Cito a Paula Scorza porque ha sido, qué digo una bofetada, una trompada a la conciencia colectiva y responsabilidades de todos y de cada uno: “Vemos a las familias en la puerta de la cárcel, con los ojos desorbitados rogando que alguien les diga algo. ¿Es su hijo? Se enteraron por la tele. Nadie les avisó. ¿Es su esposo? Hay que esperar. Siempre esperar. Para la visita, para llevarles algo de comer, un dibujo de los hijos. Siempre esperar. Hacer fila. Mantener la calma. Entonces resuena en la cabeza la frase tantas veces escrita. 'Trato cruel, inhumano y degradante'. ¿Nadie lee los informes del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit? Y cuando digo ‘nadie’ me refiero a quienes tienen la responsabilidad de hacer algo con este desastre que se perpetúa y se perpetúa y cada vez es peor”.1
La foto de los cuatro reclusos calcinados publicada por Gabriel Pereyra fue otra trompada. Que se agrega a la vergüenza, indignación e impotencia por una nueva tragedia entre los 16.500 reclusos hacinados en nuestras cárceles. De sus familias. De los funcionarios policiales, aun cuando sabemos de las pequeñas y grandes corruptelas. A pesar del ejercicio de autoridad ejerciendo la llave de la celda como su poder supremo.
Aun así, están tan presos como aquellos a los que cuidan. Por otro lado, el sistema político y la sociedad miran para otro lado. Un desvío de mirada que ignora dos cosas: ya estamos pagando 1.000 dólares por preso y por mes. Otra: la mayoría de los presos salen algún día. Con la pobreza arriba y la bronca del maltrato y la violencia. Algunos dirán “que se maten entre ellos”. “Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro sobre el universo”, decía Albert Einstein.
¿Nadie es más que nadie?
Hago mías las responsabilidades y la bronca. Me comprenden las generales de la ley. Me hago cargo. Fui jerarca de gobierno en un ámbito en el que intentamos muy débilmente resolver algo. En 2007, con el concurso de expertos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), reunimos a todos los actores y en ese entonces ya había recomendaciones urgentes. Quedaron, como otras, en la nada. Puro biru biru.
Tengo confianza en la actual directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, y también en el equipo encabezado por el ministro del Interior, Carlos Negro. Sé que tienen las mejores intenciones y planes previstos. Pero en esto no podemos renguear. No podemos postergar. Hay cosas que justifican planificar a largo plazo, pero esto es realmente de consideración de urgencia.
No voy a cometer la osadía de cargar las culpas en la ley de urgente consideración (LUC) de Luis Lacalle Pou. Más bien, voy a rescatar el instrumento. Lo de Lacalle Pou fue un abuso. Una ley con 438 artículos que resolvía vía urgencia temas tan diversos como el aumento de pena y la fiscalización de chorizos, pasando por los montos de lavado de dinero. Un disparate. Criticamos en su momento el procedimiento y los contenidos de la LUC. Hicimos una pueblada juntando firmas y sometiéndola a referéndum. Perdimos.
La coalición, que cada vez está menos coaligada, no podrá argumentar en contra. Ellos la usaron. Es un recurso constitucional que está habilitado precisamente para las urgencias. Esta es una.
Se critica al ministro Carlos Negro porque habló de la LUC. El tema de la inflación penal es muy anterior. El doctor Milton Cairoli dijo en 2013, en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados: “Me interesa señalar que coincido con la afirmación de que el derecho penal debería ser la ultima ratio de respuesta del Estado. Participé en el debate sobre la ley de seguridad ciudadana, y se nos decía que el aumento de las penas, [...] la existencia de mayores delitos, prácticamente iban a ser la panacea en materia de seguridad [...] lo que hemos vivido en Uruguay es una proliferación de normas penales –esto es cierto–, una especie de legiferación o inflación del derecho penal que lo único que ha logrado ha sido un éxito de marketing, por decirlo de alguna manera [...] Vean ustedes: en el año 1995, cuando se estaba discutiendo la ley que luego se llamó de seguridad ciudadana y se creaba el delito de copamiento [...] Recuerdo que una de las cosas a las que me opuse fue, precisamente, la creación de ese delito [...] Se me dijo que eso iba a ser necesario y que se iba a terminar con las pocas rapiñas con privación de libertad –eso es el copamiento– al aplicar el artículo 54 [...] Aparentemente, con eso quedaba solucionado y se iba a terminar con el copamiento. ¿Y se terminó? En este momento debe haber más de mil copadores en todas las cárceles de la república. Ahora no podemos derogar el copamiento”.
