Mañana será interpelada la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, convocada para dar explicaciones sobre el modo en que se ha manejado la cuestión del contrato con la empresa española Cardama, firmado por el anterior Poder Ejecutivo, para construir dos embarcaciones de patrullaje oceánico. Que haya un llamado a sala no llama mucho la atención, porque será el cuarto en este primer año del gobierno presidido por Yamandú Orsi y habrá todavía uno más, la semana que viene, pero este tiene características muy inusuales.

Jugando de contragolpe

Las interpelaciones apuntan por lo general a cuestionar decisiones del Ejecutivo en ejercicio, por razones de conveniencia e incluso de legalidad, pero son una herramienta utilizable con otras intenciones. Entre ellas está la de defender políticas de un gobierno anterior que son modificadas, como lo ha hecho más de una vez la actual oposición, por ejemplo ante la cancelación del proyecto Arazatí/Neptuno y su reemplazo por la construcción de una represa en Casupá y otras obras.

Lo de mañana va un paso más allá. El cambio en lo referido al contrato con Cardama se originó cuando fue descubierto el primero de varios hechos con indudable apariencia delictiva, por los cuales el Ejecutivo presentó denuncia. El llamado a sala busca invertir los términos del problema y poner al actual oficialismo en el banquillo de los acusados. No es la primera vez este año, y sólo ha faltado que se interpele al canciller Mario Lubetkin por investigar cómo fue que, cuando su cargo era ocupado por Francisco Bustillo, se destruyó un documento para encubrir las circunstancias de la concesión de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Desde el Partido Nacional (PN) se alega que lo de Cardama no es para tanto y que las actuales autoridades deberían haber procurado, con discreción, mantener buenas relaciones con la empresa española. O sea, hacer de cuenta que carecía de importancia la garantía inexistente, con una certificación falsificada, y que el astillero terminaría cumpliendo con sus obligaciones, pese a su inexperiencia total en la construcción de este tipo de naves, a sus incumplimientos y a sus retrasos.

Es un enfoque muy peculiar del asunto, porque la tolerancia reclamada implicaría, aparte de riesgos vinculados con los buques que el país sin duda necesita, desactivar investigaciones que no sólo pueden involucrar a Cardama, sino también a quienes hubieran facilitado, desde aquí, las maniobras en perjuicio de Uruguay. Esto plantea una situación especialmente incómoda porque el interpelante será el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa Nacional y responsable de gran parte del proceso.

García, sombra sombría

En el sistema de gobierno de Reino Unido, así como en otros que lo tomaron como modelo, es tradicional que la oposición forme un grupo de referentes en las áreas de cada ministerio, que se reúne semanalmente para elaborar y defender posiciones contrapuestas a las del oficialismo. Como el sistema es parlamentarista, y en cualquier momento puede producirse un relevo del primer ministro y su gabinete, la idea es que cada integrante de ese grupo de opositores siga como una sombra a su contraparte gubernamental y esté en condiciones de sustituirla. Por eso se habla de un shadow cabinet, o sea, un “gabinete sombra”, pero el arraigo de una mala traducción al español ha llevado a que en muchos países, entre ellos Uruguay, se le llame “gabinete en las sombras”, como si estuviera oculto.

En Uruguay se ha manejado alguna vez la posibilidad de formalizar ese tipo de seguimiento, pero la iniciativa nunca prosperó. Entre otras cosas, porque la diversidad interna de los sectores en la oposición no facilita que estén dispuestos a definir de antemano un portavoz colectivo en cada área. De todos modos, la preponderancia en la Coalición Republicana del PN, y en él la de Luis Lacalle Pou, determina que algunas personas que integraron su gabinete operen como “sombras”. Así sucede, por ejemplo, con Nicolás Martinelli en el área del Ministerio del Interior, y otra de esas personas es el senador García en lo referido al Ministerio de Defensa Nacional.

En este caso, sin embargo, se puede interpretar de otra forma su condición: García es alguien cuyas responsabilidades en el acuerdo con Cardama arrojan una densa sombra de dudas y oscurecen la motivación del llamado a sala, que tanto puede ser la defensa del anterior gobierno como la defensa propia.

El interés personal del exministro parece haber sido la causa de que el PN haya elegido como escenario el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría propia y el desenlace será, sin duda, una declaración de respaldo a Lazo, que puede incluir fuertes cuestionamientos a decisiones de su antecesor. Quizá García esté dispuesto a correr riesgos en el intento de disipar cualquier duda sobre su conducta, y quizá esté dispuesto a inmolarse para proteger a alguna otra autoridad del período anterior. Sea como fuere, el tiro puede salirle por la culata.