El balance de los primeros 100 días de un mandato presidencial requiere tener en cuenta qué ha pasado con la oposición, y lo primero que cabe señalar es que muchas de las quejas provenientes de ese lado no se refieren a lo que el Poder Ejecutivo ha hecho. Los partidos que integraron el gobierno de Luis Lacalle Pou están en contra de que el Frente Amplio (FA) lleve adelante su programa, pero a menudo parecen criticarle que no lo haga.

La razón del fenómeno es bastante clara: esos partidos se unieron ante todo porque tenían un adversario común. En 2019, el acuerdo programático “Compromiso por el país” fue posterior a su decisión de votar juntos contra el FA en el balotaje y no incluyó varias cuestiones centrales. Así quedó de manifiesto después de que ganaron las elecciones, cuando se redactaron los proyectos de ley de urgente consideración y de presupuesto quinquenal.

Las diferencias internas no desaparecieron y abarcaron varias otras áreas, incluida la de la reforma jubilatoria que se aprobó en 2023, modificada en numerosas ocasiones y hasta pocos días antes de que comenzara a votarse en el Parlamento. Además, durante el período de gobierno pasado, en ningún momento se formó algo parecido a una comisión de programa de aquel oficialismo, que ni siquiera pudo instalar una simple mesa de coordinación entre sus integrantes. La reclamaron desde el verano de 2020 el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto, pero fue rechazada siempre por Lacalle Pou.

La “coalición multicolor” se mantuvo en gran medida, incluso cuando gobernó, como una oposición al FA. El año pasado volvió a decidir que votaría unida en el balotaje antes de redactar un acuerdo programático, y en las departamentales de este año sólo presentó su lema común, Coalición Republicana (CR), en los tres departamentos donde había un intendente frenteamplista.

Como los partidos de la CR siguen sin instalar organismos comunes y carecen de una estrategia compartida, su motivación para actuar en forma conjunta depende mucho de que perciban la necesidad de batallar contra el FA. Si este no arremete con iniciativas que los movilicen, afloran las diferencias que siempre han estado presentes, tanto entre las fuerzas políticas como dentro de ellas, y al oficialismo se le facilita la búsqueda de socios para aprobar leyes en la Cámara de Representantes, donde le faltan apenas dos votos para ser mayoría.

En 2019 y 2024, los partidos Nacional (PN) y Colorado (PC) no se juntaron a discutir propuestas colectivas antes de las internas porque, como no tienen programas comunes, necesitaban definir primero las relaciones de fuerzas entre sus sectores. Tampoco pudieron hacerlo antes de la primera vuelta de las elecciones nacionales, por el mismo motivo. Después del balotaje de 2024, tuvieron que esperar a las departamentales de este año para que se actualizaran tales relaciones, y hoy el nacionalismo debe esperar aún la elección del presidente de su directorio para saber quién asistiría a una eventual reunión con el resto de la CR.

Por otra parte, cuando se decida esto último, el elegido será sólo un subjefe, o un representante interino del PN, hasta que Lacalle Pou decida que ha llegado el momento de ocupar formalmente un lugar que nadie está, hoy, en condiciones de disputarle.

El PC eligió a Andrés Ojeda como secretario general en diciembre del año pasado, pero eso no implica que haya una orientación colectiva sobre las relaciones con el PN y el futuro de la CR. Ojeda ha proclamado su “coalicionismo” y su admiración por Lacalle Pou, mientras que Pedro Bordaberry, con un peso interno similar, no se opone a la CR, pero ha mantenido posiciones críticas hacia el nacionalismo y el expresidente. En la campaña electoral del año pasado, Ojeda afirmaba que su prioridad política era evitar que ganara el FA; Bordaberry cultiva una imagen de legislador con intenciones constructivas y no está dispuesto a que le den órdenes sobre lo que debe hacer su sector en el Parlamento.

De postre, el trámite del proyecto de salvataje para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios reveló una descoordinación con visos de rivalidad entre las bancadas opositoras de ambas cámaras, que atraviesa al PN y el PC.

No hay autoridades comunes de la CR, la conducta parlamentaria de sus parlamentarios es en parte imprevisible, y el oficialismo frenteamplista no se apresura a impulsar proyectos legislativos, cuyo rechazo implicaría la imposibilidad de volver a presentarlos hasta el año que viene. A su vez, la oposición no tiene por ahora nada grueso a lo que enfrentarse y se abalanza sobre cualquier oportunidad de pegarle al FA.

Corre así un riesgo que podríamos llamar “el efecto Ali-Foreman”, en alusión al legendario combate de boxeo por el campeonato mundial realizado, hace ya más de medio siglo, en Zaire (hoy República Democrática del Congo). El riesgo es prodigar, sin ton ni son, golpes eludidos o amortiguados, hasta llegar a un estado de agotamiento prematuro y vulnerable.