No es un tupabolche ni un agente encubierto de la cueva de la Fiscalía. Es grado 5, exmagistrado y exintegrante de la Suprema Corte de Justicia.
Una nueva ley, ahora sí, de urgencia
Hoy sí es de urgente consideración la situación de la pobreza infantil (de hogares pobres), la crisis humanitaria en el sistema penitenciario y la gente en situación de calle. Tres horrores que se concatenan. Hay veces que tengo la sensación de que nos ahogamos en palabras o en relatos, como está de moda. Usamos “transversalidad, integralidad, multicausalidad, territorialidad” oportunamente. Pero sin un paso efectivo en la lucha. Que siempre es más útil que cien programas.
Me consta que para cada uno de estos dramas hay planes, propuestas y acciones emprendidas. Planes en los barrios más vulnerados para combatir la inseguridad alimentaria, la pobreza infantil y adolescente, planes para cárceles. Hay patrimonio programático y voluntad política. Muy bien.
Una ley de urgente consideración, creando recursos a la manera del Fondo Solidario Covid, será una forma de combinar los planes programáticos a largo plazo con la emergencia que no admite la menor demora. Fondos solidarios con gravámenes a término y no permanentes.
Los nadie, en las cárceles, los niños, niñas y adolescentes de hogares pobres, la gente en situación de calle, a la intemperie, merecen el apoyo solidario, urgente, del Estado. De todo el sistema político y social. Dialoguemos, sí. Pero sobre la base de los puntos urgentes sobre la mesa. Nada mejor que una ley de urgente consideración.
Los nadie, en las cárceles, los niños, niñas y adolescentes de hogares pobres, la gente en situación de calle, a la intemperie, merecen el apoyo solidario, urgente, del Estado.
Todos los nombres
No es una epidemia, pero hay muertos, suicidados, quemados, otra vez muertos, dañados, más violencia. Hablamos no sólo de los reclusos y de sus familias. Hablamos de los funcionarios penitenciarios. De la Policía. En esta tragedia –porque es una sola– no podemos nuevamente hacer diagnósticos y diagnósticos con planes a largo plazo.
Volver a escuchar por enésima vez al comisionado Juan Miguel Petit que reitera, una y mil veces, que estamos en una crisis humanitaria de proporciones. Escuchar nuevamente las voces ahogadas de Familias Presentes, que son una sana reacción y protección de derechos. Al igual que la acción de la Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), que brinda atención psicológica y jurídica a las víctimas.
O como el movimiento social La Vida Vale, que no sólo reclama, sino que emprende planes solidarios. Escuchar las denuncias de varias organizaciones de derechos humanos que rescatan la mejor tradición humanista de nuestra sociedad. Olga Linari de Volpe, la mamá de Gustavo (víctima de un punguista), hace muchos años, creó un movimiento de apoyo a los presos. Al igual que lo hace hoy Graciela Barrera, la mamá de Alejandro Novo, asesinado por un rapiñero.
Evoco el título de José Saramago Todos los nombres. Porque el nombre de los nadie queda siempre en la penumbra. Apenas quedan los apodos de la crónica policial. El Cacho, el Pelado, el Mincho. Al menos hoy evocaré el nombre de los últimos muertos. De la semana pasada y también de 2024. Los de la cárcel de Rocha en abril de 2011. Luciano Flores dos Reis (23 años), Emanuel Alexander Porciúncula Martínez (27), Yony Francisco Sosa Caballero (34), Walter Javier Ocampo Ifraín (47), Lauro Matías Rivero Pereira (25), Leonel Estéfano Rodríguez Fernández (24), Gustavo Nicolás Fernández Basso (32), Carlos Guillermo Barreto Suffo (41), Carlos Alexander Olivera González (31), Héctor Iván Dutra Antonaccio (26), Facundo Gutiérrez (26), Javier Bermúdez (29), Pablo Méndez (26), Carlos Silveira (28), Flavio de Bernochi (29), Esteban Martínez (25), José María Pereyra Pereyra, Raúl Alejandro Gómez Recalde (25), Delio Alegre (43), Matías Barrios Sosa (19), Mario Fernando Martínez Maidana (25), Edison Javier Núñez Casuriaga (20), Ariel Fernando Cardoso Velázquez (25), Jorge Roda Acosta (19), Antonio Joaquín Cardozo Silvera (19), Julio da Silva Pereira (22), Luis Alfredo Bustelo López (40), Alejandro Rodríguez Cabral (26).
Por último, decir: el mayor índice de homicidios no lo tenemos en los barrios estigmatizados. Lo tenemos en las cárceles. Territorio bajo el poder y control del Estado.
Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.