En Uruguay son habituales las condenas y advertencias contra el llamado “periodismo de periodistas”, que incluye la publicación de comentarios sobre la labor de colegas. Hay lo que el diccionario de la Real Academia Española define como un tabú: la “condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar”, por el imperio de tradiciones que se parecen, en este caso como en otros, a un pacto de silencio para la impunidad corporativa.

Es muy discutible que el tabú nos beneficie de algún modo legítimo; lo indudable es que perjudica a la sociedad en su conjunto. Y más aún cuando el silencio encubre a empresas que coartan nuestro trabajo. Por eso es importante la declaración del colectivo Encuentro de Periodistas que se publicó el domingo, sobre presiones –aceptadas en varios casos– contra la difusión de que dos desconocidos incendiaron una camioneta de Francisco de Posadas, empresario del grupo de medios Magnolio.

Quienes se dedican a la medicina o a la docencia trabajan para que otras personas puedan gozar, respectivamente, de sus derechos a la salud y la educación. El periodismo es esencial para que cualquiera pueda ejercer su derecho a la información.

Compartimos el derecho a la expresión con los demás seres humanos, pero la finalidad más relevante de nuestra tarea profesional no es que nos expresemos libremente, sino que aportemos insumos para que la convivencia social y las decisiones ciudadanas se desarrollen a partir de información de calidad: obtenida, verificada, comprendida y transmitida al máximo de nuestras capacidades y a partir de una formación específica. Por eso, el periodismo bien hecho es progresista. Aumenta la calidad de la democracia e incluso resulta indispensable para que ella exista.

En el periodismo uruguayo hay gente de distintas generaciones, dedicada a diferentes tareas y –felizmente– con opiniones contrapuestas sobre gran cantidad de asuntos, pero que en su inmensa mayoría comparte valores y criterios básicos. Valores y criterios que siempre han sido combatidos por fuerzas poderosas, en nombre de diversas ideologías o por crudos intereses, y que en estos tiempos afrontan nuevas amenazas.

La publicación de informaciones falsificadas, a menudo en escala industrial; los intentos de convertir en sinónimos “periodista” y “ensobrado”; las alianzas entre grandes empresarios de las redes sociales y dirigentes políticos; la brutal concentración de la propiedad de los medios de comunicación; los usos poco éticos de la inteligencia artificial y otros peligros no atentan sólo contra nuestros derechos como periodistas, sino también contra los del conjunto de la ciudadanía.

La Asociación de la Prensa Uruguaya tiene una agenda muy cargada de cuestiones estrictamente sindicales, y los esfuerzos que realiza en su terreno específico acotan la posibilidad de que aborde otros temas. Varias organizaciones de la sociedad civil aportan a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a información, pero no pueden incidir directamente para que los problemas se resuelvan. Los organismos estatales suelen prestarles más atención a las empresas periodísticas que a quienes trabajamos en ellas, y adjudicarles tareas de control de contenidos con frecuencia empeora la situación en vez de mejorarla.

En el elenco político no es raro que los intereses individuales, sectoriales o partidarios de corto plazo pesen más que la necesidad estratégica de fortalecer al sistema de medios en su conjunto, para bien de la convivencia democrática.

Lo que nos queda es organizarnos. En la diaria asumimos que la autogestión cooperativa es la mejor garantía de la independencia periodística, pero no se nos ocurre que sea la única forma de defenderla, y conocemos bien los costos del camino que emprendimos hace dos décadas. Tampoco pensamos que nuestra manera de trabajar asegure los mejores resultados, ni que justifique los errores que cometemos (aunque nos llene de orgullo que esos errores sean totalmente nuestros y no el resultado de decisiones patronales). Hay más de una manera de hacer las cosas bien y tenemos que aprender de otras experiencias.

La clave es que seamos capaces de encontrarnos e intercambiar con respeto y franqueza sobre dificultades, dudas, propuestas y posibilidades de acción colectiva. Que nos propongamos contrapesar la disgregación y la competencia con cooperación y diálogo. Pero esto, siendo mucho, no es suficiente. Hace falta el respetable público.

En la medida en que no se trata sólo de defender nuestros derechos como periodistas, sino de lograr mejores condiciones para garantizar derechos sociales, reunirnos entre colegas no basta. También es fundamental que en la sociedad se sepa qué hacemos y cómo lo hacemos, qué dificultades nos impiden ser más útiles y qué se puede hacer al respecto. Que la gente nos haga saber qué opina de nuestro trabajo y que se haga oír donde no decidimos, reclamando un mejor servicio.