Ayer comenzó el diálogo convocado por el Poder Ejecutivo como primer paso para legislar en forma integral acerca del sistema de protección social. La realización de este diálogo fue un compromiso de campaña del Frente Amplio, y las características del proceso se definieron en abril. Luego la “hoja de ruta” prevista fue presentada formalmente, en sendas reuniones con representantes del Ejecutivo, a los seis partidos con representación parlamentaria y a las organizaciones sociales convocadas para participar junto con ellos en la Comisión Ejecutiva (CE) que se instaló en la tarde del miércoles, con ausencias.

En los dos primeros días de esta semana, los partidos Colorado, Nacional, Independiente e Identidad Soberana anunciaron, en ese orden, que se abstendrían de participar, por motivos que no habían planteado antes. El presidente Yamandú Orsi recibirá en la jornada de hoy, por separado, a las autoridades de los tres primeros partidos nombrados, para conversar sobre la situación creada por esos partidos y buscar soluciones.

Estamos ante un gesto político muy agresivo, que rompe con las tradiciones de convivencia civilizada en el sistema partidario uruguayo.

Insólitos y endebles

Blancos, colorados e independientes alegaron que la representación asignada a sus partidos era muy escasa y no reflejaba su peso electoral; que el diálogo entre los partidos debía darse por separado; y que no correspondía tratar temas jubilatorios, porque los consideran resueltos mediante la ley que aprobaron en 2023, cuando integraban el gobierno, e interpretan que el fracaso de la propuesta de reforma constitucional impulsada el año pasado por el PIT-CNT expresó el respaldo de la ciudadanía a esa norma. Ninguno de los motivos declarados resiste un análisis lógico.

La “hoja de ruta” establece con claridad que en la CE no habrá votaciones: el resultado de su trabajo será simplemente trasladarle opiniones y propuestas al Poder Ejecutivo, que tiene la potestad exclusiva de presentar proyectos de ley en esta materia. Cuando esos proyectos se redacten, teniendo en cuenta los aportes del diálogo social, irán al Parlamento, allí se discutirán, se escuchará a todas las partes que los legisladores quieran convocar y se negociará, sin duda, a partir de la relación de fuerzas surgida de las últimas elecciones nacionales. Por lo tanto, carece de importancia que en la primera etapa haya uno o diez delegados por cada partido.

El diálogo entre representantes de partidos y de organizaciones sociales antes de legislar está pacíficamente aceptado desde hace muchísimo. Esa es la práctica corriente en el Parlamento y así se procedió durante un año, de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), designada por el Ejecutivo que presidía Luis Lacalle Pou, que elaboró recomendaciones para la reforma jubilatoria de 2023. En la CESS, por cierto, se votaba y la coalición de gobierno se aseguró la mayoría: de sus 15 integrantes, cuatro representaban al Ejecutivo y cinco a partidos oficialistas, con tres del Frente Amplio, uno de las cámaras empresariales, uno del PIT-CNT y uno de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.

El plebiscito del año pasado no fue un referéndum acerca de la reforma de 2023 ni se refirió a un proyecto del Frente Amplio, donde la mayoría de los sectores y dirigentes (entre estos, el actual presidente Yamandú Orsi) consideraron inconveniente la iniciativa. Sostener que la consulta popular ratificó la reforma es un argumento propagandístico de baja calidad. Por otra parte, la pretensión de definir la agenda y excluir temas es muy poco pertinente.

Desde la recuperación de la democracia, a veces ha sucedido que la oposición se quejara de que el Ejecutivo se negaba al diálogo sobre algunos asuntos. Lo que no tiene precedentes es que partidos opositores se atribuyan el derecho de veto sobre un temario propuesto desde Presidencia.

Devaluación republicana

El regocijo y el orgullo abundan en Uruguay cuando desde fuera del país se destacan los buenos modales de nuestro sistema partidario, que en estos tiempos de polarización encrespada son un patrimonio valioso y envidiado. La señal emitida en esta ocasión es muy distinta, e indica un acercamiento alarmante al clima bélico que sufren otros países.

Está claro que la intención del desaire fue simbólica, pero lo que simboliza le hace más daño al país que al gobierno. El actual oficialismo trata de lograr acuerdos amplios en esta materia y varias más, como Orsi prometió que haría durante la última campaña electoral. La oposición se está negando de antemano a intercambiar ideas y propuestas sobre temas de gran relevancia. No parece haber asumido que la ciudadanía decidió, en noviembre del año pasado, qué persona y qué programa prefería. Obstinarse en que no cambie lo que la voluntad popular quiso cambiar es una necedad dañina.