67,7, lo que representa una caída en puntuación de 16,24 puntos y una caída de 32 lugares bajo la administración de Lacalle Pou y la coalición republicana. Esta situación es preocupante, ya que según el informe de RSF, Uruguay ha pasado de una “situación satisfactoria” en 2019 bajo la administración del Frente Amplio a una “situación problemática” en 2024. La clasificación sigue una metodología en la que se evalúa el contexto político, marco legal, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad, otorgando puntos para luego otorgar una puntuación general, reflejando un deterioro en los indicadores evaluados durante el período 2019-2024.

La situación actual es, como permite concluir el informe de RSF, preocupante; no obstante, buenos tiempos se pueden augurar con el cambio de gobierno, y es que con el Frente Amplio Uruguay gozó, según lo recabado por RSF, de una buena situación en materia de libertad de prensa, ya que, como la historia lo indica, la defensa de la libertad y en consecuencia de una democracia fuerte ha sido un pilar constante en la actividad política de los gobiernos progresistas del Frente Amplio.

Franco Crocco es procurador, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y militante de Alternativa Frenteamplista.