Es positivo que un parlamentario declare con franqueza sus intenciones cuando presenta un proyecto de ley. Se trata de una muestra básica de respeto por sus pares y por el resto de la ciudadanía, que habilita la discusión del asunto en los términos que corresponden. Por supuesto, la exposición honesta de motivos no implica que un proyecto sea conveniente o necesario; sólo evita la hipocresía. Así sucede con la iniciativa del diputado nacionalista Rodrigo Goñi “para poner fin a los encarcelamientos abusivos de personas de más de 70 años detenidas por hechos anteriores a 1985”.

En agosto de 2021, los tres senadores con que contaba Cabildo Abierto (CA) presentaron un proyecto para otorgarles el beneficio de la prisión domiciliaria a las personas mayores de 65 años que estuvieran en cárceles por su condición de condenadas o procesadas con prisión, salvo algunas excepciones. El resultado habría sido vaciar el establecimiento de reclusión de Domingo Arena, donde están privados de libertad algunos de los violadores de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.

La dirigencia de CA siempre ha sostenido que los procesamientos y condenas de esos represores carecen de fundamentos jurídicos y se deben a un afán malsano de venganza, pero alegó que su proyecto no buscaba corregir esas presuntas injusticias, sino defender un principio general humanitario, disminuir el hacinamiento de las cárceles (aunque ese problema no se daba en Domingo Arena) y prevenir el contagio de covid-19.

El Senado aprobó a fines de 2023 un texto distinto, que establecía el beneficio a los 65 años pero lo condicionaba siempre a la decisión de un juez, a partir de informes técnicos. O sea, con el criterio histórico en la materia. Esta versión, que no era del agrado de CA, naufragó al año siguiente en la Cámara de Representantes y todo quedó como estaba. Ahora Goñi propone reinstalar el debate, pero admite que se trata de que pasen al régimen de prisión domiciliaria, en forma automática y por el solo hecho de su edad, todos los represores procesados y condenados.

Si el proyecto que dejaba la decisión en manos de un juez no fue aprobado por la coalición de gobierno anterior, es muy evidente que este tampoco lo será, ahora que el Frente Amplio gobierna y tiene mayoría en el Senado. Goñi se refiere con claridad a los beneficiarios de su iniciativa, pero sería mucho pedirle que reconociera cuál es su objetivo político al presentar una iniciativa condenada al fracaso. Puestos a imaginar, se podría decir que quiere marcar perfil para congraciarse con quienes reivindican el terrorismo de Estado, pero no hay forma de demostrarlo.

Sea como fuere, estamos ante una oportunidad de considerar el fondo de la cuestión. El desencadenante que invoca el diputado es el procesamiento del coronel Romeo Minoli, de 91 años, por su responsabilidad en torturas a militantes comunistas en enero de 1976. Hay que decir “que invoca”, porque Goñi seguramente sabe que Minoli ya está en régimen de prisión domiciliaria debido a su edad, a su estado de salud o a las dos cosas, como sucede también con la mitad de los represores procesados.

Si Minoli hubiera sido juzgado cuando se cometieron los delitos y él tenía cerca de 40 años, o en el período inmediato posterior a la salida de la dictadura, cuando tenía cerca de 50, ya habría cumplido su condena y estaría libre. Lo mismo pasa con la gran mayoría de quienes serían beneficiados ahora con la prisión domiciliaria automática, salvo un pequeño grupo de grandes criminales en serie.

Las personas que hoy están privadas de libertad a edades avanzadas, en cárceles o en sus casas, disfrutaron antes de décadas de impunidad, en muchos casos con jubilaciones de privilegio. La tardanza de los procesamientos y las condenas no se debió a operadores judiciales malignos, y menos aún a la insistencia de las víctimas en reclamar justicia. Se debió primero a la permanencia de la dictadura durante muchos años posteriores a los crímenes, y luego, ya en democracia, a decisiones de los tres poderes del Estado que violaron el derecho internacional y normas básicas de decencia.

La demora complica los procesos. Muchas personas que podrían haber dado testimonio ya fallecieron, la memoria de quienes sobreviven se puede haber vuelto imprecisa y –por último pero con gran importancia– hubo pactos de silencio y ocultamiento de pruebas. Si en algún caso se condenó a un inocente, fue porque el verdadero culpable prefirió que así fuera, y una cantidad indeterminada de cómplices lo ampararon al abstenerse de hablar. Esto tampoco es responsabilidad de fiscales, jueces o denunciantes.

No hay motivos de regocijo al ver a un anciano preso, pero la intervención tardía del sistema judicial, con todas sus limitaciones y dificultades, le transmite a la sociedad el mensaje correcto: las atrocidades del terrorismo de Estado se terminan pagando. La prisión domiciliaria indiscriminada envía un mensaje muy distinto, indeseable y peligroso para el futuro del país.