Es raro que una oferta de cargos a figuras de partidos opositores cause tanta resistencia, en la oposición y también en el oficialismo, como la iniciativa del Poder Ejecutivo para designar en cargos diplomáticos a la colorada Carolina Ache y la nacionalista Beatriz Argimón, propuestas respectivamente como embajadora en Portugal y representante de Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Las propuestas son discutibles, pero la magnitud que cobró el problema resulta inusitada.

Hay críticas vinculadas a los méritos y condiciones, sobre todo en el caso de Argimón, quien no ha tenido una trayectoria centrada en las prioridades de la Unesco, aunque también hay que decir que por lo general Uruguay no ha designado a educadores, científicos o expertos en temas culturales para representarlo en ese organismo, sino a personas con trayectoria diplomática.

Desde ese ángulo vienen las objeciones del dirigente colorado Pedro Bordaberry al nombramiento de Ache, pese a que tiene cercanía política con ella. El líder de Vamos Uruguay se ha opuesto en forma reiterada al nombramiento de “embajadores políticos” y su posición es atendible, pero hay numerosos antecedentes de dirigentes partidarios elegidos para esas tareas, dentro del cupo de 20 que existe en la materia.

Además, Ache tiene cierta experiencia en los temas del servicio diplomático, ya que fue designada por el gobierno anterior como subsecretaria de Relaciones Exteriores. De todos modos, es claro que hay muchas personas con capacidades más específicas que las de ella y Argimón para ocupar los cargos en juego, pero el principal problema tiene obviamente otras dimensiones, que son políticas.

Por un lado, está la tesis de que los nombramientos deberían haber sido acordados entre el oficialismo y los correspondientes partidos. Sin embargo, la oposición y el Frente Amplio (FA) negociaron, hace pocos meses, acerca de designaciones en una gran diversidad de cargos, no sólo en los directorios de la administración descentralizada sino incluso en tareas administrativas del Parlamento, pero ninguna para los de representación diplomática del país que no requieren el aval de dos tercios del Senado.

Por otro lado, las situaciones personales son muy distintas. Argimón fue respaldada antes por el Partido Nacional (PN) para ocupar lugares tan relevantes como la presidencia de su Directorio y la vicepresidencia de la República. La senadora Graciela Bianchi la acusa de haber operado para el FA durante todo el período anterior y de recibir ahora un premio que pone de manifiesto su falta de dignidad, pero no había planteado esa presunta traición antes. Los dichos de su par Javier García, quien afirmó que la representación en la Unesco le corresponde al gobierno del FA y no al PN, faltan a la verdad: se trata de representar al Estado uruguayo. Finalmente, y pese a las estridencias, el nacionalismo decidió votar su venia.

En el caso de Ache, los antecedentes de respaldo por parte de su Partido Colorado (PC) son de menor relevancia, y además está el tema nada menor del pasaporte que se le otorgó al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba preso en Dubái, muy útil para que quedara en libertad y abandonara Emiratos Árabes Unidos, prófugo hasta hoy.

Ache denunció una trama para ocultarle información al Parlamento y destruir un documento certificado. Sus declaraciones son el motivo de una investigación de la Fiscalía que abarca al exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel, al excanciller Francisco Bustillo, al exasesor presidencial Roberto Lafluf y, por último pero con enorme importancia, al expresidente Luis Lacalle Pou. Son todas figuras vinculadas al PN, y lo que hizo la exsubsecretaria no afecta en forma directa al PC, pero sí a la línea de relaciones carnales con el nacionalismo defendida por el excandidato presidencial y actual secretario general Andrés Ojeda, quien incluso ha dicho que su referente político es Lacalle Pou. Los colorados decidieron pedirle al Ejecutivo que retire la propuesta.

Por otra parte, el abogado de Ache en el caso Marset fue el frenteamplista Jorge Díaz, actual prosecretario de Presidencia, pero esto no determina que el FA esté alineado con las iniciativas del Ejecutivo. Dirigentes y militantes oficialistas han expresado su incomodidad ante el anuncio de los nombramientos de la exvicepresidenta y la exsubsecretaria: algunos porque consideran insuficientes sus méritos, otros por el papel no aclarado de Ache en el caso Marset, y otros más por sectarismo puro y duro.

Quienes defienden las propuestas desde el FA alegan que con ellas se busca consolidar una política exterior de Estado, pero ese objetivo tiene que ver con lineamientos acordados más que con nombres, y es evidente que si se quería mejorar la relación con los partidos opositores, se ha fracasado por completo. Si la intención era, en cambio, crearles problemas internos al PN y al PC, la meta se alcanzó, pero no se entiende qué ganan con ello el servicio exterior o el país.